La situación de la Caja de Profesionales Universitarios (CPU) comenzará a ser examinada en febrero por parte del gobierno entrante junto a representantes de diferentes colectivos que aportan a ella por su profesión.
La situación en que se encuentra la institución se considera crítica y se ha mencionado en diferentes ocasiones que los fondos para poder seguir pagando pensiones y jubilaciones dan hasta abril o mayo. La CPU paga por mes 27 millones de dólares en jubilaciones y pensiones. También se ha señalado la existencia de un “desinterés” con el correr de los años, desde los políticos hasta los propios aportantes, por el funcionamiento de una caja de jubilaciones y pensiones cuya directiva es electa por los afiliados. La CPU tiene 166 mil de estos y en las elecciones no votan más de cuatro mil. Su directorio está compuesto por siete directores, de los cuales dos son designados por el Poder Ejecutivo. El actual presidente es el médico veterinario Hugo Daniel Alza. La CPU tiene como único aporte lo que pagan los afiliados (no tiene aporte patronal) y los ya famosos timbres profesionales (requeridos para muchos documentos) que significan más del 30% de los ingresos de la institución.
En noviembre de 2023 se aprobó en el directorio de la CPU tres proyectos que tenían como objetivo generar finanzas de manera rápida. El primero era referente a un proyecto de refinanciación del pago de aportes a los cotizantes que no lo estaban haciendo (unos 5000), el segundo hacía referencia a un aumento mediante reajustes en el precio de los timbres profesionales y en tercer lugar la compatibilidad de la edad avanzada para quienes tengan aportes a otro organismo. Esto es ya que después de 2032, según los cambios previsionales, todos los que tengan más de 71 años no podrán usar el sistema de jubilación por edad avanzada.
En el caso de la refinanciación, que fue aprobada por el Parlamento, se establece que todos los profesionales que tengan deudas con la CPU generadas hasta agosto de 2024, podrán refinanciarlas. En la CPU hay dos tipos de deudores: los que tienen deudas por aportes de más de 10 años (1076 personas) y menos de 10 años (3082), siendo el objetivo que sea este último grupo el que refinancie. Se estiman en 27 millones de dólares las deudas de menos de 10 años, y de más de 1000 millones de dólares las de más de 10 años.
Los afiliados que registren deudas pueden celebrar un convenio de hasta 120 cuotas mensuales y los plazos son para el pago contado hasta el 1º de abril y por convenio hasta el 3 de octubre.
Un problema que comenzó hace 30 años
El problema de la CPU viene desde hace más de una década, cuando se comenzó a operar con déficit. O sea, desde hace más de 10 años los ingresos son inferiores a los egresos.
El presidente de la CPU, Hugo Daniel Alza, ha señalado en diferentes oportunidades que los fondos para cumplir con las obligaciones dan hasta el primer cuatrimestre de este año, o sea hasta abril. Uno de los factores que no dio tiempo a encontrar una solución en 2024 fue que al ser un año electoral no se podía modificar ningún sistema previsional. Cualquier cambio debería haberse hecho en 2023 a más tardar. Ese año no se logró un acuerdo parlamentario para esta institución.
En febrero de 2022, el directorio tomó algunas medidas como el recorte de algunas prestaciones que no eran obligatorias y, en diciembre de ese año, se presentaron al Poder Ejecutivo algunas propuestas, como la de refinanciación de los aportes de los deudores. Pero cuando se discutió la reforma de la seguridad social (2023) se optó por dejar fuera las cajas paraestatales.
En ese momento, la única reforma fue para la Caja Bancaria, tras un acuerdo entre el gremio bancario y los diferentes bancos. Pero en la CPU eso no se pudo lograr.
Se debe tener en cuenta que son diversas las profesiones que aportan y el gremio de cada una tiene una visión diferente sobre las soluciones a aprobar y eso quedó reflejado en las diversas comparecencias que efectuaron gremios de profesionales ante los legisladores.
Esto en parte es por las diferentes tareas que cumplen los afiliados y cómo entienden que de acuerdo con esas tareas se deben jubilar. Se debe comprender que es obligatorio afiliarse a la CPU desde licenciados en Educación Física hasta licenciados en Turismo, pasando por médicos, parteras, ingenieros, arquitectos y bibliotecólogos. En resumen, todos los egresados de carreras universitarias. Pero como se verá más adelante, los aportes son parejos para todos: paga lo mismo un ingeniero que un licenciado en ciencias atmosféricas.
El tema de los aportes
El objetivo del directorio de la CPU es que el nuevo gobierno tenga como prioridad en marzo un proyecto de reforma para que se ponga a discutir y se apruebe este año.
