El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, cuya crisis financiera amenaza con dejarla sin fondos a partir de agosto. La iniciativa, que combina aumento de aportes, gravámenes a jubilados y un aporte estatal, busca garantizar la sostenibilidad de la institución por al menos dos décadas, pero ha desatado críticas entre profesionales y jubilados.
Con ingresos mensuales de US$ 37,9 millones y egresos de US$ 42 millones, la Caja de Profesionales enfrenta un déficit estructural que agota sus reservas a pasos agigantados. El presidente Yamandú Orsi calificó la situación como una “emergencia” y destacó que el proyecto es la respuesta a un problema que no admite demoras. “Sin esta reforma, la Caja colapsará en meses”, advirtió el mandatario.
Las claves de la reforma
El proyecto, enviado al Parlamento antes de la Semana de Turismo, propone medidas drásticas para equilibrar las finanzas de la Caja. La tasa de contribución de los profesionales activos subirá del 18,5% al 22,5% sobre los sueldos fictos, igualándose a la del BPS para unipersonales. Además, se crea una nueva escala de 15 categorías, con fictos que van desde $ 34.660 hasta $ 153.798.
Se introduce una “prestación pecuniaria” que grava las jubilaciones según su monto, eximiendo a las menores a $ 33.960. Esta medida generaría entre US$ 40 y 45 millones anuales.
El Estado inyectará $ 110 millones mensuales en 2025 desde Rentas Generales, y desde 2026 aportará dos tercios del promedio recaudado por el gravamen a pasivos, ajustado por inflación. Los timbres profesionales se ajustarán por el Índice Medio de Salarios y el directorio de la Caja se reducirá de siete a cinco miembros, con mayor representación del Ejecutivo.
El proyecto de ley presentado días atrás por el Poder Ejecutivo retoma la base del proyecto propuesto durante el gobierno anterior, pero introduce medidas más severas que han generado preocupación entre los profesionales. El arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti es director en representación de los afiliados activos en la Caja de Profesionales e integrante de la Asociación Civil El Orden Profesional. En diálogo con La Mañana, dijo que esta iniciativa no solo repite los errores del pasado, sino que los agrava, afectando tanto a los profesionales activos como a los jubilados. El proyecto anterior fue rechazado por el Frente Amplio y los argumentos esgrimidos en ese momento, señaló nuestro entrevistado, “son igualmente válidos para cuestionar la nueva propuesta”.
Entre los puntos más controvertidos está el aumento de los aportes de los profesionales activos, que llegarían a un 22,5% del sueldo ficto. Este incremento, sumado a los ajustes del 2% aplicados en 2023 y 2024, representa un 12% en términos reales. Además, se introduce una prestación de carácter pecuniario, que asciende al 9% en promedio, sumándose al 8% del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y al aporte al Fondo Nacional de Salud. Esta combinación de medidas, según Rodríguez Sanguinetti, constituye una doble tributación que obliga a los jubilados a financiar tanto el Banco de Previsión Social (BPS) como sus propias jubilaciones, reduciendo significativamente sus ingresos.
Impacto en los afiliados
Rodríguez Sanguinetti destacó que el proyecto no solo incrementa la carga financiera sobre los profesionales, sino que también desincentiva la permanencia en el sistema. Desde los aumentos previos, muchos afiliados han optado por bajar de categoría, principalmente a la categoría 2, declarar no ejercicio o jubilarse anticipadamente con el mínimo requerido. Estas decisiones han tenido un impacto directo en los ingresos de la Caja, ya que menos profesionales aportan en categorías altas, mientras que el aumento de jubilaciones presiona aún más las finanzas de la institución.
A esto, acotó que los números muestran una disminución constante en los aportes, porque los profesionales buscan estrategias para mitigar la carga económica. “Es un incentivo al revés”, explicó, refiriéndose a cómo los aumentos de aportes generan una reacción contraria a la esperada, con más bajas de categoría y menos ingresos para la Caja. Este fenómeno, que se intensificó tras los ajustes de 2023 y 2024, “se multiplicaría con la aprobación del nuevo proyecto, llevando a la institución a un riesgo de colapso financiero”.
Otro aspecto crítico es la modificación en las condiciones de jubilación. Actualmente, las jubilaciones se calculan con base en el promedio salarial de los últimos tres años de aportes. El proyecto propone extender este período gradualmente a 6, 9, 15 y finalmente 20 años. Esta medida, según Rodríguez Sanguinetti, reduce drásticamente el monto de las jubilaciones, afectando especialmente a quienes han planificado su retiro bajo las reglas actuales.
