Se votó ayer en el Senado la minuta de comunicación al Poder Ejecutivo por el cual se solicita “se consagre la indemnización moral, social y económica a las víctimas civiles, policiales, militares y a sus familiares como consecuencia de los hechos y actos acaecidos entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, cometidos por integrantes de grupos armados de carácter ideológico”.
La minuta de comunicación es para que Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley, ya que es privativo de este todo lo referente al gasto, y en este caso se habla de reparación económica.
En ese proyecto que enviará el gobierno se va a determinar quiénes serán las personas alcanzadas por los beneficios. El envío de la minuta de comunicación se aprobó con los votos de la coalición (17 en sala) no acompañando el Frente Amplio.
El proponente de esta minuta fue el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien recordó durante su exposición que “Hispanoamérica fue en esas décadas del 60 y el 70 el campo de batalla de intereses ajenos a nuestros países. Pocas veces se dice esto, pero es una verdad. En que en aquellos años la Guerra Fría y los intereses de la Unión Soviética y de los Estados Unidos llevaron a una confrontación en el seno de nuestras patrias americanas de las que quedan heridas que no han sanado”.
El legislador aclaró que su iniciativa no tenía un propósito partidario, “sino que, como tantas veces, al impulsar esta minuta a nosotros hemos hecho el esfuerzo por restañar heridas del pasado que nos permitan superar diferencias que muchas veces están de forma implícita o explícita en la contienda política”.
Para Domenech la confrontación del pasado se ha superado, pero existe un poder hegemónico que desea un globalismo que ha influido en la derecha y la izquierda. “Esto hasta el extremo que vemos una figura, que pensábamos desde una óptica política distinta a la nuestra iba también a defender verdaderamente los intereses nacionales, recomendado un gobierno planetario”, en referencia a declaraciones del expresidente José Mujica.
Explicó que durante muchísimos años un grupo de ciudadanos víctimas, muchas veces absolutamente inocentes de esa conflagración a la que hacía mención, “sufrieron perjuicios irreparables”. No solo lesiones o secuestros, sino también la vida.
“Durante 50 o 60 años el país ha ignorado el sacrificio inocente de estas personas, quizás porque ellos no le han servido de bandera a ningún partido político, porque tenemos que reconocer que no hay militantes de los partidos políticos entre ellos”, acotó.
“Cuando redacté la minuta, lo hice con la intención de obtener la aprobación de todo el Senado, de toda la Comisión de Constitución, porque entiendo que no puede haber dos opiniones sobre este tema”, dijo Domenech.
Trajo a colación palabras de Líber Seregni (fundador del Frente Amplio), quien reconocía la violación de los derechos humanos de todas las partes en los años 60 y 70 y llamaba a la reflexión.
“La violencia no es solo la que realizan los otros contra mí, es la que podemos realizar nosotros con respecto a los demás”, decía Seregni.
También está la propuesta de Tabaré Vázquez que, siendo presidente, remitió un proyecto el 26 de marzo de 2007. En el mismo se buscaba una reparación para “los familiares de aquellas personas civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas y del Instituto policial que perdieron su vida en ocasión a consecuencia del enfrentamiento armado que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976 tanto en el territorio nacional como fuera de él”. Ese texto señala que en el caso de los civiles “es evidente que fallecieron en circunstancias totalmente injustas y sin tener ninguna participación directa en los hechos, encontrando la muerte solamente por haber estado ocupando un lugar de trabajo en locales comercios e instituciones sociales o deportivas o por el solo hecho de haber transitado circunstancialmente por lugares donde se había desatado la violencia”.
Tras leer este proyecto (que nunca fue tratado ni aprobado) Domenech dijo: “Entiendo que estas palabras que pronunció Tabaré Vázquez y los ministros firmantes no nos relevan de mayores comentarios y ponen en evidencia la justicia de una reparación histórica, política y económica a las víctimas de esa violencia”.
La senadora del Partido Nacional, Carmen Asían, destacó que la reparación moral que se solicita “no implica ningún desembolso y es particularmente importante”. “Si miramos en los regímenes transicionales y la justicia restaurativa de otros países, como en Sudáfrica hubo una reparación moral, más allá de lo económico a las víctimas”, señaló.
Asían recordó varias iniciativas presentadas en el pasado que no tuvieron andamiento, como fue en 2011, 2013 y 2017. Indicó que la minuta señala que la reparación “es de incuestionable justicia”. “Pretendemos honrar el principio de igualdad”, sostuvo.
Dentro de los oradores colorados, Pablo Lanz dijo que es un tiempo de reparación. “La bancada del Partido Colorado votamos convencidos de que es un paso más hacia el encuentro de ese estado del alma que tenemos que encontrar todos los ciudadanos”, dijo.
También manifestaron su respaldo al proyecto senadores del Partido Nacional.
La senadora Liliam Kechichian habló en nombre del Frente Amplio y dijo que no acompañarían la iniciativa. Si bien compartían “la reparación a víctimas inocentes de un momento del Uruguay que obviamente creo que todos los que estamos aquí no queremos volver, estábamos convencidos de que el principal lugar, el ámbito natural para profundizar, para analizar un tema de este tipo, era el Parlamento y era la Comisión de Constitución”, dijo.
Hizo referencia a un proyecto de ley (presentado por Cabildo Abierto hace dos años) que dijo “nosotros estábamos dispuestos a analizarlo”.
Posteriormente, sostuvo que “ha habido víctimas inocentes y estamos convencidos de que hay que repararlas. Pero para restañar las heridas del pasado, para cerrar esa dolorosa etapa, seguimos creyendo que sigue faltando verdad y justicia y que sigue faltando un compromiso mucho más fuerte con el nunca más”.
Asociación Todos por la Verdad quieren participar de la discusión
Diego Burgueño, de la Asociación Todos por la Verdad, dijo que cuando se discuta en comisión parlamentaria el proyecto para la reparación de las víctimas de la sedición, esperan realizar su aporte. Se estima que son más de 150 las personas afectadas de forma directa o indirecta, mientras que los registrados por esta asociación llegan a 80.
Burgueño recordó en diálogo con La Mañana que “nunca, nunca jamás, reclamamos nada y tampoco dinero y sí una reparación histórica sobre los hechos sucedidos”. Manifestó estar muy conformes con las apreciaciones realizadas por los legisladores de la coalición cuando se trató el tema.
Burgueño dijo: “Las víctimas no son solo las que murieron sino también las que sufrieron atentados y quedaron con problemas de salud. Otros quedaron con discapacidad y estamos tratando de hacer un trabajo muy complicado, que es saber cuántas de esas personas quedaron con secuelas graves o murieron a consecuencia de esas”.
“Somos un grupo de ciudadanos que no tenemos apoyo del Estado, ni siquiera de la institución de Derechos Humanos. Entonces se hace muy cuesta arriba, además con una Fiscalía que nos cierran las puertas”, manifestó.
“Nosotros lo que reclamamos es fundamentalmente el reconocimiento, el respeto y que se incorpore en la historia oficial del Uruguay también todas las atrocidades que se cometieron durante aquellos años”, dijo Burgeño.
Por otra parte, se estima que las reparaciones que paga el Estado por las leyes de reparación a las denominadas “victimas del Estado” llegan a cientos de personas.
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