Un informe de la Fundación Bensadoun Laurent señala que la pandemia significó un retroceso a nivel laboral para la población con discapacidad, que había ganado terreno en la inclusión en materia de trabajo gracias a una norma que promueve su contratación. Esta realidad que afectó especialmente en 2020 preocupa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que apunta a poner el foco en este sector de cara a la reactivación del empleo.
La emergencia sanitaria frenó el crecimiento laboral de las personas en situación de discapacidad en Uruguay, de acuerdo con un informe realizado por la Fundación Bensadoun Laurent, que se dedica a acompañar a este colectivo en la búsqueda de empleo.
La promulgación de la Ley 19.691, que promueve el trabajo para los individuos que se encuentren en esa condición en el ámbito privado, tuvo lugar en octubre de 2018. En 2019 esta se reglamentó y eso marcó un antes y un después para el sector. De hecho, según el reporte anual de 2019 de la organización, las contrataciones a través de la misma aumentaron un 155% con respecto al año anterior.
Sin embargo, la llegada del covid-19 a Uruguay en marzo de 2020 supuso un freno considerable en el número de inclusiones laborales de esta población, que sufre además otras importantes consecuencias sociales y económicas. Más precisamente, ese año los ingresos de personal con discapacidad que se hicieron por intermedio de la fundación, disminuyeron más del 68%.
Consultada por La Mañana, Baylena Escudero, encargada de Inclusión y Sensibilización de Bensadoun Laurent, explicó que las personas con discapacidad, por diferentes circunstancias que tienen que ver con la falta de acceso al campo laboral, han quedado relegadas, por lo que están en desventaja en relación al resto de la gente.
El año pasado, como consecuencia de la pandemia y de la crisis que esta desencadenó, hubo un descenso de los llamados. A su vez, del gran número de empleados en distintos rubros cuyo proceso de inclusión laboral había sido realizado por la institución, muchos fueron enviados al seguro de paro o directamente despedidos.
Allí asesoran a personas con discapacidades motrices, auditivas, visuales, psicosociales y usuarios de silla de rueda, entre otros. “La ley permitió derribar mitos y prejuicios y visibilizar que esta población tiene derecho a trabajar, al igual que todos”, agregó Escudero.
En la organización consideran que el proceso de fiscalización de esta norma está trancado y es fundamental para garantizar su cumplimiento.
Por su parte, el encargado de Comunicación de la fundación, Nicolás Chaccal, recordó que la normativa vigente establece que las empresas con 25 o más trabajadores permanentes tienen que contratar a personas en situación de discapacidad.
En ese sentido, destacó la importancia de esta herramienta en el entendido de que fomenta el involucramiento del sector privado en la inclusión de estos ciudadanos en el mercado laboral. En diálogo con La Mañana, Chaccal también advirtió que es posible que el impacto de la pandemia implique una pérdida de los logros obtenidos.
Pese a la crisis del empleo que trajo consigo la emergencia sanitaria, el rubro de las tecnologías de la información sigue creciendo. No obstante, Escudero remarcó que el colectivo de individuos con discapacidad ha sido excluido, en términos generales, del sistema educativo, porque no están dados los medios de accesibilidad necesarios, por ejemplo, en materia edilicia. “Eso hace que no estén formados para determinadas áreas y una de ellas es la tecnológica”, comentó.
Poner el foco en las poblaciones vulnerables
En entrevista con La Mañana, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, afirmó que la realidad laboral que atraviesan las personas con discapacidad “duele y no es para nada deseable”. De todas maneras, aclaró que en los contextos de crisis de empleo es más probable que los sectores más vulnerables sean los más afectados. Lo mismo sucede con el desempleo en las mujeres y en los jóvenes, ejemplificó.
Asimismo, indicó que los problemas que aquejan al colectivo de discapacitados en el ámbito de trabajo deben ser resueltos lo más rápido posible.
En cuanto al pedido de fiscalización que planteó la Fundación Bensadoun Laurent, el jerarca señaló que eso se mantiene, aunque “no es posible fiscalizar en el caso a caso, porque salvo en las empresas de mayor porte, que por ley deben llegar a cierto porcentaje de contratación en determinados plazos, en la gran mayoría de las compañías todavía no está establecida esa obligación, o sea, está pautada en la norma, pero aún no está vigente”.
Destacó además que lo que sí tiene que hacer la cartera que dirige es implementar mecanismos de registro para tener conocimiento de la evolución de la participación de las personas con discapacidad en el total de la fuerza de trabajo. “Hace muchos años que está establecida una cuota en el Estado, pero lamentablemente estamos muy lejos de alcanzar el porcentaje debido”, añadió.
En cambio, dijo que para el sector privado la norma fue establecida hace pocos años y de manera gradual, por tamaño del emprendimiento, entonces, si a eso se le agrega una “crisis brutal del empleo” como la actual, es más difícil todavía que se avance en ese proceso.
“Cuando salgamos de esta situación de la pandemia e ingresemos en la etapa de la reactivación del empleo, sin duda que esta población, que es vulnerable, debe estar en el foco para que podamos revertir la tendencia, que es muy preocupante”, concluyó el ministro.
1º de Mayo: una conmemoración diferente
El sábado pasado, con motivo del Día de los Trabajadores, el PIT-CNT realizó una conferencia virtual dado el contexto de emergencia sanitaria. Tamara García, integrante de Fuecys, y Flor de Liz Feijoo, representante del Sindicato de la Aguja, fueron las dos oradoras del evento.
La primera planteó que “una gran parte de nuestras compañeras y compañeros no acceden a un subsidio; con el ‘quedate en casa’ muchos también se quedaron sin ingresos”. La dirigente criticó la falta de controles por parte del Estado en los lugares de trabajo y lamentó que muchos estudiantes hayan perdido el acceso a la educación pública.
Por otro lado, Feijoo manifestó que “hoy es urgente plantear el tema del trabajo” dado que se han perdido 60.000 empleos, hay miles de trabajadores en seguro de paro y 100.000 pobres más en la calle.
Sobre esto, Mieres valoró que la central sindical “asumió con responsabilidad las limitaciones para la conmemoración” de este día, “organizando sus actividades en el marco de las restricciones sanitarias”. Asimismo, aseveró que “expresaron sus tradicionales demandas que, más allá de las notorias diferencias con la gestión de nuestro gobierno, se hicieron de manera respetuosa y en el marco de un relacionamiento franco y de diálogo”.
Más tarde, el ministro brindó una conferencia de prensa en Presidencia, donde anunció que en los próximos días ingresará al Parlamento un proyecto de ley que busca promover el empleo en los jóvenes y los adultos mayores de 45 años, con especial énfasis en las mujeres. Para ello se destinarán 16 millones de dólares tanto este año como el próximo.
Cabe mencionar que el diputado Carlos Testa de Cabildo Abierto ingresó en diciembre de 2020 un proyecto de ley de empleo para personas adultas mayores jóvenes, que se encuentra actualmente a estudio de la comisión correspondiente. “Haremos llegar este proyecto de ley al Ministro de Trabajo para que nos guíe respecto a cualquier consideración necesaria o sugerencia y, a su vez, adoptar lo que de su texto encuentre conveniente a aplicar en las actuales circunstancias nacionales”, escribió Testa en una columna en la pasada edición del semanario Crónicas.
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