Recientemente, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) se reunió con la comisión que trata la ley presupuestal 2020-2024. Planteó que uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la cartera es que prácticamente no existe carrera administrativa dentro de la misma y que el 53% de sus funcionarios tienen causal jubilatoria para este período.
El pasado jueves 10 de setiembre se presentó ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, una delegación del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) para discutir los puntos del proyecto de la ley presupuestal que competen a la cartera a cargo de Carlos María Uriarte.
En la instancia se dialogó acerca de los puntos de mayor importancia para el organismo, entre los que se destacó la situación de los recursos humanos, la transición de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana a la órbita del ministerio y la derogación de la ley de chorizos artesanales. La Mañana realizó una recapitulación de estos asuntos presentados ante la comisión.
Dentro de lo que remarcó el ministro incluyó que para el período 2020-2024 los lineamientos políticos del MGAP se estructuran en torno a cuatro objetivos estratégicos. El primero se refiere a la implementación de cambios institucionales, que se expresan en cuatro puntos: el cambio en la gestión de la política de desarrollo rural; el fortalecimiento de las políticas relacionadas a la tenencia responsable y el bienestar animal; el desarrollo de servicios digitales inclusivos para el fortalecimiento de la base productiva y, por último, el concepto de un solo ministerio.
El segundo objetivo es el desarrollo rural a través de la generación de bienes públicos. Algunos ejemplos con los cuales se piensa llevar adelante el desarrollo rural en la concepción que se tiene en el MGAP son contribuir en el aumento de la resiliencia de los sectores productivos ante las variaciones climáticas. Donde pueden incluirse las nuevas concepciones que se han tenido en los manejos del fondo de emergencias con que el ministerio cuenta, como la alternativa del manejo de seguros, en la que se está trabajando para llegar a la próxima zafra con algo.
Por otra parte, se pretende fortalecer el programa nacional de lucha contra la mosca de la bichera, “que es una grave plaga que sufre el sector y, en especial, la producción ovina. Es un compromiso de este gobierno tratar de encaminar lo máximo posible un programa de control y erradicación de esta plaga”, subrayó el ministro. Además, se busca garantizar el estatus sanitario y fitosanitario del país, reinventando su rol inspectivo y certificador.
Siguiendo con los objetivos, el tercero se refiere a la incorporación de las perspectivas de género en las políticas agropecuarias y en las cadenas de valor, con la creación de una unidad especializada en género, y la creación de un plan nacional de género en las políticas agropecuarias. Este es un “compromiso muy serio que ha asumido y lidera la doctora María Fernanda Maldonado”, explicó el titular de la cartera.
El objetivo cuatro tiene que ver con la gestión de los recursos humanos. Ya que el MGAP enfrenta un gran desafío en lo que respecta a la gestión de su personal a través de la generación de una carrera administrativa acorde a las necesidades del inciso, así como atractiva para el funcionario. En este sentido, se propone trabajar en una fuerte reestructura en coordinación y con el apoyo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
En lo que a ello respecta, Uriarte indicó que en el ministerio prácticamente no existe una carrera administrativa. “Ese es un gran debe que esta cartera tiene hacia sus funcionarios. Este tema es una prioridad para nosotros”. Además, es necesario destacar que el 53% de los funcionarios tienen causal jubilatoria para el período 2020-2024.
Estrategia ante el problema
María Fernanda Maldonado, directora general del MGAP, indicó que el ministerio se encuentra con una situación muy compleja en lo que tiene que ver con recursos humanos y han tenido una disminución por dos vías: por la de los hechos, a raíz de las políticas que las anteriores administraciones han tenido, y por la vía legal.
Según explicó la directora general, entre el año 2016 y el 2018, a través de tres leyes de rendiciones de cuentas, se le suprimieron alrededor de 285 vacantes al ministerio de Ganadería, lo que equivale a unos $160.000.000. A su vez, entre los años 2015 y 2020 hubo el doble de bajas que de ingresos: alrededor de 700 bajas y 334 ingresos. “Sin duda, este es un ingreso que no es acorde a las necesidades que en su momento iba teniendo el MGAP, lo que denota una ineficiencia en lo que tiene que ver con la gestión de los recursos y, sobre todo, con el respeto a la carrera administrativa, por la falta de concursos para ascensos”, aseguró.
