El abogado penalista Enrique Moller espera que en este período de gobierno se discuta nuevamente la modificación del Código del Proceso Penal por problemas “operativos y de funcionamiento”. En diálogo con La Mañana, también se manifestó de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia.
¿Qué comentario le merece la propuesta de la creación de un Ministerio de Justicia?
En la directiva de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay no hemos tratado el tema. Desde mi punto de vista, estoy de acuerdo, pero no como se ha planteado, que solamente van a poner, aparentemente, al sistema carcelario bajo esa égida. Tendría que haber más cosas. No se justifica que solamente tenga ese servicio descentralizado.
¿Qué otros organismos deberían estar bajo el Ministerio de Justicia?
Hay varios que están en otros ministerios. Por ejemplo, uno sería la cooperación jurídica internacional, que la tiene el Ministerio de Educación y Cultura bajo su dirección. Se trata del vínculo del sistema judicial uruguayo con el exterior. También el Poder Judicial tiene a su cargo las defensorías públicas. Si se compara con las fiscalías, deberían ser un servicio descentralizado y la relación administrativa estar en el Ministerio de Justicia. Pero la realidad es que no sabemos realmente qué estaría en ese ministerio, a no ser las cárceles.
¿Cuáles serían los cambios que el Ministerio de Justicia tendría que hacer para mejorar el funcionamiento de las cárceles?
Hay un tema bien claro: hay que recorrer las cárceles para ver cómo son y cómo están. En una charla que nosotros tuvimos como asociación con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, este nos dijo que se venían unas nuevas cárceles y que se iba a tecnificar mucho de ellas, pero no señaló cuándo se iban a construir. La ciudadanía no sabe cómo están las cárceles y lo cierto es que se necesita mucha plata para mejorarlas. No soy especialista en materia de seguridad carcelaria ni en recuperación carcelaria, pero no es fácil llevar adelante una población de 15 mil personas privadas de libertad.
En las recorridas que por su profesión realiza por los centros carcelarios, ¿observa mucha diferencia en la situación entre unos y otros?
Hay diferencias. Si se va a la cárcel de gestión privada de Punta Rieles, tiene un nivel de higiene distinto al resto y eso se nota. El tema es que en todo el sistema hay superpoblación. Usted eso lo ve y en el interior hay otras prisiones que son chacras, pero se están superpoblando.
Se ha señalado que las penas alternativas fueron recortadas, ¿considera que pueden ser una salida para esta superpoblación carcelaria?
Lo que la Ley de Urgente Consideración hizo y el pueblo refrendo es quitar beneficios, como ser la suspensión del proceso, que significa que se podía clausurar si se cumplían determinadas condiciones. También fue recortada la libertad anticipada para un montón de delitos. Creo que estas medidas tuvieron como consecuencia una gran cantidad de presos, más de lo que se podía prever. Es un tema que los partidos van a tener que discutirlo en serio, para ver qué se hace. Es un tema que afecta a toda la sociedad, ya que se debe pensar que 15 mil personas presas son casi una ciudad del interior o muchas ciudades pequeñas juntas.
¿Es partidario de las medidas alternativas, cree que son efectivas?
Soy partidario de las medidas bien instrumentadas. Considero que esta es la gran oportunidad que tiene el país entero, el sistema político, de ponerse de acuerdo en cómo seguir para bajar la cantidad de gente que está en las prisiones. Durante 2025 se analizará un nuevo presupuesto quinquenal, y ahí se podrá discutir qué fondos tendrán estos organismos, como el Instituto Nacional de Rehabilitación o lo destinado para controles de las medidas alternativas.
¿Cuál es el principal problema que encuentran en su trabajo los abogados penalistas, ya sea en el Poder Judicial o Fiscalía?
