La crisis económica que atraviesa la Caja de Profesionales motivó a la asociación civil El Orden Profesional a impulsar una reforma institucional que, según estudios del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), “dará al organismo una supervivencia de por lo menos 80 años”. El director de la Caja en representación de la asociación, Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti, conversó con La Mañana acerca de los pormenores del plan que proponen.
En junio de este año está previsto que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios se quede sin dinero en caso de que no se realicen cambios en su funcionamiento. Es por ello por lo que el Poder Ejecutivo definió incrementar los aportes de los afiliados activos para hacer frente a esta crisis.
Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez Sanguinetti, esta medida solamente generará aún mayores problemas financieros a la institución, puesto que cada vez que hay aumentos más profesionales se declaran en no ejercicio y dejan de aportar o se bajan de categoría. De esa manera “se acelera el fin del organismo”, aseguró.
Uno de los postulados de la reforma que propone la asociación es que los nuevos profesionales dependientes (a partir de junio de 2025) vuelquen sus aportes exclusivamente a la Caja en lugar de al BPS. El aporte patronal también sería vertido por el empleador (público o privado) a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales. Además, los afiliados tendrán la facilidad de trabajar como independientes sin tener que aportar nuevamente a la Caja, como deben hacer hoy.
En tanto, se plantea una reestructura de las categorías de aportes, pasando de 10 a 15 y disminuyendo un 30% del valor actual del aporte para los nuevos afiliados independientes, permitiendo que puedan subir y bajar de categoría en función de su realidad, lo que impactará en su futura jubilación.
Con estos cambios se busca que el organismo pueda atender también a los profesionales según la realidad del mercado laboral actual, donde cada vez más profesionales trabajan de manera dependiente e independiente al mismo tiempo, lo que les implica aportar a más de un sistema.
Otro de los objetivos es reducir la pesada y burocrática estructura de la institución, con un máximo de cinco directores y con menos gerencias para mejorar la gestión y racionalizar la administración de los recursos.
¿Cuáles son los principales factores que han llevado a la Caja de Profesionales a la actual crisis de financiamiento?
La situación actual económica y financiera de la Caja es multicausal. La Ley 17.738 de 2004 permitió a los aportantes detenerse en hasta la segunda categoría (de 10 posibles) de aportes, lo que a lo largo de los años perjudicó la recaudación. Por otro lado, las reformas impositivas de 2007-2008 impactaron fuertemente en el colectivo profesional, se le agregaron el IRPF y el IASS, el Fonasa, el adicional del Fondo de Solidaridad. Las malas decisiones o no toma de decisiones en tiempo y forma de los anteriores directorios y de la administración del Estado en los últimos períodos de gobierno le han hecho mucho mal a la Caja. La mal llamada ley exprés propuesta por el actual gobierno condenaba a la Caja a la desaparición, fue aprobada en el Directorio de la Caja con los dos votos de los delegados del Poder Ejecutivo (y con nuestro voto en contra).
¿Qué indicadores dan cuenta de la urgencia de implementar una reforma y por qué considera que los aumentos de aportes no son una solución sostenible?
Desde hace años, el resultado operativo de la Caja es deficitario, es decir, ha necesitado disponer de sus inversiones y de sus reservas para cubrir el presupuesto mensual, hace años que recauda menos de lo que egresa, y por ello las reservas se terminan en el mes de junio de 2025. El aumento de los aportes de los activos ha tenido un efecto adverso en la cantidad de aportantes, demostrado con números de la propia Caja, mes a mes. Esto ha causado el aumento de las declaraciones juradas de no ejercicio y la detención de los aportantes en las categorías más bajas. Es una medida que perjudica a la Caja.
El proyecto que plantean apunta a que los aportes de los profesionales dependientes se redirijan exclusivamente a la Caja en lugar de al BPS. ¿Qué objetivos tiene esta medida? ¿No se corre el riesgo de afectar el sistema general?
Nos referimos a la incorporación a partir del 1º de julio de 2025 de los nuevos profesionales que trabajan en forma dependiente, aquellos que perciben un salario o están contratados en forma tercerizada siempre y cuando se desempeñen en función de su título profesional. Para ellos no se modificarán las condiciones, aportarán el mismo 15% que aportan en el presente al BPS, pero lo harán a la Caja de Profesionales; a su vez, los aportes patronales del 7,5% serán redirigidos también a la Caja. Los profesionales dependientes tendrán las mismas prestaciones que en el BPS y serán beneficiados con que para trabajar en forma independiente no deberán de nuevo aportar a la Caja. Esta medida de incorporación de aportantes ya se aplicó hace unos años tanto en la Caja Notarial como en la Caja Bancaria, incorporando colectivos que aportaban al BPS. No afecta al sistema general de la seguridad social, si bien deriva a los nuevos aportantes profesionales en una primera instancia desde el BPS a la Caja, la misma en el transcurso de los 30 años de aportes de dichos afiliados se hará cargo de las prestaciones que hoy tienen en el BPS (seguro de desempleo, maternidad, licencias médicas, incapacidad total o parcial, entre otras) y por supuesto que se hará cargo de las jubilaciones en el futuro, de las más altas del sistema.
¿Cuál es la importancia de la reforma que proponen y qué garantías le daría a la Caja a largo plazo?
Con esta incorporación, se sincera el sistema de la seguridad social y se igualan con equidad los derechos de los profesionales, reuniendo en una misma caja a todos los profesionales universitarios, ya sea que se desempeñen como profesionales independientes o como dependientes, solventando entre todos el sistema de seguridad social de los profesionales que hacen rentable la Caja, por varias décadas, comprobable mediante los cálculos paramétricos y actuariales contratados a la consultora Cinve por la Caja y de los propios informes de los servicios técnicos de la Caja.
El proyecto menciona la reducción de la estructura administrativa de la Caja. ¿Qué impacto real tendrá esto en los costos operativos y cómo afectará el servicio a los afiliados?
El costo de funcionamiento de la Caja hoy insume unos US$ 20 millones anuales, el déficit anual en 2024 fue de unos US$ 57 millones, por lo tanto, un 35% del déficit operativo son los costos de funcionamiento. Proponemos reducir el número de directores y de gerentes y jefes, y establecer una nueva escala salarial para los nuevos ingresos a partir de la aprobación de la ley, con un abatimiento del 30% del costo salarial actual.
Dado el contexto económico actual, ¿qué papel cree que debería jugar el Estado para apoyar la viabilidad de la Caja?
El Estado es el garante de los sistemas de seguridad social, de todos, según el Art. 67 de la Constitución de la República. Nosotros pretendemos que el gobierno de turno no esté involucrado en la gestión de la Caja, por eso proponemos reducir de dos a uno los directores delegados designados por el Poder Ejecutivo, manteniendo los principios de autonomía y de protección intergeneracional e interprofesional.
¿Qué espera para las elecciones previstas para este año en la institución?
En el mes de junio de 2025 habrá nuevamente elecciones para el Directorio y la Comisión Asesora y de Contralor, los dos órganos de la Caja que se eligen entre los profesionales. Participaremos este año con nuestras listas 9 en activos y 19 en jubilados.
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