El exsecretario de Presidencia y fiscal de gobierno, Miguel Ángel Toma, ha sido una de las más poderosas figuras durante las tres administraciones frenteamplistas. Sus dictámenes fueron clave en una enorme cantidad de asuntos prioritarios para el Estado y en muchos casos envueltos de polémica. La revelación sobre sus viajes con una joven asesora contable desató una serie de investigaciones administrativas y penales con diversas consecuencias.
La recta final de la extensa e inusual campaña de las elecciones departamentales y municipales se vio sacudida por una investigación y un video que sacaron el foco de los temas de la basura, el transporte o el alumbrado público.
Era el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, captado ocasionalmente por una cadena internacional en una tribuna del estadio Olímpico de Roma durante una competición europea. Estaba vestido con toda la indumentaria del club y acompañado de la joven contadora Giuliana Pérez Muñiz. Los directores de cámara suelen apuntar allí donde están las mujeres más lindas para cortar la repetición de las mejores jugadas y esta vez no fue la excepción.
Cuesta creer que alguien encontró esas fugaces imágenes por casualidad haciendo zapping. La información precisa muy probablemente salió del restringido círculo de personas que sabían que Toma y su asesora contable efectivamente estaban ese jueves 12 de diciembre del 2019 en aquel estadio. Cabe señalar que la denuncia anónima recibida por la Jutep fue en noviembre de ese año, es decir, antes del episodio, aunque desde varios meses atrás ya constaba en muchos funcionarios de Senaclaft la sorpresa por los reiterados viajes de la recién egresada contadora a Washington y Roma.
Revelaciones y reacciones
Al igual que en las revelaciones sobre el uso de la tarjeta corporativa del exvicepresidente Raúl Sendic, que provocaron su renuncia, fueron los mismos periodistas, Guillermo Draper de Búsqueda y Patricia Madrid de radio Carve, los que divulgaron también en esta oportunidad la información sobre Miguel Ángel Toma. El exsecretario de Presidencia debe estar preguntándose lo mismo que Sendic. ¿Quién me bajó el pulgar? Por lo menos eso insinúa el periodista Federico Leicht que al intentar entrevistar recientemente a Toma fue inquirido por el actual fiscal de gobierno: «¿De dónde viene esto?».
Sin entrar ahora en especulaciones sobre el trasfondo político, lo cierto es que la divulgación periodística provocó indignación en la población como suele suceder en casos de presunta discrecionalidad en el manejo de recursos públicos. Esto llevó a una inmediata reacción del presidente Lacalle Pou que ordenó una investigación administrativa con plazo de 60 días contra Toma con el propósito de encontrar un motivo jurídico que justifique su destitución, aun cuando ya ha perdido la confianza personal del mandatario, pero el fiscal rehúsa renunciar. Este martes 29 Toma compareció por seis horas en la Torre Ejecutiva ante el instructor de la investigación, el subdirector de la ONSC Ariel Sánchez. Al salir evitó hacer declaraciones a la prensa que estaba apostada en la entrada del edificio.
El presidente derogó además un decreto de Tabaré Vázquez de mayo de 2019 que hacía obligatorio el dictamen del fiscal en recursos administrativos. No fue el único decreto del gobierno de Vázquez que aumentaba el poder de Toma. Según Leicht, el 23 de diciembre de ese año se promulgó un decreto que prorrogó la obligación de presentar recibos de gastos de misiones oficiales a enero de 2021. Lo que tampoco existe es el registro del polémico viaje del exsecretario a Roma en la pestaña de misiones oficiales de diciembre de 2019 en la web de Presidencia.
Por otra parte, la Jutep que había archivado el 9 de enero la investigación sobre los viajes de Toma, reabrió ahora con otra integración por unanimidad el caso y pedirá más información a Presidencia. De esta forma quedaron expuestos los anteriores integrantes Matilde Rodríguez y Daniel Borrelli, que tomaron una decisión muy cuestionada por falta de diligencia por el otro miembro de aquella junta, Ricardo Gil Iribarne, quien estaba de licencia por esa fecha.
En el caso de Borrelli la situación es más complicada teniendo en cuenta que había sido fiscal de gobierno durante la administración de José Mujica y junto a Toma habían elaborado los informes que llevaron al perdón de la millonaria deuda del empresario Paco Casal.
En tanto desde la Senaclaft, su titular Daniel Espinosa dijo a Búsqueda que «su oficina no colaboró en la investigación de un delito económico vinculado al Plan Cóndor y que la integración de Pérez Muñiz a la delegación fue por expresa decisión de la Presidencia, la cual le comunicaron luego de haberla tomado», según cita el columnista Raúl Ronzoni.
