La Cámara de Diputados se prepara para discutir el Presupuesto en medio de la controversia sobre los fondos asignados a la Justicia y al Ministerio del Interior. Estas constituyen las dos “patas” de la seguridad en Uruguay. Sin embargo, el dato más relevante es que el país está entre los que más gastan en América Latina en seguridad y justicia, aunque los resultados son muy escasos.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gasto en seguridad en Uruguay alcanza el 12% del presupuesto total y representa cerca del 2% del PIB, la cifra más alta de la región. En Argentina, todo lo referido a seguridad representa el 12% del presupuesto, pero solo el 1,5% del PIB. En Brasil, la situación es más dramática: el 8% del presupuesto equivale al 1,2% del PIB. Chile, por su parte, destina el 7% de su presupuesto gubernamental, lo que significa el 1% del PIB, una de las cifras más bajas de la región, pero con resultados significativos. El promedio de América Latina se ubica en el 5,4% del presupuesto de los gobiernos y el 1% del PIB.
En cuanto a los países desarrollados, las comparaciones no son del todo efectivas debido a la diferencia en el PIB. Por ejemplo, Estados Unidos destina el 0,7% de su PIB a seguridad (incluida la justicia), mientras que los países de la OCDE promedian un 3,3% del presupuesto (0,6% del PIB).
La situación de la Justicia
El presupuesto del Poder Judicial en Uruguay (aproximadamente el 1,09% del gasto total del gobierno central en 2023, equivalente al 0,32% del PIB en 2025) es útil para compararlo con otros países de América Latina y miembros de la OCDE. Los datos sobre presupuestos judiciales son limitados y varían según la metodología (porcentaje del gasto gubernamental total o del PIB), pero muestran que Uruguay destina una porción moderada en la región, aunque considerada insuficiente por la Suprema Corte de Justicia para enfrentar las demandas crecientes, como la creación de juzgados especializados. En América Latina, los porcentajes destinados al Poder Judicial oscilan entre el 0,5% y el 3% del gasto total. En la OCDE, los promedios rondan el 0,5-1% del gasto total, pero con mayor eficiencia por PIB. Uruguay está en un rango bajo-medio (similar a Chile y México) en gasto judicial, pero por debajo de países con mandatos constitucionales, como Paraguay.
Para este Presupuesto quinquenal, la asignación es del 1% del total, comparable a los montos asignados por países desarrollados, con la diferencia de que Uruguay no lo es. El Poder Judicial solicitó un refuerzo de unos 44 millones de dólares para el primer año, pero el proyecto de ley contempla solo el 6,5% de ese monto, es decir, unos 3 millones de dólares. En su presentación ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, la Suprema Corte de Justicia afirmó que el presupuesto actual, que representa apenas el 0,32% del PIB, es insuficiente para responder a las crecientes demandas.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, sostuvo en su comparecencia que “la gente ve la educación, ve la salud, pero no ve la Justicia. Y la Justicia marcha y atraviesa todo el sistema”. Esta situación de falta de presupuesto se da en un contexto donde, por ejemplo, existe una “sangría” de funcionarios en pases en comisión. Esos sueldos (unos 63 millones de pesos por año) son pagados por el Poder Judicial. En el Poder Legislativo hay 15 funcionarios judiciales trabajando principalmente con diputados y senadores, y en la Presidencia hay otros siete. Además, existen problemas para cubrir vacantes debido a los bajos salarios. Por ejemplo, hay 16 cargos de psiquiatras vacantes (10 en Montevideo y 6 en el interior). El sueldo ofrecido es de $142.546 brutos ($98.702 líquidos), mientras que el promedio nacional para esta especialidad es de $200.000, pudiendo llegar a $400.000. En ASSE, los psiquiatras ganan entre $150.000 y $250.000, y en mutualistas hasta $400.000. Para la Justicia es imposible competir con esos valores.
El Poder Judicial también solicitó la creación de 24 juzgados especializados en violencia basada en género (6 en Montevideo y 18 en el interior), junto con nuevos magistrados y el fortalecimiento de la defensa pública (defensores de oficio), con la incorporación de 116 cargos entre titulares y suplentes. Sin embargo, de los 24 juzgados de género solicitados, la ley prevé la creación de solo dos.
Pocos recursos para Fiscalía
Dentro del sistema de Justicia está la Fiscalía, un servicio descentralizado que no forma parte de los tres poderes del Estado. Sus principales funciones son dirigir la investigación de delitos, lograr la condena de los imputados cuando corresponda y proteger a víctimas y testigos. La Fiscalía solicitó un aumento de 17 millones de dólares para el próximo año, pero el proyecto del Ejecutivo solo le asignó un millón de dólares adicionales.
Dentro del gasto gubernamental, Uruguay destina uno de los montos más bajos a la Fiscalía en comparación con otros países: apenas el 0,15%, mientras que en Argentina es el 0,3%, en Brasil el 0,25% y en Chile el 0,18%. En términos de PIB, la Fiscalía absorbe el 0,05%, similar a México, pero por debajo de Brasil (0,08%) y Chile (0,06%). El promedio de América Latina es del 0,07%. Los valores destinados a la Fiscalía en Uruguay, tanto en porcentaje presupuestal como del PIB, son similares a los de los países de la OCDE.
El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, señaló frente al mensaje presupuestal del Ejecutivo que “hay una despreocupación por la Fiscalía, que es la encargada de la persecución penal”. El proyecto del Ejecutivo plantea la creación de una Escuela de Fiscales, una fiscalía para cibercrimen y solo seis cargos para la Fiscalía de Ciudad del Plata, además de una fiscalía para violencia doméstica y basada en género en Montevideo, pero a partir de 2027. En la solicitud presupuestal de la Fiscalía quedaron pendientes dos fiscalías especializadas en estafas, entre otras demandas.
Menos policías de los prometidos
El Ministerio del Interior tendrá un presupuesto reforzado, pero lejos de las promesas de campaña. Por ejemplo, se crean 500 cargos de agente (personal policial) y 500 de operador penitenciario. El mensaje del Poder Ejecutivo también prevé el llenado de unas 1000 vacantes y la creación de nuevos cargos, financiados principalmente mediante la transformación o supresión de cargos existentes.
En campaña electoral, el actual presidente Yamandú Orsi declaró el 21 de octubre de 2024 a Telenoche (Canal 4) que “planteamos 2000 efectivos más en la policía, porque están faltando”. Otras medidas en el presupuesto incluyen la compra de más tobilleras electrónicas y el incremento de cámaras de videovigilancia.
En Uruguay, el gasto en seguridad es relativamente alto comparado con la región (12% del Presupuesto y 2% del PIB), y su eficiencia es superior al promedio de América Latina y el Caribe, según informes internacionales. Sin embargo, la tasa de homicidios (11,2 por 100.000 habitantes en 2024), que duplica el promedio mundial (5,3) y ha crecido un 37% desde 2012, persiste pese a que la población carcelaria se ha más que triplicado (de 5.000 a 16.000 reclusos). En comparación, la tasa de homicidios es de 4,5 por 100.000 habitantes en Chile, 21,9 en Brasil y 28,2 en México. Costa Rica, un país con características similares a Uruguay, tiene una tasa de 11.
Por otra parte, Uruguay registra la mayor tasa de encarcelamiento en Sudamérica y ocupa el puesto 12 a nivel global. Además, la reincidencia carcelaria alcanza el 70%: siete de cada diez personas que recuperan la libertad vuelven a la cárcel en un promedio de tres años.
