En entrevista con La Mañana, el abogado y diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, anunció que en setiembre se conformará una comisión especial de diputados para resolver el traspaso de la administración de montes nativos al Ministerio de Ambiente. El representante también habló sobre los ejes de la agenda ambientalista, los proyectos que se encuentra desarrollando y de su agrupación nacional, que espera formalizar a fin de año.
La semana pasada presentó en la Rendición de Cuentas la propuesta de pasar 800.000 hectáreas montes nativos que administra el Ministerio de Ganadería al ámbito del Ministerio de Ambiente. ¿En qué consta este proyecto y qué repercusiones tuvo?
En el mundo, los ministerios de ganadería son ministerios de producción y los de ambiente son de protección. Creemos que el monte nativo, el monte indígena, los palmares y la vegetación que hay en áreas protegidas tienen que estar en el ámbito del Ministerio de Ambiente. A esto sumar que el actual ministro de Ganadería, el Ing. Mattos, es un exejecutivo de UPM y que el director Forestal actual, el Ing. Faroppa, es un excontratista de UPM.
A mí me parece que los intereses de las forestales están instalados en el gobierno y la prueba está en la Rendición de Cuentas que se acaba de votar la semana pasada. Todo el capítulo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas eran obras para UPM. Entonces, como este gobierno trabaja para UPM (que no está bien ni está mal, es la opción que se tomó), en aras de cuidar de que mañana el Ministerio de Ganadería permita que se arranque un monte nativo y foreste, presenté un articulado en la Rendición de Cuentas.
Cuando el ministro de Ganadería se enteró que ese artículo estaba y que yo tenía los votos, hizo toda una movida interna, presionando a los legisladores de la coalición para que esto no se hiciera. Los diputados de la coalición hablaron conmigo para ver si podía retirarlo o pasarlo para una comisión.
Al otro día fue el ministro de Ambiente a decir que quería que el proyecto se aprobara. Por su parte, un diputado del Partido Nacional (PN) se comunicó con la Torre Ejecutiva para consultar qué hacían y se le dijo que tenían que aprobar el proyecto, que era muy bueno. Acordamos que en la primera sesión de setiembre formulara una comisión especial de diputados para que en 60 días se resuelva el tema de montes nativos, por sí o por no.
El proyecto que redacté ya lo firmó el Frente Amplio, Iván Posadas por el Partido Independiente, Vega por el PERI, Cabildo Abierto, Peña por el Partido de la Gente y Zubía por el Partido Colorado. Es decir que este proyecto se va a aprobar y cuando se apruebe son 800.000 hectáreas que se le sacan a Ganadería y se pasan a Ambiente. Va a ser uno de los temas más importantes del gobierno.
Proyecto Neptuno: ¿sí o no? ¿Por qué las organizaciones ambientalistas en defensa del agua y la tierra están en contra?
El Proyecto Neptuno es una noticia de prensa, pero todavía no hay nada concreto. La propuesta todavía no se resolvió, entonces es difícil opinar. Lo que sí se sabe es que el abastecimiento de agua de la zona metropolitana necesita otra fuente. La Constitución es clara, el servicio de agua potable lo tiene que prestar el Estado, no lo puede hacer una empresa privada, lo que no quiere decir que la obra de ingeniería o la infraestructura la haga una empresa cualquiera a pedido del Estado.
Sobre el tema ambientalista, lo que tengo hasta ahora –porque recién son anuncios– es que la zona del río donde se extrae el agua no es apta para ser potabilizada. Me parece que es un error demasiado infantil sacar agua de un lugar donde no se puede. No sé si será tan así, o están en contra porque están en contra. El directorio de OSE no lo aprobó y tampoco lo ha difundido demasiado, entonces hay que esperar.
¿Qué políticas entiende que debemos implementar para enfrentar el cambio climático?
El cambio climático es algo que está asumido y que existe como producto de la actividad humana por la sobreexplotación de la naturaleza. Para combatirlo hay que aplicar las normas que las organizaciones internacionales especialistas en el tema han recomendado. Para el 2030 tienen que bajar las emisiones de determinados gases y los niveles de ciertos químicos, y se tiene que ir sustituyendo la utilización de hidrocarburos por energías limpias.
