Fue presentado el Libro blanco de reforma penitenciaria en Uruguay, de la doctora en sociología Ana Vigna, quien se ha desempeñado como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos. Los coordinadores fueron Diego Sanjurjo, encargado de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas del Ministerio del Interior, junto a Beatriz Abizanda y María Inés Vásquez, del Banco Interamericano de Desarrollo. En el informe se indica que el país, tradicionalmente reconocido por sus bajos niveles de violencia, enfrenta desde hace una década tasas de homicidio que duplican el promedio global y superan a la mayoría de los países vecinos. Este fenómeno se enmarca en una tendencia regional que ha transformado a América Latina en la región más violenta del mundo, impulsada por el crecimiento de mercados ilegales, el crimen organizado y la corrupción.
Otros aspectos que se destacan es que entre 2000 y 2023, mientras la población general creció un 2,8%, la cantidad de personas privadas de libertad aumentó un 243%, alcanzando una tasa de 432 reclusos por cada 100 mil habitantes, la más alta de América del Sur y la octava más alta del mundo. El documento indica que, desde inicios de este siglo, los períodos de mayor crecimiento poblacional interanual fueron entre 2001 y 2003 y entre 2020 y 2021. En todos estos casos el crecimiento interanual estuvo por encima de los 10 puntos porcentuales. Si bien el ritmo de crecimiento disminuyó a partir de 2022, la población carcelaria continúa aumentando considerablemente año a año.
Diego Sanjurjo señala en el libro que en “Brasil, Ecuador, Honduras o Venezuela, los Estados debieron ceder a dinámicas generalizadas de gobernanza criminal con organizaciones delictivas que surgieron y se expandieron desde las cárceles. En otros, como Bolivia, Chile, Colombia o Perú, las fuerzas de seguridad ya han debido intervenir o declarar estados de emergencia carcelaria para combatir a grupos criminales que dominan su funcionamiento y empiezan a disputar otras áreas”. Sanjurjo agrega que “las situaciones son heterogéneas, pero suelen tener puntos en común: prisiones abandonadas que no suplen las necesidades básicas de los penados y grupos criminales que se fortalecen con el hacinamiento y las políticas de segregación. Uruguay mantiene el control de todos sus centros carcelarios, pero la tendencia subraya la urgencia de implementar reformas que prioricen la rehabilitación y la prevención del delito”.
En el trabajo de Vigna se indica que el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en términos de prisionización y si continuara este ritmo de crecimiento, se podría llegar al año 2030 con 22.000 personas privadas de libertad. La capacidad instalada actual habilitaría a tener una tasa de 366 personas presas cada 100 mil habitantes, sin hacinamiento, y no los 432 actuales.
Se debe tener en cuenta que a diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, donde las medidas alternativas son utilizadas en mayor medida que la cárcel, en Uruguay existen casi dos personas presas por cada persona que está llevando adelante una medida alternativa. Vigna sostiene, en relación con el campo penal, que “se observa que no existe en Uruguay una política criminal coherente. Lejos de ello, los expertos consultados en este proceso han señalado que el país cuenta con un conjunto normativo no armónico, producto de la aprobación en distintos momentos de cambios legales que dan como resultado un corpus desarticulado e inconexo”. Se propone en el documento la creación de un Consejo Penitenciario (o reformular el actual Consejo de Política Criminal y Penitenciaria), en el que “se definan los lineamientos estratégicos, los objetivos, las responsabilidades y el financiamiento correspondiente a cada actor implicado”.
Esto se da en un contexto en el que el presupuesto del Instituto Nacional de Reclusión (INR) es de unos 5200 millones de pesos anuales (unos 123 millones de dólares), de los cuales el 80% se destina a salarios y, entre otros ítems, un 8% a alimentación, marcando un promedio de 86 pesos diarios para cada persona privada de libertad. Debe tenerse en consideración que de ese presupuesto se alimenta también el personal, por lo que el monto destinado a la alimentación efectiva de la población reclusa es aún menor. Cada privado de libertad tiene un costo mensual para el Estado de unos 29 mil pesos.
