En una evidente reacción a la prédica de Cabildo Abierto en cuanto a la gravedad y extensión de los problemas de endeudamiento de la población, las instituciones bancarias y administradoras de crédito, con el respaldo del gobierno, presentaron el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, que incluye, entre otras medidas, el perdón de las de menor valor.
La iniciativa fue propuesta en un evento que contó con la participación de Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay (BCU); el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza; el vicepresidente de dicha institución, Washington Ribeiro; Max Sapolinski, 2º vicepresidente del BROU; Álvaro Fuentes, del Área de Defensa del Consumidor del MEF; Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito de Personas (Aneac), Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), y Mariela Espino, gerente general del Banco República, entro otros.
La propuesta pretende ser una herramienta que aporte a la rehabilitación crediticia voluntaria de aquellas personas que figuren como deudores categoría 5 (incobrables) en la Central de Riesgos Crediticios del BCU o en “situación similar en aquellas instituciones que no reportan” a ese registro al 30 de abril de 2022 y se mantienen en dicha categoría hasta mayo de 2024.
La articulación de esta iniciativa, impulsada por la propia industria financiera, contó con la colaboración del Banco Central del Uruguay y la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF. Para ello, explicaron los presentadores, se procedió a analizar minuciosamente la situación de los deudores de mayor vulnerabilidad, al mismo tiempo que se proponen soluciones que contemplan tanto el orden jurídico vigente como “el adecuado balance de riesgos del sistema financiero”. En ese sentido, se hizo énfasis en la importancia de cuidar el mercado de crédito como componente fundamental de la actividad económica.
Al acuerdo implementado y promovido por Aneac y ABPU, adhirieron BBVA, Heritage, HSBC, Itaú, Santander, Scotiabank, Bandes, Banco República, República Microfinanzas, OCA, Creditel, Anda, Crédito Naranja, Crédito de la casa, Crédito de Valor, Pronto, Crediton, Cash, Fucac Verde y Volvé. Aquellas instituciones dadoras de crédito que aún no se han sumado a la iniciativa podrán hacerlo en los términos y condiciones que esta presenta.
Eliminación de deudas menores
Entre las medidas dispuestas, se contempla la cancelación de deudas vencidas con remanentes menores a 5000 pesos, según los requisitos antes mencionados y sin que sea necesaria la intervención del cliente o deudor.
Una segunda instancia prevista para deudas superiores a 5000 pesos y menores a los 100.000, sin reestructuración vigente, dispone la refinanciación hasta en 36 cuotas, sin actualización del capital, sin intereses, multas ni recargos.
En el caso de estos deudores, también deben figurar con categoría 5 en la Central de Riesgos Crediticios al cierre de abril de 2022 y al momento de aplicar. Los ingresos nominales del deudor no deben superar los $ 100.000 mensuales.
El programa no incluye las operaciones con garantía hipotecaria, prendarias o con fianza personal, los préstamos automotores ni los saldos de garantía de alquiler.
Un dato importante es que, ante el atraso en el pago de dos cuotas consecutivas por parte del deudor, el convenio quedará nulo y lo hace pasible de que se le exija el pago de la deuda original.
El programa, que solo aplica a personas físicas, no a empresas, abarcará, también, a aquellos que hayan contraído deudas con instituciones que no reporten a la Central de Riesgos Crediticios del BCU, toda vez que dichos deudores cumplan con los requisitos generales.
El trámite para la restructuración voluntaria de deudas puede iniciarse en línea en soluciondeuda.com.uy a partir del 11 de julio y hasta el 15 de noviembre de este año.
Información, tecnología y mucha coordinación: claves del acuerdo
En su exposición, Diego Labat comenzó destacando la importancia del crédito en la economía: “Uruguayos que creen en otros uruguayos y les prestan dinero que ayuda a llevar adelante muchas iniciativas. El crédito sano es algo que la sociedad tiene que preservar”. En ese sentido, se debe generar un buen marco jurídico, una buena normativa y un mercado formal de crédito.
Al mismo tiempo, Labat señaló que desde mucho antes de la actual administración ha habido preocupación por el crédito, específicamente sobre el crédito al consumo, en vinculación con su acceso y sus condiciones, a partir de lo cual han surgido iniciativas de distinto tipo. La articulación de esas diversas preocupaciones y propuestas llevó, en palabras del jerarca, alrededor de dos años de articulación entre agentes involucrados al sector para llegar al acuerdo firmado. Respecto a ello, el presidente del BCU remarcó los aportes venidos del sistema político, los cuales implicaron mucha coordinación con técnicos del banco, destacando puntualmente los aportes hechos por Cabildo Abierto.
Según Labat, para el BCU fue fundamental, en primera instancia, el estudio de datos y su tratamiento para obtener un diagnóstico claro de la situación crediticia de la sociedad uruguaya. A partir de entonces, se planteó que la solución que se propusiera debía basarse en ciertos principios. El primero de ellos, es que no se podía romper las reglas de juego en el marco del estado de derecho: se trata de contratos entre privados y como tales deben respetarse.
Un segundo principio rector de la búsqueda de soluciones era que no se debía comprometer el crédito formal hacia el futuro. “Tenemos que cuidar el mercado de crédito”, sentenció Labat. Para él, estos principios sostuvieron, junto con un majeo eficiente de la información y la tecnología, la creación de las soluciones propuestas, que son rápidas, sencillas y eficaces.
Después de enumerar las distintas acciones que desde el BCU se emprendieron en torno al crédito y las deudas de las personas, Labat anunció el lanzamiento de una campaña en redes de educación financiera que incluya las posibilidades de reestructuración de deudas.
Por su parte, Alejandro Grasso, presidente de Aneac, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones públicas y las privadas de cara a problemáticas complejas como esta. También resaltó que el acuerdo esté pensado como voluntario entre las partes, a fin de “no violentar los contratos entre privados. Se reafirma así la seguridad jurídica, que es un valor muy apreciado en el Uruguay e internacionalmente muy reconocido”.
Graso también destacó la importancia social del acuerdo, ya que es da respuesta a más de 780.000 mil personas con problemas de endeudamiento. En ese sentido, se destaca que las personas que reestructuren sus deudas recuperarán la posibilidad de acceder a nuevos créditos.
Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de ABPU, también participó de la presentación del acuerdo. En su intervención, también señaló la importancia de la cantidad de personas a las que se ofrece una solución. La ejecutiva dio detalles de cómo proceder para solicitar la reestructuración de deudas, haciendo hincapié en la simplicidad del trámite. Al mismo tiempo, celebró que algunos estudios jurídicos que administran deudas ya se han adherido a la iniciativa. Finalmente, Mainzer advirtió la importancia de estar alertas ante la aparición de intentos de fraude que intenten aprovechar la oportunidad, por lo que recordó que los trámites en línea no exigirán dar datos personales, información confidencial ni claves o contraseñas.
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