El Partido Colorado mantiene diferencias respecto al proyecto de ley unificado de blancos y cabildantes sobre corresponsabilidad de la crianza. En tanto, el Frente Amplio entiende que hay diferencias sustanciales con el oficialismo en las iniciativas sobre muerte fetal. Distinto sucedió con el proyecto de Ley Federica que fue aprobado en ambas cámaras por unanimidad.
Recientemente un proyecto de Ley sobre Corresponsabilidad en la crianza impulsado a instancias de las senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi y el senador Sergio Abreu, fue unificado con el de Tenencia compartida responsable, presentado por los senadores cabildantes Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos. Ya en 2016 el entonces senador Luis Lacalle Pou promovió una iniciativa similar que finalmente no prosperó.
La nueva redacción –basada en que la tenencia compartida otorga los mismos derechos al padre y a la madre para la crianza de sus hijos–, atendió las observaciones realizadas por Unicef sobre la opinión del menor y algunas sugerencias de la directora de Inmujeres, Mónica Botero.
Además, en el texto se contempló la propuesta contenida en el proyecto de Cabildo Abierto de crear una figura de defensor del niño en todas las etapas del proceso y mantuvo las potestades del juez en referencia a medidas cautelares frente a denuncias de violencia.
No obstante, los esfuerzos de estas dos bancadas –en post de lograr las mayorías necesarias– por ahora resultaron en vano, dado que los senadores colorados tampoco le dieron el visto bueno al nuevo proyecto.
Al no contar con el apoyo de los senadores del Frente Amplio, la iniciativa precisaba de los votos afirmativos de dos de los cuatro senadores colorados y particularmente el de Pablo Lanz, del sector Ciudadanos, para que la misma se apruebe en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores.
Diputadas coloradas alertan sobre «cambios regresivos»
Entre las principales críticas surgidas de esta agrupación colorada –impulsada por Ernesto Talvi y ahora liderada por el ministro de Ambiente, Adrián Peña–, la senadora Carmen Sanguinetti había señalado que no les parecía que la tenencia debía ser compartida por una resolución y que esa fuese la mejor solución para el niño.
A su vez, el 19 de julio, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración en la que consideraron esencial que se trate prioritariamente de preservar a los hijos y no derivar a una disputa entre hombres y mujeres, según el principio de coparticipación en la crianza de los menores y adolescentes, en la que el Estado debe contribuir al acuerdo entre los padres y como excepción disponer sobre el particular. Sin embargo, también reconocieron su preocupación debido a que “en la aplicación judicial de las normas existe hoy insuficiencias que generan situaciones injustas”.
Por su parte, las prosecretarias de Género a nivel nacional y departamental del Partido Colorado, Desirée Pagliarini y Eliana Testa, presentaron un informe en el que criticaron lo propuesto por blancos y cabildantes. El mismo sostenía que implicaría “cambios regresivos” y sugería la opinión de juristas del partido dedicados al Derecho de Familia y también “recoger los reclamos de aquellos colectivos que sienten una gran falencia sobre las resoluciones de las tenencias judiciales, pero sin desconocer lo que ya establece nuestro Código de Niñez y Adolescencia (CNA) y los instrumentos internacionales”, que priorizan en todo momento el “interés superior del niño”.
Además, sostuvieron que no hace falta proponer una modificación al artículo 34 del CNA para que se incluya un apartado sobre el principio de corresponsabilidad, dado que el CNA “ya utiliza este principio en todo su cuerpo normativo”, aseguraron.
Carencias del sistema judicial
Tanto estas declaraciones públicas como las observaciones de los abogados especializados sirvieron de insumos para que los legisladores colorados elaboraran un proyecto alternativo –al de blancos y cabildantes– enfocado en abordar las “carencias que tiene el sistema judicial” respecto algunas circunstancias particulares que se dan (como cuando se comprueba que es falsa la denuncia de violencia) y que se ponga más énfasis en la protección de los derechos de los niños ante estas situaciones complejas.
