Socios de la coalición presentaron modificaciones a la LUC y se busca agilizar la remisión del proyecto al Parlamento

Casi un mes después que se dio a conocer públicamente el borrador del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) redactado en el seno del Partido Nacional, los demás partidos de la coalición de gobierno presentaron sus propuestas de modificación. Dirigentes de Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Independiente y del Partido de la Gente hicieron llegar cada cual por su lado a la vicepresidenta electa Beatriz Argimón y al futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, los agregados, cambios y supresiones en distintos capítulos del texto.

Posteriormente, el jueves 20 de febrero los coordinadores de bancada de los partidos de la coalición se reunieron con Argimón y comenzaron a negociar la instalación de una comisión especial. La intención es que el proyecto se remita el 9 de marzo y tampoco es seguro por cuál de las cámaras ingresará.

En los últimos treinta días se abrieron múltiples debates en torno a la LUC. Algunos alcanzaron un importante nivel de visibilidad a través de los medios de comunicación, informes en distintas publicaciones y paneles de expertos. Varios dirigentes políticos del Frente Amplio salieron a criticar fuertemente algunos puntos del borrador del anteproyecto, otros lo rechazaron en su totalidad llamando a la “resistencia” e incluso el gremio de profesores de secundaria definió un paro el 12 de marzo. Otros debates se procesaron en forma reservada, fundamentalmente dentro de los partidos de la coalición que convocaron a especialistas en diversas áreas y en general evitando generar polémicas durante el tiempo de revisión, sobre todo mientras se definía en simultáneo la candidatura a la Intendencia de Montevideo que generó ciertas rispideces entre los coaligados.

El borrador del anteproyecto de la LUC titulado “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades” incluyó diez secciones: Seguridad pública; Secretaría de inteligencia estratégica del Estado; Educación; Economía y empresas públicas; Eficiencia del Estado; Sector agropecuario; Relaciones laborales y seguridad social; Desarrollo social y salud; Normativa sobre la emergencia en vivienda; y Otras disposiciones.

En la introducción del borrador se señala que su redactor se basó en el documento “Compromiso por el País” firmado por los cinco partidos de la coalición. Aquel compromiso estableció trece grandes líneas estratégicas que fueron Un gobierno con las cuentas en orden; un Estado inteligente y transparente; Empresas públicas al servicio de la gente; Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad; Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas; Una policía respetada, una sociedad pacífica; Una política de defensa adecuada al siglo XXI; Transformar la educación; Proteger a los más débiles; Agenda de derechos; Proteger el mundo del trabajo; Cuidar la salud de los uruguayos; y Medio ambiente y bienestar animal. No obstante, al final del texto se señaló que “nuestra tarea de gobierno irá más allá de los puntos enumerados en este documento” y que “la construcción de acuerdos seguirá adelante, profundizando y especificando otras líneas de acción y nuevas medidas concretas”.

Modificaciones respecto a la bancarización obligatoria y monopolio de Ancap

Entre los cambios propuestos, el Partido Colorado apuntó al capítulo de la inclusión financiera y planteó matices. El senador Adrián Peña, del sector Ciudadanos liderado por Ernesto Talvi, señaló en distintos medios de prensa que consideran que se mantenga la obligatoriedad del pago de salarios por bancos para el empleador pero que el trabajador pueda optar por cobrar en efectivo. “Estamos a favor de la bancarización, no de su obligatoriedad”, dijo Peña en una entrevista con Radio Carve.

Además, el legislador colorado marcó diferencias respecto a la eliminación del tope actual de las operaciones que obligatoriamente deben hacerse por medios electrónicos y sugieren elevarlo de US$ 4000 a US$ 90.000.

En otro orden, Peña también consideró que la discusión sobre la liberación de la importación de combustibles debe hacerse por fuera de la LUC. A su juicio, “no hay ninguna seguridad de que esto pueda generar un descenso en el precio de los combustibles. “Esta es una discusión que hay que dar, que no tiene componente ideológico, no tiene componente político, no tiene componente histórico, o si lo tiene no debiera tenerlo. Tiene que ser un estudio técnico, entonces aquí hay que analizar esto con mucha tranquilidad”, explicó en Informativo Carve. Previamente, en una discusión por Twitter con el dirigente blanco Sebastián Da Silva, Peña escribió que “es un tema complejo y estamos dispuestos a estudiarlo, pero atendiendo su complejidad” y añadió que “lo importante es bajar los costos y en eso seguro no haremos la plancha”.

En un sentido similar se pronunció el senador Guido Manini de Cabildo Abierto que en las últimas horas manifestó en la red social que “la cuestión no es Ancap sí o Ancap no… El tema es cómo bajar el precio de los combustibles que tiene un fuerte componente ajeno al costo de refinación. Si no se disminuyen la carga fiscal y otros aportes, el precio del combustible bajará poco o nada, aunque sea importado”. Ya el programa de gobierno de Cabildo Abierto se había pronunciado en esta línea sobre el asunto y expresó en uno de sus puntos “adecuar el precio de los combustibles a la realidad regional, analizando la factibilidad y conveniencia de liberar la importación de combustible o establecer estrategias similares a lo ocurrido con la telefonía y los seguros, que permitan una reducción del monopolio del Estado en la producción de los mismos”.

Estas diferencias en torno a la desmonopolización de Ancap ya se habían marcado anteriormente cuando la discusión del Compromiso por el país. Cabe recordar que en el borrador de aquel documento se había incluido un punto que preveía “autorizar la importación de combustibles refinados y flexibilizar la cadena de distribución”, pero fue quitado en la versión final donde se estableció “avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado, buscando trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidas”. De esta forma, el Partido Nacional retomaba un punto en la LUC que ya había sido discutido por sus socios apenas unos meses atrás.

Días atrás, los economistas Aldo Lema, Gabriel Oddone y Pablo Roselli participaron de un debate organizado por la Academia Nacional de Economía sobre la LUC y, según informó Mathías Da Silva para El País, coincidieron en que fortalecer el rol de la Ursea como agencia reguladora es fundamental aunque tuvieron diferencias en cuanto a la liberación de la importación de combustibles. Mientras que Lema planteó dudas y dijo “no creo que nos devuelva precios más altos” romper el monopolio de Ancap, para Oddone “no es el primer problema el refinado de combustible” y agregó que “muchos problemas son de la planta de Ancap para afuera”.

También Rosselli se mantuvo en esa línea y planteó dudas logísticas acerca de la implementación de la importación y el destino de la refinería de Ancap. “No es calculable el resultado que tendrá esto ni qué pasará con los precios”, afirmó.