El Comisionado Parlamentario Penitenciario -que presentó días atrás el informe anual de 2019- alertó sobre esta situación límite del sistema carcelario uruguayo, que tiene casi 12 mil personas privadas de libertad y la mayoría de los centros de reclusión del interior del país desbordados.
Creado en 2003, el Comisionado para temas carcelarios tiene como cometido principal asesorar al Poder Legislativo en su función de fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa referida a la situación de las personas privadas de libertad y además supervisar la actividad de los organismos encargados de administrar los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.
Juan Miguel Petit -titular del mandato desde 2015- habló con La Mañana sobre los principales problemas y desafíos que tiene el sistema penitenciario uruguayo. Para Petit, “Uruguay es un país que tradicionalmente ha tenido una gran preocupación por el desarrollo humano, pero nada es homogéneo, porque también tiene desniveles, y en el área penitenciaria hay un desnivel… Es un área que está rezagada con respecto al nivel de desarrollo general del Estado, de las políticas sociales y de las políticas públicas”, señaló.
Más allá de que “a partir de 2010 hubo una reforma penitenciaria que trajo una gran cantidad de avances: mejoró la cobertura de salud, se construyó mucho, se bajó el hacinamiento, se avanzó en problemas técnicos, se establecieron protocolos de informes y de diagnósticos, se cerró la cárcel central, se creó un Centro de ingreso, derivación y diagnóstico” el comisionado advierte que “todavía siguen sobreviviendo algunos penales gigantescos, con mucha violencia, sin intervención socioeducativa, con falta de funcionarios, con falta de programa”.
Población penitenciaria se triplicó en este siglo
El 15 de abril, Petit, entregó a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, el Informe Anual Nacional (2019) de la Situación de las Cárceles en el Uruguay; documento que fue elevado a la Asamblea General y se repartirá a las distintas bancadas. En el texto, el Comisionado recuerda que en lo que va del siglo XXI la población penitenciaria se triplicó, “algo insólito en un país demográficamente estable”.
“La demografía penitenciaria uruguaya es una anomalía en el moderado ritmo de movimiento y crecimiento poblacional” dice el informe de cárceles.
Nuestro país ocupa el puesto 28 del ranking de países con más presos por habitante, de un total de 222. Con 328 presos cada 100 mil habitantes, Uruguay es el país de América Latina con más presos per cápita después de Brasil. La población del sistema carcelario uruguayo no ha parado de aumentar desde 1999. En ese año el país tenía 4 mil presos, mientras que en noviembre de 2019 se llegó a la cifra récord de 11.574 personas privadas de libertad en las cárceles uruguayas.
Tenemos una población penitenciaria muy grande advirtió el Comisionado. “En este momento la ocupación está al 100 por ciento. Ya estamos de nuevo en sobrepoblación y rumbo al hacinamiento”, alertó Petit.
La manera de evaluar la situación penitenciaria es con la medición de la “densidad” de población existente tomando la unidad 100 como la cantidad de plazas disponibles. Cuando se supera el índice 100, existe superpoblación. A partir de 120, existe “superpoblación crítica” o hacinamiento, lo que implica muy malas condiciones de vida y obstáculos enormes para cualquier programa de rehabilitación. En Uruguay hay 11.597 plazas habilitadas para 11.574 presos.
El informe observa que durante el año 2018, tras mucho tiempo, se logró que la población penitenciaria alcanzara niveles menores a la capacidad de alojamiento. Sin embargo, a partir de 2018 el volumen de población ha retomado el crecimiento y en 2019 creció hasta llegar a la densidad de 100% que se encuentra actualmente. Esto significa que si la tendencia de crecimiento poblacional se mantiene, la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un problema medular del sistema penitenciario, advierte el documento del Comisionado Parlamentario.
