El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, explicó la posición de su partido con respeto al desafuero de Gustavo Penadés, cuando este se votó en la Cámara Alta.
El legislador explicó una serie de irregularidades detectadas ante la solicitud de desafuero desde la Justicia. Penadés está siendo investigado ante ocho denuncias de personas que han señalado que siendo menores (algunas aún lo son) el ahora exlegislador nacionalista, les pago para tener sexo.
En primer lugar, Domenech explicó que el legislador tenía 40 años de acción parlamentaria y si bien dijo que compartió con él los últimos años de esta legislatura, “no somos sus amigos, no somos actualmente sus correligionarios y hemos tenido recientemente un encontronazo político”.
El senador cabildante acotó que siente “con cierta preocupación que nos da la idea que al senador Penadés, como en el circo romano, se le ha bajado el pulgar y sin contemplar las pruebas que realmente pudieran haberse diligenciado, está condenado por la opinión pública y quizás de alguna forma condenado por nosotros mismos”.
Aclaró que el objetivo suyo era preservar principios históricos del Derecho Penal clásico “sobre los cuales se ha construido nuestra civilización” y descartó lo que llamó “condimento de sexo” que se le ha puesto a este tema, acotando su repudio a los delitos sexuales.
Sobre ese razonamiento, para Domenech no se debe renunciar al principio de inocencia que el Código de Procedimiento Penal “ha consagrado con absoluta claridad diciendo en todo caso, el imputado será tratado como inocente hasta tanto no recaiga sentencia de condena ejecutada”. Por otra parte, la prisión preventiva, según el Código se cumplirá de modo tal que en ningún caso pueda adquirir los caracteres de una pena.
El senador manifestó que durante la sesión del Plenario y en la Comisión de Constitución donde se trató el caso, hay expresiones dentro del informe del fiscal “que se toman por ciertas”.
“Yo me niego, sin pruebas, a condenar a Penadés o a quien sea”, afirmó Domenech y explicó que el artículo 114 de la de la Constitución dice que ningún senador desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones puede ser acusado criminalmente.
Técnicamente, el informe del fiscal no implica una acusación, porque la misma, de acuerdo al anterior Código y la vigente, tiene que producirse cuando el fiscal tiene la convicción de que tiene en sus manos pruebas de la comisión del delito y que la persona puede ser imputada como responsable. “Este no es el caso”, dijo Domenech.
El artículo 114 indica que el desafuero llega por los dos tercios de votos del total de los componentes de la Cámara respectiva, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente.
“Del informe del fiscal no resulta que exista formación de causa. Y se hace hincapié en ocho declaraciones, que no están agregadas al expediente. Nosotros los senadores tenemos que decir que Penadés puede ser acusado, o cualquier otro legislador, y que hay lugar a la formación de causa sin haber compulsado una sola prueba”, acotó.
Por otra parte, señaló que no se aportan los ocho testimonios, como tampoco la declaración del senador Penadés, que duró una hora y media frente a la fiscal Alicia Ghione.
“Me siento preocupado porque hay una tácita derogación del principio de inocencia que ha sido tan caro a nuestro derecho clásico y no solo eso, sino que de acuerdo a lo que ha trascendido, se les ha negado a los defensores el conocimiento de la identidad de los denunciantes y eso también violenta gravemente el derecho”.
Domenech explicó que el artículo 71 inciso cuarto del Código del Proceso Penal indica que el defensor tiene derecho al acceso a todas las pruebas. “Con más razón, creo que este cuerpo tendría que tener derecho al acceso a las mismas”, dijo Domenech.
Fiscalía no ha proporcionado las pruebas sobre el caso al Senado
Según el legislador, la Fiscalía General de la Nación no le “merece confianza”. Recordó el caso de Marcelo Balcedo, un argentino acusado de lavado de dinero y que “por resolución de la Fiscalía se terminó blanqueándole millones de pesos a una persona que estaba imputada de serios delitos”. Para reafirmar estas ideas, citó declaraciones de la fiscal Gabriela Fossati en Montevideo Portal, donde denunció que se la apartó del caso Astesiano por la denuncia contra el exasesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. En el reportaje, Fossati señaló: “Hasta que no vino a declarar Delgado (NDR: secretario de la Presidencia) cuando yo tenía respuestas de organismos del Estado, la gente del FA estaba encantada conmigo. Después que él vino y empezamos a tener respuestas, se enojaron y empezaron a agredirme y a decir que en mi familia hay muchos blancos. Jorge Díaz (NDR: ex Fiscal General) sabe todo… está detrás de todo”.
El senador cabildante señaló que desde la Justicia “viene un pedido de desafuero incompleto, que no proporciona las pruebas que se deben aportar a este cuerpo para podernos expedir si hay lugar a la formación de causa y de acusación”. Aclaró que se acompañaría el pedido de desafuero “simplemente porque lo ha pedido el propio senador involucrado y lo ha solicitado la bancada del Partido Nacional”.
No obstante, acotó: Quiero “dejar constancia que se está sentando un antecedente peligroso, en que, sin pruebas, estamos permitiendo que un senador de la República sea enjuiciado sin poder descartar que esto no obedece a motivaciones políticas”.
En la ocasión recordó otras solicitudes de desafuero del pasado. Oscar Bottinelli, quien fuera secretario político del general Liber Seregni y profesor titular de sistemas electorales de la Universidad de la República, señaló en uno de sus libros que hace cerca de 25 años “un juez pidió el desafuero de un diputado colorado elegido por el pachequismo. Ese desafuero fue rechazado no solo por el voto en contra de diputados colorados, sino de todo el Frente Amplio quien rechazó el desafuero de un diputado elegido por el pachequismo. ¿Por qué lo hizo? Ese diputado tenía una actividad privada. Por ella fue acusado penalmente y fueron acusados otra media docena de personas, más o menos ajenas al Parlamento, por actividades similares de empresas competidoras con la suya. Por otro lado, ese diputado había acusado al gobierno de haber promovido medidas en relación a un banco privado que lo perjudicaban a él y a un grupo de accionistas y las acusaciones que hizo fueron muy duras. No importa si fueron correctas o no, lo que importa es que ocurrió el hecho político o se sostuvo que ese hecho ocurrió. Los legisladores que votaron contra el desafuero sostuvieron que era muy sospechoso que de seis o siete u ocho acusaciones penales por delitos similares, solo se había motivado el expediente contra ese diputado y no en los demás casos, que planeaba la sospecha de una venganza política del gobierno mediante la acción de fiscales que dependen o dependían administrativamente del gobierno y por jueces proclives al gobierno o susceptibles de presiones de gobierno”.
Frente a esto, Domenech dijo que “la política ha estado mezclada con la Justicia, lo ha estado en todos los tiempos”. “Lo que más me temo”, agregó, “es que estamos violentando dos principios, el de la presunción de inocencia y el derecho de acceder a las pruebas para emitir opinión sobre un comportamiento y poder determinar si este es o no delictivo”.
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