al que impulsó el senador Jorge Larrañaga no obtuvo los votos suficientes para su aprobación, pero logró sí un amplio respaldo de más de 1.120.700 votos que representa más del 46% del electorado a nivel nacional, además de que en varios departamentos se superó en 50%, lo que es una fuerte señal sobre la desconformidad de la ciudadanía con el estado de la seguridad en el país.
Rivera fue el departamento en que la reforma obtuvo el mayor respaldo (60%) seguido por Artigas y Lavalleja (59% en cada uno), el departamento que tuvo menor apoyo fue Montevideo (38%).
También se destaca la votación del SI en Flores (56%), Durazno (55%), Tacuarembó (55%), Treinta y Tres (55%), Maldonado (54%), Cerro Largo (52%), Salto (52%) y Río Negro (51%); y superó levemente el 50% en Florida y Rocha.
Los departamentos en que no alcanzó el 50% fueron San José (49%), Paysandú (49%), Colonia (48%), Soriano (48%), Canelones (43%) y Montevideo (38%).
Conocido el resultado la misma noche de la votación, el senador Larrañaga realizó una conferencia de prensa en la que agradeció a los militantes y votantes a favor de la reforma.
La reforma constitucional no será aprobada, reconoció, pero subrayó su “felicidad” porque Vivir sin Miedo “es la opción política más importante, con mayor cantidad de votos” del domingo.
Desde la Ley de Caducidad hasta Vivir Sin Miedo
En Uruguay, desde la recuperación de la democracia a la fecha se han realizado varios referéndums y plebiscitos con resultados dispares. El primero fue en abril de 1989 sobre la llamada Ley de Caducidad, y el último el domingo pasado sobre la reforma Vivir Sin Miedo.
Plebiscito y referéndum son herramientas por las que los ciudadanos pueden expresarse de forma directa sobre diversos temas. En el plebiscito los ciudadanos habilitados deciden sobre una iniciativa de reforma constitucional; y el referéndum se expresan sobre una ley ya aprobada por el Parlamento.
El de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado es sin dudas el referéndum más polémico y sensible para la población. Su anulación se intentó en abril de 1986 logrando el 43% de las voluntades por lo que la ley no fue anulada. En octubre de 2009 se volvió a convocar a la ciudadanía a través de un plebiscito, alcanzándose algo más del 47% de los votos, por lo que esa vez tampoco se logró el objetivo buscado por sus impulsores.
En noviembre de 1989 se aprobó con más del 72% de los votos, la reforma por la cual se calculan las jubilaciones. Los principales promotores fueron el nacionalista Luis Colotuzzo, el colorado Mario Cantón y el frenteamplista Ernesto Murro. El objetivo principal era que las jubilaciones no sufrieran recortes.
Otro de los referéndums trascendentes para el país fue el realizado en diciembre de 1992 con el fin de derogar de forma parcial la Ley de Empresas Públicas del gobierno de Luis Lacalle que introducía cambios importantes en las empresas públicas al permitirse la asociación con privados. Se generó un intenso debate que continuó hasta el referéndum que logró su parcial derogación con amplio apoyo (79%). El referéndum sólo derogó 5 de los 32 artículos de la Ley, tras el cual Antel continuó siendo del Estado pero se permitió la competencia en la comunicación móvil y larga distancia, se habilitó la privatización de Pluna y se desmonopolizaron los seguros.
Otras de las consultas referidas a empresas públicas se concretaron en diciembre de 2003 (referéndum sobre Ley de Ancap), y octubre de 2004 (plebiscito del agua).
La denominada Ley de Ancap terminaba con el monopolio de la importación, exportación y refinación de crudo y la exportación de derivados de petróleo, a favor del Estado y administrados por ANCAP. La derogación contó con más el 60% de apoyo.
Meses después se plebiscitó la reforma constitucional que puso bajo la órbita y responsabilidad estatal la distribución de agua potable y saneamiento. La propuesta contó con el 64% de apoyo.
El voto de uruguayos en el exterior también ha sido motivo de consulta plebiscitaria. En octubre de 2009 se realizó un plebiscito para modificar la Constitución sobre ese respecto, pero no logró el apoyo suficiente (37%).
La reforma constitucional de 1996 y la modificación del proceso electoral
Las reformas constitucionales son todas importantes porque la Constitución lo es, pero la de diciembre de 1996 fue sin duda la más trascendente en mucho tiempo porque modifica el proceso electoral introduciendo cambios significativos y claves.
Esos cambios básicamente son los siguientes: introduce las elecciones internas en las cuales cada Partido debe elegir un candidato único a la Presidencia; sustituye la mayoría simple para la elección del presidente por la mayoría absoluta a través de la segunda vuelta o el balotaje; y separa las elecciones departamentales de las nacionales.
Plebiscitos referidos a la seguridad
La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a la población, el fenómeno no es nuevo y se ha agravado con los años. Ante una delincuencia que no deja de crecer y que se expresa de manera cada vez más violenta, la ciudadanía uruguaya ha tenido que pronunciarse dos veces en los últimos años. Precisamente, los dos últimos plebiscitos se vinculan a esa materia y ambos fueron rechazados por la ciudadanía, aunque lograron muy altos márgenes de apoyo.
El 26 de octubre de 2014 se plebiscitó la baja de la edad de imputabilidad (proponía bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años) y casi 5 años exactos después se consultó sobre la reforma denominada Vivir Sin Miedo (que pretendía crear una Guardia Nacional con efectivos militares, el cumplimiento efectivo de las penas en delitos graves, la cadena perpetua revisable, y la realización de allanamientos nocturnos). Ambas contaron con el apoyo de más del 46% de las voluntades, pero no fueron aprobadas.
Papeletas rotas y posible denuncia penal
El senador Larrañaga se refirió a las denuncias y fotografías que circularon a través de las redes sociales sobre roturas de papeletas por el Sí, y la falta de éstas en algunos cuartos secretos.
Son “los avatares de una contienda realmente muy lamentable” que “refleja una actitud antidemocrática”, dijo, e informó que se hizo la denuncia formal ante la Corte Electoral.
En las últimas horas el diputado y senador electo Jorge Gandini opinó que se dan “elementos que podrían configurar delitos electorales”, pero que está esperando para ver la decisión de la Corte Electoral, y si ésta no actúa “haremos la denuncia penal”, anunció.
Desde Vivir Sin Miedo se expresó a La Mañana que no se puede determinar si el robo y rotura de papeletas incidió en el resultado que estuvo próximo al 50%, pero de todas formas privar a una sola persona de votar porque se actúa de forma intolerante, es un hecho grave en sí mismo.
