Las auditorías de la gestión anterior realizadas hasta el momento han revelado un gran desorden administrativo y varios casos pasaron a la órbita penal. Cuando asumió el actual gobierno, se decidió efectuar 21 auditorías en diferentes centros de salud y en la administración de ASSE.
El vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa Abella, dijo que se encontraron hasta el momento gastos por encima de lo presupuestado, destrucción de documentación y falta de controles. En el programa «Esta boca es mía» (canal 12), Sosa Abella indicó que aún está por conocerse el resultado de lo que considera la auditoría principal, la que se ejecuta en la gerencia administrativa de la institución.
Entre las auditorías ya efectuadas se encuentra la del Pereira Rossell donde el objetivo era evaluar si el criterio de seguir con los servicios en materia de limpieza y peones por parte de la Fundación Plemuu, eran los correctos. En este hospital se efectuaron varias licitaciones para ambos servicios, pero siempre fueron anuladas y se continuó trabajando con la Plemuu. En uno de los últimos casos, una licitación fue dejada sin efecto por parte de la anterior Administración de ASSE Central, “sin causas debidamente justificadas, contratando en su lugar los servicios por compra directa a la mencionada fundación que se vio beneficiada a raíz de la falta de cumplimiento de las formalidades para la contratación”, indica la auditoría. De haberse adjudicado a la empresa ganadora, se hubiera obtenido un ahorro de aproximadamente $ 9 millones. Se efectuaron observaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la República como consecuencia de las compras directas que debieron hacerse y que hubiesen sido evitables. La actual administración efectuó un llamado a licitación, no ganando la Plemuu.
En el hospital Maciel se detectaron varias irregularidades. En materia de obras no se pudo obtener acceso a los registros del sistema contable de la Comisión de Inversiones, porque la contaduría era llevada a cabo por un estudio particular, el cual también ordenaba las compras para las obras a realizar. Además, este contador firmaba los cheques de la Comisión de Inversiones y también era funcionario del Maciel. Existieron contrataciones directas para efectuar obras en el hospital. Por ejemplo, se contrató una empresa de manera directa para mantenimiento pagándose casi $ 38 millones (US$ 863 mil). También se contrató a un arquitecto el cual es funcionario del hospital y de la Comisión de Apoyo. En otra ocasión se contrató un estudio de arquitectos, del cual el mencionado es socio. Por esta causa se efectuó una denuncia penal por supuesta conjunción del interés público y privado. Otro hecho: no se efectuaban rendiciones de cuenta de la totalidad de los fondos provenientes de la Lotería Nacional ni de otras donaciones.
En el mismo hospital, el servicio de anestesistas estaba en una especie de gran caos. Se analizaron los años 2017, 2018 y 2019. Se destruyó la documentación probatoria de horas trabajadas por los médicos anestesistas, desde el año 2017 al mes de octubre de 2019. Según declaraciones del personal del hospital, esta destrucción fue ordenada por la Dirección anterior del mismo. Un software denominado GMED era el que llevaba el control de las horas trabajadas por los anestesistas (el sistema se dejó de utilizar). A un médico anestesista se le pagó más de $ 1 millón por encargado de proyecto de dicho sistema y por otro lado el hermano de este anestesista era el proveedor del software, cobrando $ 459 mil. No se sabe cuántas horas se pagaron a los anestesistas y si realmente las hicieron. No existía ningún control por parte de la Oficina de Recursos Humanos sobre las horas que se informaban como trabajadas por parte de los médicos anestesistas. También se presentó denuncia penal.
En compras, el Maciel también era bastante caótico. En 2019 se realizaron 2.858 compras directas. Por ejemplo, se adquirieron servicios de comunicación por un total de $ 1,2 millones y para «diseño» se gastó $ 1,5 millones. Entre 2017 y 2019, el Tribunal de Cuentas observó gastos por casi US$ 13 millones en el Maciel. Entre otras irregularidades, a un proveedor de servicios se le pagó en 2019, US$ 13 mil de más. También se detectaron diferencias al efectuar el recuento físico de materiales en el sector Mantenimiento, no siendo explicadas. Asimismo, por estos casos se efectuó una denuncia penal. Tampoco había control sobre el uso de combustible. Los médicos cargaban sus autos particulares y el gasto era pasado a la cuenta del anterior director de la institución, lo cual era pagado por el hospital.
También las auditorías revelaron excesiva contratación de suplentes, pagos de facturas de proveedores sin controles, al igual que costosas contrataciones directas en centros auxiliares y hospitalarios de distintas ciudades del país.
Costosas radiologías
En el Centro Auxiliar de Bella Unión, la auditoría reveló una excesiva contratación de suplentes en todas las áreas. La causa: muchas licencias por enfermedad. En 2019 se certificaron 97 funcionarios, lo que totalizó 3.244 días pagos por enfermedad en el año y la contratación de suplentes, gastándose por este concepto $ 4,6 millones (US$ 104 mil). Para completar el panorama, si bien eran certificaciones médicas, falta el 70% de los certificados. También se efectuaron, en 2019, compras directas por US$ 131 mil y durante dos años no se presentaron rendiciones de cuenta a ASSE Central de los fondos manejados para su funcionamiento.
El Centro Auxiliar Paso de los Toros pagaba las facturas de un proveedor sin controlar que los estudios médicos fueran efectivamente realizados. Se detectó que entre 2015 y 2017 y parte de 2020, un proveedor emitió facturas por $ 29 millones (US$ 660 mil). Pero resulta que el mismo le debe US$ 7.700 dólares al referido hospital y US$ 977 mil al Hospital de Tacuarembó, informándose que la gestión de cobro ha resultado infructuosa y se estima incobrable. Para completar el panorama, por lo menos dos proveedores en el sistema de traslado en ambulancias son funcionarios de ASSE. Se presentó denuncia penal a fin de que la Justicia evalúe la eventualidad de que se hubiese cometido algún ilícito de naturaleza penal.
En el Centro Hospitalario Maldonado—San Carlos, el Servicio de Radiología se contrataba por compra directa a una empresa particular a un costo promedio mensual de $ 1,1 millones (US$ 25 mil). Se pagaba una tomografía a los privados (eran dos empresas) a $ 5.608 cada una. Un 29% del total de estas eran realizadas por el Hospital de Minas que cobraba por cada una $ 3.337. Por lo tanto, el 71% de las restantes se dividía en dos privados, realizándolas cada semana uno de ellos. Por compras directas de Tomografía, Radiología, Resonancia, Laboratorio y traslados, se gastaron entre 2016 e inicios de 2020, US$ 5.8 millones. Las facturas de los proveedores eran aprobadas y pagadas sin verificar que el estudio se hubiese ejecutado efectivamente, dejando abierta la posibilidad de que sobrefacturaran. De una muestra de 60 solicitudes de tomografías: un 16% fueron solicitados como “urgentes» sin justificación, siendo estos de mayor precio que los comunes, un 15% de ellos el proveedor hizo el estudio en más regiones que las solicitadas por el médico y un 8% fueron estudios realizados sin solicitud. Ahora, en el caso de Radiología, se contrató personal técnico para ejecutar directamente el servicio, lográndose un ahorro del 69% en el mismo. Por su parte, en el servicio de Tomografía se resolvió la instalación de un tomógrafo propio en el Hospital de Maldonado.
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