Un elemento que cuestionó el director en representación de los afiliados activos es la supuesta flexibilidad en las categorías de aporte. El proyecto propone una nueva escala (se pasa de 10 a 15) que, “en teoría”, permitiría a los profesionales aportar menos. Sin embargo, explicó, esto ya es posible bajo el sistema actual, por el cual los afiliados pueden bajar hasta la categoría 2. La diferencia radica en que esta reducción implica aceptar una jubilación menor en el futuro, lo que no representa una solución real, sino “una ficción”. En la práctica, señala, los profesionales terminan aportando más, salvo que renuncien voluntariamente a mejores beneficios previsionales, una opción que pocos consideran viable en un contexto de incertidumbre económica.
“¿Cuál es el objetivo?”, se preguntó Rodríguez Sanguinetti, señalando que las medidas propuestas no abordan las causas estructurales del déficit de la Caja, sino que agravan la situación al imponer mayores cargas sin incentivar la permanencia de los afiliados.
Alternativas propuestas
Frente a este panorama, Rodríguez Sanguinetti y la Asociación Civil El Orden Profesional han presentado alternativas. Una de las propuestas es la incorporación de profesionales dependientes a la Caja, quienes actualmente aportan al BPS. Esta medida implicaría que los profesionales dependientes pasen a contribuir a la Caja durante su vida laboral, con los mismos derechos y beneficios que los independientes, y que la Caja asuma sus jubilaciones en el futuro, y se aplicaría a los nuevos aportantes una vez aprobada la modificación.
Según Rodríguez Sanguinetti, esta solución reduciría la necesidad de aportes directos del Estado, ya que el BPS se ahorraría 30 años de prestaciones para estos profesionales. “Además, al incorporar a profesionales jóvenes con ingresos crecientes, la Caja ganaría aportantes activos, fortaleciendo su base financiera a largo plazo”, sostuvo. Comparó esta propuesta con las reformas aplicadas a la Caja Bancaria, que recibió inyecciones de nuevos aportantes y recursos estatales en 2008 y 2023, permitiéndole sostener jubilaciones altas a pesar de tener más jubilados que activos.
Sin embargo, esta alternativa no ha sido considerada por los impulsores del proyecto. El entrevistado atribuyó esta resistencia a una preferencia por proteger al BPS, que enfrenta un déficit estructural significativo. “El problema no es la Caja de Profesionales, es el BPS”, afirmó, señalando que el BPS consume recursos como el IASS y cientos de millones de dólares anuales “sin resolver sus problemas” y acota que “en contraste, la Caja de Profesionales, a pesar de sus desafíos, ofrece jubilaciones competitivas con una estructura más eficiente”. Otra propuesta es la reducción del directorio de la Caja, una medida que busca agilizar la toma de decisiones y garantizar una representación más equitativa de los afiliados.
Estrategia parlamentaria
Con el proyecto que ingresa al Parlamento, los gremios profesionales están intensificando sus esfuerzos para negociar modificaciones. Han mantenido reuniones con legisladores de la oposición y el oficialismo, incluyendo al Frente Amplio, el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto, este último clave por su rechazo al proyecto anterior. La meta es lograr un consenso que incorpore las alternativas propuestas y mitigue lo que se consideran efectos negativos de la ley tal como está planteada.
El arquitecto estimó que hay tiempo suficiente para negociar, ya que la Caja cuenta con fondos hasta agosto. “En cuatro meses se puede modificar el proyecto, se puede negociar, se puede escuchar a todas las partes y se puede votar sin ninguna inminencia de default”, aseguró. Sin embargo, advirtió que la aprobación del proyecto en su forma actual sería “malísima para la Caja y aún peor para los profesionales”, ya que no reconoce la realidad: los aumentos de aportes llevan a más bajas de categoría, declaraciones de no ejercicio y jubilaciones anticipadas.
También destacó la importancia de la movilización gremial. Algunos gremios han convocado asambleas generales para definir sus posturas, puesto que, en el pasado, los representantes en el directorio de la Caja apoyaron medidas similares a pesar del desacuerdo de sus bases. Esta desconexión, dijo Rodríguez Sanguinetti debe corregirse para garantizar que las decisiones reflejen las necesidades reales de los afiliados.