Como asociación tuvimos una reunión con la fiscal de Corte interina, la doctora Mónica Ferrero, en la que planteamos problemas de funcionamiento. Ese es el otro gran tema que tiene el sistema político, que es la elección de un fiscal de Corte definitivo, porque siempre estamos tratando con fiscales suplentes. No criticamos a las personas, criticamos el sistema, que es de suplencias, en el cual no se puede nadie poner a trabajar a largo plazo para que el sistema funcione mejor. Eso es dañino al sistema, ya que no se tiene la posibilidad de decir “estoy conversando con alguien que va a estar determinado tiempo y me da certeza para poder trabajar y para poder colaborar”. No es que los abogados tengamos que llevar adelante el sistema de Fiscalía, pero cuanto mejor funcione, mejor para nosotros. Este Código del Proceso Penal se creó en el año 2014 y antes de empezar a regir ya tuvo modificaciones y luego, en noviembre de 2017, también se le agregaron cambios. Ya lleva como 16 o 17 modificaciones. No se sostiene más este Código y los abogados penalistas conformamos una comisión para trabajar en el tema. Pero estábamos trabajando y planteando nuestras ideas a un sistema político que cesa a algunos legisladores y ahora vienen otros, lo que implica nuevamente recorrer el camino.
¿Cuál es el problema central del Código del Proceso Penal
Es un tema de operativo y de funcionamiento. Nosotros presentamos hace un par de años a los legisladores un proyecto para redefinir este código actual. Le hicimos un montón de modificaciones para un mejor desempeño, que diera más garantías para el desarrollo de las audiencias. Hay un tema que es básico: nosotros queremos volver al enjuiciamiento mediante elementos de convicción suficiente, ya que hoy solamente se formaliza con elementos objetivos. El juez no ve nada, salvo si pide ver la carpeta del caso. El problema es cuando se imponen medidas cautelares, por ejemplo, como la prisión preventiva. Ahí tendría que haber un mayor nivel cuando se presentan los elementos objetivos, por lo cual pensamos que debería pasarse a tener elementos de convicción suficientes, como estaba en el antiguo código. De esa manera se puede discutir, apelar y el juez ver la carpeta para que tenga la convicción de que lo que dice el fiscal es cierto o lo que estoy diciendo yo como defensor lo es. Otro punto es el control de acusaciones, que es algo bastante nefasto. Por ejemplo, si usted pide un expediente como prueba, no se lo envían para que lo lea antes. Tiene que venir alguien y lo tiene que leer completamente y puede tener 300 páginas. La gente se duerme y eso les pasó a varios colegas. Yo he tenido experiencias muy traumáticas en control de acusación que, la verdad, las regalo. Lo que pretendemos es que en la parte acusatoria, cuando empieza el juicio, que sea al estilo del Código General del Proceso (para juicios civiles). Se aplica desde hace 33 años con total éxito. Ese código marca que, en una demanda acusatoria escrita con toda la prueba de la víctima, también se le da traslado por escrito a la defensa, quien puede ofrecer pruebas y a la vez contestar la demanda. Luego, un juez efectúa la audiencia (denominada despacho saneador) y hace lugar o no a lo que las partes han pedido y se puede apelar. De esta manera el juicio se desarrolla de forma totalmente diferente.
¿A qué se debe que en más de un 95% de los casos se llegue a un acuerdo con Fiscalía y no se vaya a juicio?
Se pensaba que iban a ser menos, que iba a haber más juicios. Fue un pensamiento que no salió bien. Es un disparate cómo están trabajando los fiscales, necesitan llegar a acuerdos porque no les da el tiempo para poder llevar adelante la Fiscalía. Algunas fiscalías más o menos han mejorado, pero hay otras como las de delitos económicos que tienen casos muy antiguos y no los logran resolver porque no les dan los tiempos. Son expedientes voluminosos y casos difíciles. Cuando este código nuevo iba a salir, se pensaba que todo el mundo iba a esperar el juicio en su casa, y ahora resulta que el juicio es el 5% y el 95% son acuerdos. Estimo que se erró en los cálculos, en la creación de las fiscalías y en los recursos. Esto viene mal desde el inicio, por más que en cuando se creó el Código, en una comisión había representantes del Ministerio de Economía, justamente por el tema de los costos que implicaría. Pero no salió bien.
¿Qué evaluación realiza de lo actuado este año por parte de la Asociación de Abogados Penalistas?
Era un año político y, por lo tanto, si bien realizamos algunas actividades, vamos a esperar la instalación del nuevo gobierno. Lo que sí surgió en las últimas semanas es la situación de la Caja de Profesionales, que está absolutamente desfinanciada. El directorio ha dicho que desde junio de 2025 ya no tiene fondos para solventar la seguridad social de los profesionales. Los abogados integramos esa caja y estamos formando grupos de trabajo por esta situación. Ese es un tema que nos preocupa, y mucho.
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