Además señala que persisten niveles de hacinamiento diferenciales en las distintas unidades del territorio nacional, particularmente en el interior del país. En 13 de los 15 centros de reclusión del interior hay más población que plazas. Pero en Salto (175%), Artigas (162%), Soriano (147%), Cerro Largo (123%) y Tacuarembó (121%) se observan las situaciones más críticas a nivel nacional.
Algunas estadísticas del sistema penitenciario uruguayo
Entre enero y noviembre de 2019, hubo 4.866 ingresos en cárceles de la zona metropolitana (de los cuales el 52% corresponde a personas menores de 30 años). Según menciona el documento, el 38% ingresó por hurto, el 17% por rapiña, el 13% por rapto, secuestro o lesiones, 11% por delitos de tráfico de drogas, 7% por fraude, falsificación o chantaje, mientras que el 4% cayó a prisión por homicidio.
En 2019 se registraron 44 muertes en las cárceles uruguayas, 7 más que en 2018, año en el que ocurrieron 37 decesos. De esas 44 muertes, 31 fueron de carácter violento, una de las cifras más altas desde que se mide el indicador, solo superada en 2016, donde se registró un total 32 muertes violentas en centros de reclusión.
Dentro de las 31 muertes violentas registradas, 20 fueron homicidios, 9 autoeliminaciones, una electrocución y una persona falleció por meningitis, producto de una larga internación tras recibir una puñalada en la cara.
La tasa de homicidios se mantuvo estable con respecto a 2018, con 186,5 homicidios cada 100 mil personas -18 veces mayor que la cifra a nivel nacional-. Por su parte, la tasa de suicidios en el sistema penitenciario uruguayo fue de 83,9 cada 100 mil, aproximadamente 4 veces más que el índice a nivel nacional.
A partir de cumplimiento de las Reglas Mandela -lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar principios fundamentales de las personas privadas de libertad- el informe estableció que en 2019 el sistema penitenciario presentaba buenas posibilidades de integración social y rehabilitación para el 27% de sus internos, insuficientes posibilidades de integración social y rehabilitación para el 47%, y condiciones de trato cruel, inhumano o degradante para el 26% de las personas privadas de libertad. Respecto al trabajo y el estudio en las cárceles, el informe señala que si bien aumentó el número de internos, los cupos habilitados no se incrementaron. “El 73% de la población carcelaria está alojada en lugares que no ofrecen las posibilidades de rehabilitación necesarias para su reinserción social”, señaló el informe.
Algunas estadísticas del informe son más alentadoras. Desde 2018 (a partir del Código de Proceso Penal vigente desde noviembre 2017) se consolidó una tendencia positiva en la proporción de presos sin condena que continuó disminuyendo en 2019, con una proporción de 22,6%; un gran cambio respecto a la cifra histórica que rondaba el 70% del total de personas privadas de libertad.
Coronavirus: consideran prisión domiciliaria en casos vulnerables y delitos menores
Con la preocupación de que el SARS-CoV-2 ingrese a los centros de reclusión, desde el Comisionado Parlamentario se ha elevado una lista de veinte recomendaciones para mejorar las condiciones de higiene y ayudar a que la convivencia con aislamiento social sea lo más llevadera posible para los internos. A su vez, el pasado miércoles 15 de abril, Petit envió un documento a los organismos del sistema de Justicia y al Instituto Nacional de Rehabilitación, recomendando -para los casos en los que sea posible- se otorgue la prisión domiciliaria o se impongan penas alternativas a determinadas personas.
En dicho informe, el comisionado, basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -entre otras-, solicitó a la Justicia uruguaya “detectar, promover, recibir, tramitar y analizar con prontitud los casos de personas altamente vulnerables dentro del sistema penitenciario que pueden acceder a prisión domiciliaria u otras medidas alternativas”. Petit asegura que las cárceles “son una de las áreas más vulnerables frente a la pandemia” por sus “carencias estructurales y por el riesgo que significa que el virus llegue a su población y replique desde allí hacia afuera como vector de transmisión”. Por eso, según recomienda la Corte Interamericana, “se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento”.