Subrayó que desde el equipo ministerial se tiene una estrategia en ese sentido. “Estamos abocados desde marzo a hacer un diagnóstico; primero, tenemos que saber dónde estamos parados. Hemos tenido y continuaremos manteniendo diferentes negociaciones y conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, y también con la Oficina Nacional del Servicio Civil”, relató.
Por otra parte, se está realizando un diagnóstico de situación, lo que comprende un relevamiento de perfiles y de puestos de trabajo, un cálculo de planteles con el análisis correspondiente de dotación de los recursos necesarios para el funcionamiento del ministerio.
Además, Maldonado indicó que se está haciendo mucho hincapié en un plan a mediano plazo de capacitación y formación a todos los funcionarios. “Se está repensando el plantel inspectivo del ministerio y se está considerando una reestructura con un plan de carreras definido, contemplando la composición salarial que tienen los funcionarios del MGAP, que no es ajena, por lo que tenemos entendido, a la del resto de los incisos”, sostuvo.
Una discusión que se mantiene
Otro de los temas abordados fue el asunto detallado en el artículo 280 del proyecto, que proviene del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Se refiere a la derogación de la Ley Nº 19.782 para que se pueda garantizar que las elaboraciones en general y específicamente la del chorizo carnicero artesanal, puedan realizarse en las carnicerías de corte en un contexto que contribuya a generar las condiciones adecuadas de la inocuidad alimentaria y la transparencia comercial a través del Poder Ejecutivo y del INAC.
En este punto, el ministro Uriarte le dio la palabra a Fernando Mattos, presidente del INAC, quien aseguró que el chorizo carnicero artesanal es una realidad, está en casi todas las carnicerías del país y tiene una lógica comercial y económica, porque el carnicero al despostar la carcasa o media res que recibe, o al prolijar los cortes, obtiene como subproducto los recortes de esa carne.
“Por una cuestión de aprovechamiento económico la tendencia en el país siempre fue hacer el embutido, pero eso no es reglamentario porque el carnicero no está autorizado a realizarlo. Por eso en la legislatura pasada se buscó proponer la legalización de esta práctica en carnicerías”, aseguró Mattos.
No obstante, se encontraron con la dificultad de que al momento de la reglamentación tendrían que tomar normas de carácter nacional o internacional que determinaran cuál sería la receta para ese producto. “Encontramos que la receta sería única y dejaría de ser artesanal. Entonces, la aplicación de la receta hoy constituye un aspecto artesanal de la confección, y no se podría realizar por la rigidez de la norma”, dijo el presidente.
Entonces, en el escenario actual, para establecer las condiciones de elaboración del chorizo carnicero artesanal es necesario dictar un decreto del Poder Ejecutivo. “En ese sentido, entendemos que el chorizo se va a poder hacer bajo las normas de la ley de inocuidad. De esa manera se podrán establecer los parámetros mínimos sin la rigidez de una sola receta madre, que debería generar la propia reglamentación de la ley, y aquel que quiera ponerle morrón, podrá hacerlo, y aquel que quiera ponerle queso cheddar podrá ponerle”, afirmó.
Ampliar el alcance de la Unidad Agroalimentaria
El artículo 273 del proyecto de ley presupuestal tiene que ver con la ampliación territorial de los cometidos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). En cuanto a esto, el ministro Uriarte dijo que se hace necesario ampliar su actividad a un alcance nacional, ya que no todos productores, operadores y exportadores se encuentran en Montevideo.
“Por tanto, se hace necesario ampliar su alcance y no circunscribirlo territorialmente. En conclusión, para cumplir sus cometidos, la UAM debería facilitar y desarrollar el comercio y la distribución de alimentos tanto a nivel nacional como departamental”, explicó.
Uriarte aseguró que el cambio de directorio propuesto para la UAM, se proyecta para que sea competencia del gobierno nacional impulsar políticas para el desarrollo de la granja en todo el país y no solo en la zona metropolitana. Por otra parte, con lo que refiere a la modificación de la forma de presentación de los estados contables de la Unidad, “se pretende mejorar los controles por parte del Estado sobre la correcta aplicación de los recursos económicos. Además, se busca garantizar transparencia a través del adecuado control que avale el uso eficiente de los recursos económicos”, agregó.
TE PUEDE INTERESAR
