La iniciativa presentada el último día de gobierno frenteamplista prevé que los principales aeropuertos del país pasen a ser administrados por privados y se extienda por medio siglo la concesión de las terminales de Carrasco y Laguna del Sauce. El proyecto fue frenado por Cabildo Abierto en la Comisión de Diputados y ahora se espera una ardua discusión sobre lo que esto implica para la aviación civil de todo el país.
El pasado 28 de febrero, un día antes de irse de la Presidencia, Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley por el cual se crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Uruguay cuenta con once aeropuertos y de los mismos solo dos -Carrasco y Laguna del Sauce- están concesionados a privados.
En el proyecto original se mencionaba que seis aeropuertos (Carrasco, Laguna del Sauce, Rivera, Salto, Colonia y Carmelo) podrían declararse internacionales, pero en el Senado se cambió el texto y se decidió que el Poder Ejecutivo determine cuáles serán. El proyecto también indica que el Poder Ejecutivo podrá concesionar los aeropuertos “por un plazo máximo de hasta 50 años”.
La iniciativa pasó rápidamente por el Senado y fue votada por unanimidad en la Comisión de Transporte y en la Cámara Alta. Pero la polémica surgió cuando pasó a Diputados y el representante Sebasián Cal (Cabildo Abierto) solicitó intervenir en la Comisión que trataba el tema. Ahí argumentó la gravedad que significaría para la aviación civil el proyecto, ya que en los hechos dejaría en manos de una sola empresa (la concesionaria de Carrasco y Laguna del Sauce) toda la administración de los aeropuertos que fueran categorizados como internacionales.
“La Corporación América -para la que está hecho este proyecto- ya tiene designado quién va a ser el gerente de la red nacional de aeropuertos; ellos ya asumieron que por la propia condición que se está dando es imposible que haya alguien más que venga a interesarse por adquirir la red nacional de aeropuertos”, dijo Cal. “Sé que hay apuro por aprobar esto, lo tengo clarísimo.
El grupo empresarial es el concesionario de Carrasco y Laguna del Sauce. Su contrato expira en 2033, pero el proyecto propone que el gobierno lo pueda extender por 50 años más.
Varios expertos en el tema de aviación, consultados por La Mañana, señalaron que el punto clave del proyecto es que se le da al Grupo Eurnekian la concesión de Carrasco más allá de 2033 y se la lleva hasta por lo menos el 2070. De esta manera el grupo económico podría emitir deuda con la garantía de lo recaudado en el principal aeropuerto uruguayo.
Cal, quien es piloto comercial de avión y piloto privado de helicópteros, dijo a La Mañana que de aprobarse el proyecto como está planteado, la aviación civil podría hasta dejar de existir. Actualmente para aterrizar o despegar de cualquier aeropuerto (con excepción de Carrasco y Laguna del Sauce) no implica ningún costo para las aeronaves. Los aeropuertos son administrados por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y los pilotos deben únicamente pagar por la matrícula del avión (TGU), algo que se hace una vez cada dos años.
Pero aterrizar o despegar de Carrasco o Laguna del Sauce implica toda una odisea por demás costosa. Una avioneta de cualquier tipo que aterriza en los aeropuertos mencionados puede llegar a tener que abonar 260 dólares (para el aterrizaje o el despegue). Las terminales concesionadas cobran desde el ingreso de los pilotos por la sala VIP (que es obligatorio) hasta la iluminación nocturna de la pista o las calzas (las maderas que se colocan ante las ruedas del avión).
Para el legislador, “estamos ante un proyecto con nombre y apellido, porque si se crea una red nacional de aeropuertos y los únicos rentables ya están concesionados, es obvio que a la concesión solo se va a presentar una persona, la que ya tiene los aeropuertos adjudicados”. La principal preocupación de Cal es que los costos operativos que manejen los aeropuertos concesionados sean prohibitivos para la aviación civil, que incluye desde taxis aéreos hasta aviones privados, de paseo y aquellos que trabajan con el sector agrícola.
“Es un disparate que la concesión sea por 50 años y que no esté protegida la aviación general. Si bien el ministro Heber decía que este sector no tendría sobrecostos porque eso estará en el pliego de licitación, le dije que los ministros pasan y las leyes quedan. Me sentiría más tranquilo si en ese proyecto de ley se pusiera que se exonera de cualquier tipo de cobro a las aeronaves de matrícula nacional en los aeropuertos que se concesionan”, acotó.
Condiciones perfectas
Por su parte, Federico François, presidente de la Asociación de Usuarios del Aeropuerto Angel Adami (Melilla), comentó que en ese aeropuerto tienen su base 70 aeronaves que representan casi el 50% de las existentes en el país. “Los aeropuertos están en perfectas condiciones. Esta ley dice que se dará los aeropuertos a un privado para mejorar la infraestructura y eso es mentira”. François señaló que hace cuatro años comenzaron a realizar obras en Melilla, al igual que en Rivera y Colonia, lo que indicaría que el gobierno de Vázquez había comenzado a preparar la concesión. El temor de los pilotos civiles es que los costos se disparen si se concesiona a un privado.
Desde la Cámara Uruguaya de Couriers también existe preocupación con el proyecto, en especial porque permite la ampliación por 50 años de la adjudicación a la Corporación América en el aeropuerto de Carrasco. Juan Cabrera, integrante de la gremial, dijo que esperan plantear ante la comisión que analiza el proyecto, su disconformidad con los actuales costos que tiene la llegada de carga a Carrasco, así como las condiciones en que desarrollan sus actividades.
En la concesión a Corporación América se establecen los costos a cobrar por la llegada de carga, pero se agregan otros costos que no están establecidos. Estos operadores pretenden que se establezcan claramente cuáles serán los costos que deben pagar según el proyecto que se está analizando.
Los costos de la pandemia
La pandemia ha tenido consecuencias impensadas para la aviación civil. Por un decreto del gobierno, los aviones que llegan del exterior pueden despegar o aterrizar únicamente en Carrasco y Laguna del Sauce. Esto lleva a que no sea posible, por ejemplo, viajar en un taxi aéreo desde Argentina a Uruguay y aterrizar en Melilla (donde no hay costos).
Si bien se ha reducido, el movimiento de aviones en el sector civil continúa. Cal puso un ejemplo de lo que está pasando. Un piloto salió con su aeronave vacía desde Argentina. En vez de aterrizar en Melilla (su destino) debió pasar por Carrasco. Ahí por aterrizar pagó 260 dólares y cuando partió una cifra similar. “Si hubiera aterrizado en Melilla, hacía migraciones y aduanas -venía solo y vacío- y no pagaba un centavo”, dijo el diputado Cal.
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