El Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, reclama más interacción interministerial y mayor participación de actores sociales y académicos cuando se active la Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario y el Consejo de Política Criminal que prevé la Ley de Urgente Consideración. Consultado por La Mañana, Petit advierte sobre el hacinamiento crítico y considera que “más personas presas no significan más seguridad”.
Actualmente, Uruguay tiene 13.340 personas privadas de libertad (PPL), una población penitenciaria con un crecimiento de 11,9% por año, 1% mensual. Una tasa de prisionalización de las más altas de América Latina y la número 30 en el mundo, con 380 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Hoy en día, las cárceles están con hacinamiento (o sobrepoblación crítica según Naciones Unidas), ya que hay 131 PPL cada 100 plazas penitenciaras habilitadas. La mayor densidad se da en la cárcel de Salto con 315, Artigas con 228 y Soriano con 203.
Según el último informe penitenciario (2019) la tercera parte de la población penitenciaria vive en condiciones inhumanas y el 73% de las PPL están alojadas en lugares que no ofrecen las posibilidades de rehabilitación necesarias para facilitar su reinserción social. Además, en Uruguay hay una reincidencia del 62%, y el 60% de los liberados vive en situación de calle según aseguró el director de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), Gustavo Silveyra, en junio de 2020.
Políticas penitenciarias en marcha y pendientes
Según los avances del Plan de Dignidad Carcelaria presentado el año pasado por el gobierno “se han hecho acciones puntuales y muy valiosas, pero todavía no hubo una implementación de un modelo diferente”, señaló Petit.
“Evidentemente, el covid-19 enlentece todo por el contagio de funcionarios, las licencias por salud. Pero hay muchas cosas que se pueden avanzar igual, por eso el planteo de la Estrategia Nacional Penitenciaria, que es un área en la cual se puede avanzar, porque esto requiere un plan estratégico, requiere repensar el rol de las medidas sustitutivas, de los programas en adicciones, del trabajo postpenitenciario, del trabajo de seguimiento a las personas que salen liberadas”.
“Hay acciones puntuales muy positivas, pero todavía falta impactar a todo el sistema; que sean generales las transformaciones”, advirtió el comisionado. “Las restricciones de presupuesto y de recursos humanos siguen siendo muy grandes y creo que todavía está faltando un empuje muy fuerte”, dijo Petit a La Mañana.
“La política de reinserción social y de rehabilitación no puede recaer en un solo ministerio, de un solo organismo, se requiere el concurso de muchos. Evidentemente con la salud, con la educación, pero también con el trabajo con la familia y con el tratamiento de las adicciones”, aseveró Petit.
La Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario es una norma de la LUC que establece que en el INR se elabore una Estrategia Nacional Penitenciaria. “Eso puede dar la oportunidad de unir distintos actores, instituciones y poderes del Estado, para justamente seguir avanzando en la innovación sobre el sistema, reformar el sistema”, sostuvo.
“Por otro lado, el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria; nosotros habíamos propuesto que incluyera otros actores también, pero por lo menos implica una representación del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y un inicio de un organismo que pueda a su vez poder invitar a otros actores, por ejemplo, los organismos sociales, los organismos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la sociedad civil, la universidad, que sin duda tienen mucho para aportar en esto. Pero esos artículos por ahora no se han movido, porque son dos artículos que pueden dar un espacio para empujar una transformación”, añadió.
“El sistema ya está en hacinamiento crítico”
El comisionado parlamentario dijo que “la palabra en sí no explica todo lo que significa el hacinamiento. El hacinamiento significa una intermisión de la dignidad de las personas, porque están conviviendo, compartiendo la intimidad, donde están frustradas las actividades, las posibilidades de rehabilitación y tratamiento. O sea, que es una señal de que el sistema requiere una innovación, continuar su transformación. Por supuesto que en la emergencia se pueden construir pabellones, aumentar camas en algún lugar, pero si piensa el conjunto del sistema es muy difícil poder resolver el problema de raíz que hay”.
Petit aclaró que: “que haya más personas presas no significa que eso vaya a dar más seguridad, es más, cuando hay muchas personas presas el sistema se vuelve infinanciable, y al ser infinanciable no tiene tratamiento, y al no tener tratamiento genera nuevos delitos. Por eso, un sistema que no tenga recursos, y que no pueda tener políticas de rehabilitación y tratamiento también es un problema de seguridad pública y de salud pública, porque acá tiene mucho que ver la salud mental y el tratamiento de las adicciones”, advirtió el veedor.
¿Cómo mejorar el tratamiento de adicciones?
“Es fundamental que sea tomado con fuerza por el sistema de salud y por el área de salud mental. Por un lado, fomentar que haya instituciones de diverso tipo que puedan brindar atención a personas con adicciones, y por otro lado, programas específicos en lugares donde ya está la población con esa problemática. En la cárcel hay mucha población con esas patologías y es muy importante poder brindarles asistencia, sobre la que brinda ASSE, pero creo que debe ser reforzada.
“Es muy complejo atender la emergencia y, a su vez, hacer reformas de fondo. Es un desafío tremendo que tienen los gestores públicos en este momento, entonces hay que tratar de colaborar y ser lo más asertivos posibles, no olvidar los temas que son necesarios abordar, que hoy quizás no son emergencia como la pandemia del covid-19, pero que también son muy importantes”, aseguró el comisionado.
Covid-19 en las cárceles
“Cuando el covid-19 se instaló en las cárceles se manejó con una realidad atrás de recursos muy compleja, pero la verdad es que hubo una actitud de los funcionarios, de los directores, en diálogo con los internos y con las familias encontraron soluciones y han logrado por ahora ir llevando la situación con respuestas muy positivas. Creo que ese diálogo, esa cercanía muestra que el acceso a derechos es transformador. El sentir que el Estado estaba presente, creo que fue la clave de este manejo. Los privados de libertad sintieron que el Estado estaba ocupado y preocupado por ellos”, destacó el comisionado.
El pasado jueves 8 de abril en la cárcel de Salto se confirmó el primer deceso en centros penitenciarios. Actualmente, hay 350 personas privadas de libertad infectadas con el virus y mil aisladas en cuarentena preventiva en 13 cárceles.
Con 130 infectados en curso se decidió cerrar la cárcel de Cerro Largo, que tuvo que suspender todas sus actividades, inclusive las visitas.
Por otra parte, se llegó a un 94% de vacunados con la primera dosis en los centros penitenciarios del país y ya empezaron a inocular con la segunda dosis a las internas de las unidades 5 (cárcel de mujeres) y 9 (de mujeres con hijos).
Reapertura de la ex Cárcel Central
Según informó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, en las próximas semanas “se dará a conocer el proyecto, de reapertura de la ex Cárcel Central (cerrada en 2019) que será un cambio sustantivo en el modelo de atención”, aseguran. Para ese cometido, en marzo comenzaron las obras (con PPL) para su reapertura que había cerrado en 2019, tras la fuga de Rocco Morabito, y porque la infraestructura no era apta para una cárcel.
En febrero de 2020 se había firmado un comodato entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio del Interior para que el Consejo de Educación Secundaria (CES) se instalara en el edificio de la ex Cárcel Central, pero esa mudanza finalmente no se concretó.
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