Durante su comparecencia ante la comisión de Salud del Senado, el ministro Daniel Salinas se apoyó fundamentalmente en un informe técnico realizado por asesoras del MEF y del MSP, que proponía la intervención como posible solución. Además, los legisladores indagaron sobre el rol de la Junasa.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, concurrió la semana pasada a la comisión de Salud del Senado para informar sobre la situación de la mutualista Casa de Galicia, institución recientemente intervenida por decreto del Poder Ejecutivo.
La delegación participante se completó con el subsecretario del MSP, José Luis Satdjian junto a otros jerarcas de esa cartera, el director general del Sistema Nacional de Salud, Alberto Yagoda y también Fernando Blanco del Ministerio de Economía y Finanzas.
Cabe mencionar que a la comisión habían asistido en la sesión anterior los dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud, de AFUNCAG (funcionarios de la institución) y del presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias. En dicha instancia el senador Guido Manini Ríos transmitió que el ministro Salinas solicitó ser recibido por la comisión para dar su posición al respecto.
Durante su intervención, Salinas se basó principalmente en un informe realizado por la contadora Giselle Jorcin y la economista Leticia Zumar, de los equipos económicos del MSP y del MEF respectivamente.
«Se señala que dada la urgencia económica y financiera que transita Casa de Galicia, así como los antecedentes descritos en el documento, se informa que de acuerdo a la normativa existente es posible llevar adelante la intervención de la institución. El marco legal que respalda esta decisión es el artículo 280 de la Ley n.º 15903 y su decreto reglamentario, el Decreto n.º 139/004», indicó Salinas.
Las estimaciones
En la descripción de los hechos, siguiendo el hilo del informe técnico, se comenzó subrayando que el pasado 24 de junio, Casa de Galicia solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas acceder al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.
El pedido era de un respaldo por US$ 12 millones, cuando hacía menos de dos años había solicitado otro por US$ 20 millones. Este tipo de garantías permiten a las instituciones pedir préstamos; si no lo pagan es el Estado a través de este mecanismo el que se termina haciendo cargo.
Seis días después de la solicitud, el 30 de junio, la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía junto al área de Economía de la Salud del MSP, analizaron lo solicitado. Se señaló entonces que Casa de Galicia ya había accedido a esta garantía en dos oportunidades y que al 31 de mayo tenía un saldo de deuda del 77,6 % del total garantizado. Por lo tanto, la situación era que estaba utilizando casi la totalidad de las garantías para solicitar préstamos.
A esto se agregó que, en el último pedido, el de los US$ 12 millones, informó que tenía un préstamo conseguido por ese monto, a una tasa de 7% anual en Unidades Indexadas, el doble de lo que están pagando otras instituciones. Además, cuando efectuó el pedido de garantías en 2019, las autoridades de Casa de Galicia presentaron un plan de reestructurar, que no se cumplió.
El nuevo pedido se basaba en que sus ingresos aumentarían por un incremento de su padrón de afiliados, una alta venta de servicios a ASSE, así como ingresos de la Clínica Leborgne, la cual había comprado años atrás. Otro detalle era que dentro de la solicitud se mencionaban inversiones a realizar con estos nuevos fondos, pero muchas ya estaban ejecutadas. Entre ellas se destaca un revestimiento exterior para su sede central con un costo de US$ 825.000.
De acuerdo al informe económico citado por Salinas, un nuevo préstamo «implicaría la obtención de nuevas cesiones Fonasa y esto debería ser estudiado cuidadosamente debido a que Casa de Galicia tiene un porcentaje muy elevado ya comprometido».
«Las estimaciones realizadas sobre las cesiones que Casa de Galicia debería comprometer ante una eventual adquisición de un préstamo bancario con garantía del Fondo de Garantía IAMC llevan a concluir que podría no ser posible utilizar este instrumento, debido al alto porcentaje de cesiones que la institución tiene entre los años 2021 y 2022», advierten.
Buscando una solución
En cuanto a las alternativas presentadas por los asesores técnicos del MEF y el MSP, Salinas mencionó que «las autoridades actuales son las mismas que defendieron y, a su vez, incumplieron el plan de reestructura». «Asimismo, en la actualidad presentan otro plan de reestructura que muestra inconsistencias, las cuales deberían ser analizadas minuciosamente. Se requiere un estudio más profundo de la situación actual para evaluar una posible salida que le permita ser sustentable y sostenible en el tiempo. Esto tomará –y es un aspecto importante– algunos meses de análisis», agregó.
El ministro aludió también a una auditoría Ecovis. «Hay fundamentos de las economistas de ambos ministerios más algún agregado de la propia Dirección General del Seguro del Sistema Nacional de Salud más la propia auditoría externa Ecovis».
Salinas citó además pronunciamientos sobre la situación por parte del ex director general del SNS, Luis González Machado, y del actual Alberto Yagoda que manifestó compartir criterios y recomendaciones expuestos.
Respecto a la intervención con desplazamiento, el ministro dijo que «el objetivo es tratar de preservar a la institución, en primer lugar; asegurar la continuidad asistencial a los asociados en todos sus términos, frente a la propia declaración de grave situación económica-financiera, y proteger las fuentes laborales en todo lo posible».
La Junasa, los veedores y el Fondo de Garantía
La sesión de la comisión de Salud del Senado tuvo una parte reservada y se votó por unanimidad de los integrantes suspender la versión taquigráfica, para poder responder algunas consultas vinculadas a aspectos relevantes a tener en cuenta sobre la situación de Casa de Galicia.
Una vez retomada la versión, Yagoda hizo referencia a algunas consultas de los legisladores sobre el papel de la Junta Nacional de Salud (JUNASA). «La solicitud de informe de los veedores nació a iniciativa, como un asesoramiento, de la Junasa al ministro y así salió la resolución. Los veedores iban a informar al ministro o al ministerio, de la situación que detectaran de cada empresa», explicó.
Por su parte, el contador Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del MEF e integrante de la JUNASA, aclaró que «respecto a la pregunta sobre los veedores y las discusiones que hubo, debo decir que se refirieron no solo al alcance que debía tener el trabajo, sino también al nombre que se le debía poner. Al final quedaron como veedores porque era lo que la normativa jurídica permitía». «Esa discusión se dio en el seno de la Junasa, en varias sesiones», añadió.
La ley 18.211 de 2007 establece que la JUNASA es un organismo desconcentrado, dependiente del Ministerio de Salud Pública, responsable de administrar el Seguro Nacional de Salud y velar por la observancia de los principios rectores y los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Está integrado por siete miembros: dos del MSP, uno del MEF, uno de BPS, uno por prestadores del servicio, uno por trabajadores y uno por usuarios.
En tanto, el Fondo de Garantía para la reestructuración de pasivos de las IAMC fue creado por ley en 2008 generando mecanismos para superar situaciones de endeudamiento masivo de aquellas. El Fondo es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas y se integra por recursos públicos, provenientes de Rentas Generales.
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