Uno de los principales problemas en el financiamiento son los aportes fictos, lo que lleva a la declaración de no ejercicio. Cuando un profesional se recibe debería de comenzar a aportar a la CPU, aunque no esté trabajando. Este aporte es mediante una escala del 1 al 10. En noviembre de 2023, el directorio de la CPU resolvió incrementar la tasa de aportación del 16,5% al 18,5% de un sueldo ficto. El sueldo ficto es la estimación de ingresos mensuales. Existe una categoría especial 1, válida por doce meses, para los profesionales que se afilien en plazo y declaren ejercicio libre desde el egreso. Estos debían pagar el año pasado 3054 pesos por mes. Después la categoría 1 ya pasa a pagar 6075.
Por lo tanto, para la categoría 1 se estimaba el año pasado un ingreso ficto mensual de 32.658 pesos. Después de tres años de aportes, el afiliado pasa a la segunda categoría y así sucesivamente hasta llegar a la categoría 10. Esta es la que paga más aportes, ya que se fija un sueldo ficto de unos 171 mil pesos, por lo cual se debe aportar 31.900 pesos mensuales. La estimación es que un profesional con 30 años de carrera tiene un ingreso mensual de 171 mil pesos. Y el pago del aporte se debe realizar, aunque el ingreso sea muy inferior.
Hace 20 años, los principales aportantes eran de las categorías más altas, que pagaban más, pero en la actualidad se concentran en las cuatro primeras categorías, lo que hace una caída estrepitosa de los ingresos.
Aportando en un lado sí y en otro no
Otro punto es que muchos profesionales se desempeñan en la actividad pública o privada, por la cual efectúan aportes al BPS. Se da entonces la paradoja que ante la CPU declaran el no ejercicio de la profesión para no pagar los aportes, pero se desempeñan por esa profesión incluso dentro del Estado.
Entre las soluciones propuestas y a estudio, está que los profesionales aporten de acuerdo con su facturación o directamente aquellos que se desempeñan en la actividad pública o privada lo hagan por su sueldo a la CPU y no al BPS. Otra fuente de recursos es que los aportes de los jubilados de la que pagan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) al BPS, lo hagan a la institución. Esta es quizás la salida más rápida para solucionar el problema de financiamiento a corto plazo y es una de las ideas que se manejan a nivel político. También la incertidumbre, junto al incremento de aportes, llevó a que la cantidad de solicitudes de jubilaciones se incrementara en los últimos meses por parte de aquellos que tenían causal jubilatoria, pero seguían trabajando. Las jubilaciones se están produciendo en aquellos que están en las categorías 8 y 9, por lo cual casi no hay aportantes en la 10. No obstante, la situación de la CPU hay que tener presente el artículo 67 de la Constitución, en el cual establece que las prestaciones por jubilaciones y pensiones se financiarán por “contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley” y por “la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario”. Esto significaría que si la CPU se queda sin fondos será el Estado quien deba pagar las prestaciones.
Una campaña de información
La Comisión Asesora y de Contralor (CAC) de la Caja de Profesionales elaboró un documento en respuesta a una propuesta sobre una campaña informativa sobre la situación de la institución. Ese documento indica que “el escenario de crisis ha generado incertidumbre en los profesionales, la que desencadenó una serie de juicios reprobatorios, valoraciones descalificadoras, acusaciones sin pruebas, análisis equivocados en la medida que carecen del soporte técnico imprescindible”. Se agrega que “en los tiempos que corren, donde todas las personas creen tener soluciones para todos los temas, y las especulaciones y las teorías conspirativas adquieren el carácter de verdades reveladas, se torna imperioso una campaña de información a los afiliados, que deje planteada con claridad y rigor técnico la situación actual”.
“Creemos que es una obligación defender la gestión de ese Directorio y enfrentar la mala información y hasta las calumnias que se levantan contra el mismo”, se afirma en el documento.
Sobre la campaña y cómo debería ser, se plantea que “no deben mezclarse las críticas legítimas, con los juicios de valor, con las dificultades de los profesionales, con las propuestas de soluciones a la crisis”. También se resaltan situaciones que “no solucionan el problema” de la caja. Esto son por ejemplo “la transparencia de la organización y la disponibilidad para todos los afiliados de las actas del directorio y de una serie de documentos en la web (balances, informes, etcétera)”. “Este aspecto no soluciona el problema de desfinanciamiento del Instituto” se señala.
Otro punto es el argumento de que la Caja tendría que gastar menos. “El gasto de funcionamiento del Instituto se encuentra consistentemente por debajo del tope que le permite la ley e incluso, si fuera posible, la disminución de este rubro a 0 gasto de funcionamiento no resuelve el déficit que termina con nuestras reservas para primer trimestre de 2025”. En el documento también se hace una autocrítica con el título “Nuestra responsabilidad”. Al respecto se sostiene: “Se realizaron propuestas en el pasado de otros proyectos de ley lejos de la situación actual para que la reforma no fuera tan costosa, los diferentes grupos de profesionales no nos pusimos de acuerdo”.
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