Cárceles superpobladas
En materia de cárceles, en el Libro blanco se explica que la población privada de libertad se encuentra distribuida en 26 unidades de reclusión, sin contar la Sala de Salud Mental (ex Cárcel Central) ni el Centro de Ingreso, Derivación y Diagnóstico (CIDD). Mientras 17 de estas cuentan con una población de menos de 350 personas, 4 de ellas alojan a más de 1.000 internos, entre las cuales se ubica la Unidad N.º 4 (Santiago Vázquez) que alberga a casi 5000 personas (más del 30% del total de la población privada de libertad del país). Hay tres unidades del área metropolitana con niveles de ocupación por encima del 120%. Comcar, la Unidad N.º 5 para mujeres (se llega al 154%) y la cárcel de Canelones. En el otro extremo hay unidades como la 2 (chacra de Libertad) o la 10 (Juan Soler) que tienen regímenes más abiertos y con posibilidades de trabajo, los cuales tienen una capacidad ociosa del 40% al 50%.
En los últimos años, se ha destacado un incremento en la cantidad de mujeres con privación de libertad. En 2023 representaban el 7,3% del total. Si bien la cifra se puede considerar baja, ha venido aumentando en los últimos años. Lo mismo ha sucedido con las mujeres que comparten la reclusión con sus hijos e hijas, que pasaron de 45 en 2022 a 50 en 2023. Por su parte, los niños y niñas que comparten la prisión con sus madres pasaron de 46 a 51 en el mismo período, mientras que las mujeres embarazadas aumentaron de 10 a 14.
El problema de la edad
La edad de la población carcelaria es otro foco de preocupación. Un total de 26 de cada 1000 varones que residen en Uruguay y que tienen entre 25 y 29 años se encuentran presos. En 2002 se publicó un informe por parte del MEC en el cual se señalaba que más del 80% de los varones que se encontraban privados de libertad habían participado de algún programa social o recibido alguna prestación social entre 2012 y 2021. Por su parte, el mismo informe muestra que casi la mitad de los varones recluidos no habían tenido ningún trabajo formal durante esos diez años.
El indicador de reincidencia, medido por primera vez en 2022, revela que cerca del 65% de los excarcelados vuelven a delinquir en un plazo de tres años. A su vez, los sucesivos relevamientos de las personas en situación de calle no solo reflejan un aumento sostenido desde el primer censo realizado en 2006, sino también que la mayoría de ellas tiene antecedentes penitenciarios y problemas de adicción que se originaron o agravaron en prisión.
También incide la cantidad de personal destinado a los centros penitenciarios. En el informe se indica que, a diciembre de 2023, el INR contaba con 3990 funcionarios. Dos terceras partes de estos son policías y un 30% operadores penitenciarios civiles. El 4% restante se distribuye en profesionales universitarios, administrativos y técnicos universitarios.
Elías Carranza, del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, señalaba en 2012 que es necesario distinguir entre tres tipos de funcionarios: de seguridad, administrativos y técnicos. Según el autor, idealmente debería haber entre una y tres personas privadas de libertad por cada funcionario de seguridad. Si bien a priori este número puede parecer elevado, Carranza sostiene que, debido al sistema de turnos y al tipo de tareas que implica el trabajo, esta es la proporción adecuada para que en la práctica no haya más de doce reclusos por funcionario en cada momento. Al respecto manifiesta Vigna en su informe que “al no existir una especialización funcional, no es posible en Uruguay calcular el ratio preciso del personal que trabaja en seguridad”. Acota que “aun así, y tomando en consideración a todo el personal que trabaja en las cárceles uruguayas, el país se encuentra muy lejos de lo sugerido: a diciembre de 2023 había un ratio de 4,7 personas encarceladas por cada funcionario”. A esto se agrega que “en Uruguay hay únicamente 47 personas contratadas como profesionales universitarios o técnicos universitarios para trabajar con las más de 15.000 personas privadas de libertad, lo que da un ratio de 328 internos por cada profesional”.
Educación escasa
En materia educativa, la educación formal llegó en 2023 a apenas un 29% de la población carcelaria, esto en un contexto en el que en algunos establecimientos el 70% accede a la educación y en otros (los más poblados y del área metropolitana) no llegan a un quinto. De los que estudian, más de 8 de cada 10 cursan enseñanza secundaria y 3,5% de los que estudian lo hacen de manera universitaria, mediante la Universidad de la República. El número de estudiantes universitarios privados de libertad ha venido en aumento constante en los últimos años, al tiempo que se amplía también la presencia de la Udelar en los establecimientos.
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