El director nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social, Marcos Rodríguez de Almeida, destacó el acuerdo realizado con el Instituto Nacional de Cooperativismo para asesorar a las cooperativas sociales y la mejora en la eficiencia del gasto. En diálogo con La Mañana, el jerarca indicó que el Mides está «para apoyar a todos los uruguayos».
¿Cuáles son los principales programas que la dirección lleva adelante en la actualidad?
Tenemos varios programas y muy diversos. En la división «Cooperativas sociales y procesos asociativos» llevamos adelante la formación, fiscalización y asesoramiento de las cooperativas de este tipo en todo el país. La ley asigna al Ministerio el principal rol que es la fiscalización y ahora prestamos asistencia mediante el Instituto Nacional de Cooperativismo.
Otro programa que tenemos, dentro de procesos asociativos, es «Uruguay Clasifica», que es en el marco de la ley de envases. Los clasificadores, en un régimen de trabajo protegido, realizan la clasificación de residuos domiciliarios y la Cámara de Industrias les paga un salario base y desde el ministerio brindamos asistencia técnica y económica. Es de destacar que algunos se agruparon y derivaron en cooperativas de trabajo o cooperativas sociales.
Después está la división «Emprendimiento productivos» con un programa de ruralidad, donde lo concentramos en horticultura y un programa de ovinos en conjunto con el Ministerio de Ganadería. Dentro de este sector estamos viendo la posibilidad de firmar un convenio con el Instituto Nacional de la Leche (Inale) y con pescadores artesanales, y otro con la Agencia Nacional de Desarrollo, para apoyar emprendimientos de personas en situación de vulnerabilidad.
A esto hay que agregar que estamos trabajando en una base de datos para las opciones sociolaborales de los distintos programas del ministerio. La idea es perfilar a los postulantes para diferentes convenios y servir para el programa «Accesos», que sustituyó a «Uruguay Trabaja».
¿Cuántas personas abarcan los diferentes programas que mencionó?
En el caso de las cooperativas sociales ronda entre 3.000 y 4.000 familias en 300 cooperativas activas. En el programa emprendimientos, en años anteriores se llegó a unos 1.200 emprendedores y este año, por una reestructura que se está realizando, queremos llegar a unos 500 o 600 beneficiarios. En el programa de ruralidad hay unas 300 a 400 familias, pero es muy dinámico porque se están incorporando nuevos grupos en conjunto con el Ministerio de Ganadería. En «Uruguay Clasifica» son en total unas 10 cooperativas.
¿Cuál es la evaluación de lo acontecido con la pandemia en lo que es su área de trabajo?
La premisa que traté de instalar en el área fue ser pragmático y no dejar de ejecutar los programas que teníamos. Esto significó un desafío no exento de problemas. Por ejemplo, el programa de emprendedores tenía que haber hecho el llamado justo cuando surgió la pandemia y lo que se hizo fue tomar los postulantes del año anterior y tratar de brindar herramientas frente a la situación que se generó por el covid. Pero el programa, aunque con variantes, se ejecutó. En el caso de las cooperativas sociales, tuvimos problemas en lo referido al acompañamiento, sin embargo, se pudo realizar con funcionarios del ministerio.
Precisamente con respecto a las cooperativas sociales, ¿cómo las visualiza la actual administración y cuáles son las diferencias con el gobierno anterior?
Esta es una política social enmarcada en una ley, la de cooperativas, y estamos en un gobierno republicano muy respetuoso de las leyes. Lo que hacemos son ajustes para cumplir aún más con esa ley. La mayoría de las cooperativas de este tipo son contratadas por el Estado y eso por ahora seguirá siendo así.
Hay que efectuar un cambio en el modelo de estas cooperativas para que puedan ser contratadas por privados, pero esto llevará tiempo. En este sentido el principal cambio ejecutado por esta administración es el acuerdo con el Instituto Nacional de Cooperativismo. De esta manera la asistencia técnica tiene una mayor categorización y no es realizada por un tercero, que gana una licitación.
En la operativa estamos incrementando la fiscalización que se realiza de manera directa por funcionarios del ministerio. Pasamos de 50 auditorías anuales a 100 este año, teniendo como meta para 2022 fiscalizar por lo menos una vez al año a cada cooperativa, o sea que efectuaremos unas 300 fiscalizaciones. Irregularidades importantes no hemos encontrado con las auditorias ya efectuadas, aunque existen algunos casos puntuales.
Usted ingresó al Mides en abril del año pasado. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención al asumir el cargo de director y con qué panorama se encontró?
Personalmente no detecté grandes anomalías. Creo que el espíritu debe ser de construir con base en lo realizado. Sí detecté algunas ineficiencias en lo administrativo y lo económico. Había tres divisiones y cada una tenía un solo programa y ahora se unificaron dos de esas divisiones. También se buscó racionalizar el gasto. Un ejemplo es el convenio que hicimos con el Instituto de Cooperativismo, con el que tenemos una cobertura uniforme en todo el país y el costo es un 40% de lo que se gastaba antes, lográndose una mejor asistencia.
Anteriormente, las organizaciones que prestaban asistencia a las cooperativas sociales solo tenían que presentar los recibos de sueldos de los técnicos para recibir los pagos y no existía un mecanismo de control si se efectuaban o no las visitas. Por lo tanto, existía una falta de control, algo que estamos cambiando. Sin desmerecer la gestión anterior, ahora buscamos generar sinergias –por ejemplo, con el Instituto de Cooperativismo– y a la vez lograr ahorros.
¿Qué cambios se han venido efectuando en la orientación del Mides?
El Ministerio de Desarrollo Social debe impulsar el desarrollo de todos los uruguayos, algo en lo que ha hecho énfasis en ministro Martín Lema. Él y anteriormente Pablo Bartol han subrayado que las familias que están bajo diferentes programas del Mides deben tener un abordaje integral. Por ejemplo, a las familias se les brinda un asesoramiento sobre cómo alimentar a sus hijos correctamente, porque existen casos de desnutrición, muchas veces no tienen un ingreso u orientación laboral.
Por eso el ministro nos ha solicitado que los programas se orienten para alcanzar más a la población objetiva, para generar un desarrollo integral y de esta manera lograr algo que consideramos como pendiente, que es la autosuficiencia de las personas porque hasta ahora se había generado mucha asistencia, pero poco desarrollo por falta de un abordaje integral.
El Mides firmó un acuerdo con Tienda Inglesa y TaTa para que mediante la base de datos de personas que buscan trabajo pudieran algunos de ellos acceder a estas empresas. ¿Existe interés de los privados de que el Mides pueda continuar con este tipo de acuerdos?
Esto surgió por un interés que partió de Tienda Inglesa y hay otras empresas que al enterarse se han sumado. En este sentido hay una mayor apertura desde el Mides de que las empresas participen. Antes existía un mayor recelo en este sentido y se trabajaba con organizaciones de la sociedad civil, que se terminaban financiado a través del ministerio.
Este tipo de acuerdos con empresas privadas ayudan a generar una integración social real con el empleo formal. Existe en la actualidad convenios con una decena de empresas. El ministerio ahora está con la construcción del programa de base de datos la cual hacía referencia, por lo cual se podrían ampliar más convenios, en especial con el programa «Accesos». Las empresas que se han sumado lo han hecho con buena voluntad porque no reciben ningún beneficio económico por contratar personal que sale de nuestra base de datos.
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