En la reunión del martes 2, la bancada de Ciudadanos resolvió presentar en los próximos días un escrito “unificado” con más de un documento sobre el tema, y entregárselo a la senadora nacionalista Carmen Asiaín, quien ha oficiado como articuladora principal de la coalición de Gobierno en esta iniciativa parlamentaria.
Uno de los aspectos más discutidos tiene que ver con la posibilidad de que las visitas no se interrumpan por las medidas cautelares impuestas por la Justicia, ante denuncias presentadas por violencia doméstica o de género.
No obstante, en filas coloradas concuerdan en que es necesario corregir aspectos del sistema judicial que, a veces, generan largas demoras que afectan a padres o madres que quieren ver a sus hijos, pero por denuncias falsas pueden quedar apartados de los niños por largos períodos.
Frente Amplio no ve forma de conciliar proyectos sobre muerte fetal
Por otra parte, las senadoras Asiaín (PN) y Sanguinetti (PC) presentaron en junio un proyecto de ley que habilita a enterrar o cremar a los “hijos nacidos sin vida” en cualquier momento de gestación, ya que “no hay relación entre la intensidad del dolor y cuán avanzado va el embarazo”, argumentó Sanguinetti.
Actualmente, solo se permite esta situación a partir de las 20 semanas de gestación o los 500 gramos de peso del feto, tal como lo estipula la vigente Ley de Mortinato, que es reivindicada por quienes presentaron, un mes después, otro proyecto de ley relativo al fallecimiento perinatal.
Por otro lado, ingresado por la bancada de senadores del Frente Amplio a la Comisión Población, Desarrollo e Inclusión (donde también se encuentra el proyecto “Nacidos sin vida” de Asiaín y Sanguinetti), el proyecto elaborado por la organización social Luz del Cielo Uruguay, denominado “En tu nombre”, se basa en el reconocimiento social, simbólico de las personas gestantes. En una entrevista brindada a Caras y Caretas, Ana Clara Sánchez y María Elena Berón, dos de las responsables en redactar la iniciativa parlamentaria, se diferenciaron del proyecto de las legisladoras de la coalición, porque entienden que “ir por menos semanas es vulnerar derechos adquiridos” y volver a discusiones en las que el país ya tuvo consensos.
Si bien algunos senadores oficialistas, como el cabildante Raúl Lozano y la propia Sanguinetti sugirieron unificar ambos proyectos ya que trataban la misma problemática, desde la organización hicieron hincapié en que “son dos proyectos muy distintos” y que “no hay forma de conciliar” dos propuestas con objetos tan diferentes. Entienden que el proyecto “Nacidos sin vida” revictimiza a la madre al pretender legislar las muertes tempranas, y sobre el derecho de los padres para inhumar restos de una Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por lo que sostienen que detrás de este proyecto de las senadoras –Asiaín y Sanguinetti– hay una “legislación moral” sobre lo que la mujer debe hacer cuando realiza un aborto.
Parlamento aprobó por unanimidad la “Ley Federica”
Esta semana la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada colorada María Eugenia Roselló que amplía los derechos de los padres de niños prematuros o partos complicados. El proyecto que había sido aprobado en Diputados la pasada semana fue inspirado en el caso del nacimiento de trillizas, en la que una de ellas pesó 580 gramos y recién fue dada de alta después de cinco meses de estar internada en CTI.
Esta iniciativa extiende la licencia maternal de las mujeres que experimentan un parto múltiple –en cualquier etapa gestacional–, que su hijo nazca prematuro (hasta la semana 33 de gestación) o que el bebé pese menos de 1,5 kilos.
La ley modifique que, para estos casos, el subsidio sea de 18 semanas en vez de 14 y que la licencia paternal de 10 días también se amplíe a 30 días corridos. A su vez, contempla la posibilidad de que el subsidio por maternidad se extienda hasta que el recién nacido cumpla seis meses si la situación se torna más compleja.
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