Uruguay está bien encaminado en lo que respecta a la matriz energética. Ya se avanzó bastante en la sustitución de la energía de fuel oil, (que es la que contamina) por energía hidráulica con las represas, energía eólica con los molinos, energía por biomasa (que esto lo están produciendo las propias pasteras y un par de fábricas más) y la energía solar con los paneles. Uruguay es uno de los países que más ha avanzado en este sentido en todo el mundo. Estamos haciendo bien los deberes en lo que respecta al cambio climático.
¿Cómo convive la gestión ambiental en el ámbito nacional y departamental?
Aquí tenemos un debe, porque son temas nuevos. El Ministerio de Ambiente tiene dos años y el tema ambiental recién se instaló en los gobiernos departamentales y en los municipios. Hay muchas oficinas que tienen las competencias cruzadas. Hay competencias que tiene el Ministerio de Ambiente, que están por encima de las autonomías departamentales, eso es un problema que tenemos que arreglar. En este sentido me he reunido con el director nacional de Medio Ambiente y con los intendentes que se encuentran preparando un proyecto en el Congreso de Intendentes, del que estoy participando también, para ajustar las competencias departamentales con respecto a las nacionales.
¿Qué se puede hacer sobre el tratamiento de residuos?
La solución de los residuos es transformarlos en plantas de energía. En todos los países europeos los residuos ya son un problema resuelto. Acá hay un tema cultural. Necesitamos educación y eso lleva una generación, 15 a 20 años. Hay que empezar a educar en las escuelas sobre el tema ambiental, así como se agregó la educación sexual y otros temas.
¿Propusieron incluirlo en la transformación educativa?
Hablamos a nivel Codicen. La transformación educativa tiene tres o cuatro pasos. Primero modificar las estructuras de la educación; esto se hizo en la LUC, ya está pronto. Ahora viene el aumento de horario con los liceos de tiempo completo. Los próximos años la profesionalización de los docentes y la modificación de la currícula, ahí es donde hay que incluir los temas ambientales a nivel escolar. Después de una generación se puede desarrollar una conciencia ambiental.
¿Cuál es la propuesta del Movimiento Constitucional Ambientalista que surgirá como espacio dentro de Cabildo Abierto?
Nuestra agrupación tiene dos orientaciones: ambiental y constitucional. Me parece que el tema más importante hoy es el ambiental porque atraviesa todas las otras actividades. Hay que tomarlo en cuenta en las políticas sociales, en la política económica, en la educativa; es decir, todos los ministerios son atravesados por el aspecto ambiental. En este sentido trabajamos impulsando todas estas propuestas como la de montes nativos.
Otra cosa que hay que hacer es aprobar delitos ambientales, somos uno de los pocos países que no tiene. Tenemos un proyecto que presentamos en la Comisión de Constitución y Código que crea los delitos ambientales. Este año pedí como integrante de esa comisión que se pusiera en el orden del día y en octubre se pondrá para que los delitos ambientales estén previstos en el código penal, de forma que si se hace algo contra el ambiente no se arregle con una multa y se pueda procesar.
En el aspecto constitucional, nos parece que hay aspectos de la administración pública que funcionarían mejor si se aplicara más seriamente la Carta Constitucional, que no se aplica. De arreglarse esto hay un montón de temas que se resuelven solos, de forma automática.
¿Por ejemplo?
Un ejemplo es el Tribunal de Cuentas, que tiene como función dictaminar sobre todos los gastos estatales. No se puede hacer un gasto sin que el tribunal lo revise. El 90% de las veces determina que el gasto está bien hecho, pero hay un 10% de gastos con observaciones. Parece que no es tanto, pero el año pasado fueron 60.000 gastos que el tribunal observó como ilegales.
Cuando el Tribunal dice que el gasto es ilegal, la contraparte dice que no lo es, y en esta circunstancia la Constitución indica que se debe comunicar esta situación a la Asamblea General, pero después no dice qué hay que hacer y ahí se termina la Constitución. Sin embargo, lo que quiso decir el constituyente es que se debe comunicar a la Asamblea para que haga algo, no para que se entere solamente. El gasto se hace igual. Una vez por mes la vicepresidente Argimón se reúne con la Asamblea General y lee todos los asuntos entrados, entre los que están las observaciones del Tribunal de Cuentas.
Lo que yo propongo es que la Asamblea General trate las observaciones del Tribunal de Cuentas que son de fondo. Estamos trabajando en un proyecto para que la Asamblea determine si se hace el gasto o se rechaza. Si hacemos esto, buena parte del déficit fiscal se recupera. Se pueden ahorrar muchos miles de dólares.
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