Denuncias y enigmas
El Tomagate no está solo en la órbita administrativa sino también penal, porque el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió las publicaciones de prensa al fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, que también está al frente de la investigación de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, aún sin resolverse. Si bien no se han especificado cuáles son esas publicaciones elegidas por el fiscal Díaz, cabría preguntarse si se trata solo del asunto de los viajes o también de otros trascendidos que tomaron estado público.
Es que el pasado viernes en el informativo de Telemundo se conoció que una auditoría en la Corporación Nacional para el Desarrollo «permitió conocer una serie de contratos llamativos» y la participación de Toma como abogado asesor de la Corporación y de la Agencia Nacional para el Desarrollo, siendo fiscal de gobierno, contraviniendo prácticas habituales de esos organismos que evitan contratar funcionarios públicos. Desde Telemundo se informó que procuraron comunicarse con Toma «pero la llamada se cortó y luego no pudimos comunicarnos con él».
La reticencia de Toma a las entrevistas ha sido referida en varios artículos. La más fuerte sin dudas fue la relatada por el periodista Andrés Danza del semanario Búsqueda quien señaló que ante consultas de sus colegas en el marco de distintas denuncias «Toma contestó con un mensaje muy agresivo y amenazante, casi mafioso, y nunca más habló con Búsqueda«.
También hay que señalar que el diputado Eduardo Lust presentó en julio de este año una denuncia penal contra la plana mayor del Ejecutivo de la anterior administración, incluido el exsecretario Miguel Ángel Toma, por la firma del contrato ROU-UPM2. El fiscal Enrique Rodríguez transmitió al parlamentario que si hay mérito podría citar a Toma, Roballo y García, considerados por Lust como «los principales protagonistas» de la negociación.
La incidencia de Toma llegó incluso hasta controvertidas decisiones en el ámbito de Ursec. En marzo de 2009 comenzó una investigación administrativa del Grupo Medios y Sociedad (GMS) integrada entre otros por Edison Lanza, Walter Sena y Gustavo Gómez, entendiendo que las transferencias del grupo Sofía (Del Plata) y el grupo Sarandí iban contra la ley al superarse el límite de radios en la misma banda y de existir propietarios extranjeros. El legislador Javier García en su momento elevó un pedido de informes al Ministerio de Industria por este tema. Sin embargo, en octubre de 2012 el fiscal de gobierno Toma archivó el expediente y el ministro Ernesto Kreimerman como su interino Edgardo Ortuño, contra la opinión de sus asesores jurídicos y abogados, se respaldaron en ese dictamen. GMS interpuso recursos de revocación y jerárquico, pero no tuvieron éxito.
Si acaso faltaba algo, apareció en plena campaña presidencial la cuestión de las actas del tribunal de honor de Gavazzo, homologado por Vázquez en marzo de 2019. Las versiones contradictorias del expresidente, que primero dijo al periodista Gabriel Pereyra haberse enterado por la prensa de las declaraciones de Gavazzo y luego al fiscal Morosoli que sí estaba en conocimiento de las confesiones, hubieran sido suficiente para dejar como indagados a Vázquez y Toma, aunque el fiscal optó ir solamente contra el ex comandante del Ejército y entonces candidato presidencial Guido Manini. Un tema que se ha estirado hasta ahora, aun cuando un Tribunal de Apelaciones archivó en agosto el caso Gomensoro por no haber hechos nuevos y es inminente el naufragio del pedido de desafuero a Manini en el Parlamento por falta de mérito.
Muchas preguntas han dejado planteadas tanto el periodista Federico Leicht en el programa radial Bajo La Lupa y el director de El País, Martín Aguirre, en su editorial «El enigma de Miguel Toma». El 11 de abril de 2019 los periodistas Draper y Pittaluga de Búsqueda publicaron una controversial semblanza titulada «Toma, el poder silencioso del gobierno que no reniega del lujo», a la cual no puede accederse actualmente por la web, no obstante fue replicada y comentada por otros medios como Uypress. En ese momento se le señaló como el verdadero número 2 del gobierno de Vázquez, aunque ahora Danza en su editorial «Un Rasputín uruguayo» va más allá y dice: «El problema no es solo Toma, él es un representante de toda una estructura paralela muy poderosa. Podrá caer, pero se necesita mucho más para erradicar a los Rasputines uruguayos de turno».
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