El periodista Álvaro Alfonso denunció ante el Senado la denegación del Poder Judicial para acceder al archivo que contiene información vinculada a casos de derechos humanos. El investigador dijo además que no es la primera vez que tiene problemas para acceder a archivos de este tipo en los últimos años.
La semana pasada la Comisión Especial de Derechos Humanos del Senado recibió al periodista y escritor Álvaro Alfonso quien denunció ante los legisladores que el Poder Judicial le negó el acceso al Archivo Castiglioni, en el marco de una investigación para uno de sus libros.
A principios de octubre de 2015 la Justicia allanó la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, quien había fallecido semanas antes. En la oportunidad se encontraron decenas de cajas con archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID). Castiglioni fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado.
Informes periodísticos de 2016 sostienen que más allá de la información sobre hechos ocurridos en las décadas de los 70 y 80, también los “archivos Castiglioni” contienen investigaciones a Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Julio María Sanguinetti o Jorge Batlle, representantes de la Justicia, partidos y sindicatos, entre otros.
El Dr. Carlos Bustamante, abogado de Alfonso, también compareció a la Comisión del Senado y explicó que el Archivo Castiglioni actualmente se encuentra custodiado por el Poder Judicial. “Nosotros solicitamos por vía administrativa, ante la Suprema Corte de Justicia, acceder a la información pública, lo que nos fue negado”, explicó Bustamante.
A raíz de ello, recursos administrativos y acción de amparo frente a la Suprema Corte de Justicia, pero todos fueron desestimados. También comparecieron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) pero el organismo se inhibió de tomar cartas en el asunto.
Para Bustamante se debió permitir el acceso a la información porque “si se trata de un expediente que está bajo custodia administrativa, la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública establece que no se puede oponer la reserva en los casos de violación a los derechos humanos. Concretamente, dice: «Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos»”, señaló.
“Por otra parte, si vamos al ámbito del proceso penal, entendemos que también ha cesado la reserva que existía en el presumario, por dos razones. El artículo 113 del Código del Proceso Penal derogado fue modificado allá por los años 2000; para dar mayores derechos a la defensa se modificó la reserva del presumario. En dicho artículo, se dice: «Cesa el carácter reservado: […] Porque ha transcurrido un año desde el inicio de las actuaciones presumariales». En este caso, transcurrieron muchos años. Más adelante, en el penúltimo inciso, dice: «Ninguna actuación podrá tener carácter reservado por más de un año»”, agregó Bustamante.
Pero hay otro hecho que llama la atención. Sobre estos archivos hay dos informes: uno de ellos es de Álvaro Rico, licenciado en Filosofía, y otro de la licenciada Isabel Wschebor. Ambos recomiendan que no se pueda acceder públicamente al archivo, por contener información sensible. Al ser consultado sobre este particular, Alfonso dijo que tampoco se puede tener acceso a esos informes. “Dicen que hay información sensible, pero cuál es esa información tan sensible, que ni siquiera podemos ver lo que dicen los informes”, e irónicamente acotó: “Quizás está quién es el asesino de Kennedy”. Para reafirmar su punto de vista, dijo que para distintos libros que ha escrito e investigaciones no tuvo problemas para acceder a información en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y el Banco de Previsión Social, por lo cual le “llama la atención” que no se puedan ver los informes de Rico y Wschebor.
En su comparecencia ante la citada comisión, el periodista señaló que durante varios años ha tenido problemas para acceder a diferentes archivos del período del gobierno de facto. “Me había ocurrido ya en 2007, cuando el Ministerio del Interior –cuando la titular era la ministra Tourné– nos negó la información. En aquel momento estábamos haciendo un trabajo histórico sobre el Partido Comunista en el Uruguay y el 20 de marzo de 2007 presentamos un pedido al respecto. Posteriormente, solicitamos en la Cancillería, durante varios gobiernos, por ejemplo, cuando era ministro el doctor Opertti, y también con Reinaldo Gargano y el doctor Gonzalo Fernández, y no tuvimos ningún problema. Con los dos últimos que mencioné, a las cuarenta y ocho horas de solicitada la información, ya la estábamos leyendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, indicó.
Los archivos Berruti
Otro punto que Alfonso llevó a la comisión fue el referente al denominado archivo Berrutti, que contiene distintos tipos de documentos cuyas fechas van desde 1968 al año 2000 aproximadamente. Estos archivos se crearon cuando Azucena Berrutti fue ministra de Defensa, entre 2005 y 2008.
El periodista dijo que tiene 18 rollos de ese archivo, pero afirma que hay 1144 rollos y se pregunta dónde están los otros rollos, ya que se señala que existían 1175 microfichas que acompañan los microfilmes, que son de 1972 y 1973. Estima que la finalización de la lectura de esos archivos duraría veinte años porque serían 12.000 volúmenes, es decir, una biblioteca.
Por su parte, el Dr. Bustamante ha señalado que hay otro lugar donde el periodista ha encontrado escollos para acceder a la información. Se trata de la oficina llamada Ajprojumi –archivos judiciales procedentes de la justicia militar–, que depende de la Suprema Corte de Justicia. En ella se concentra el archivo del Supremo Tribunal Militar y los Juzgados Militares de Instrucción y de Primera Instancia que actuaron en la época del gobierno cívico militar. Explicó que el periodista ha solicitado información y “se le han puesto cortapisas para acceder a ella basados, por ejemplo, en que son muchas personas, que son más de tantos expedientes, que habría que tachar los nombres de todos y que, de acuerdo al reglamento que rige a Ajprojumi, que es creado por ella misma, se dice que no accede a lo solicitado”. Es decir, no se le permite acceder a esos documentos que serían de público conocimiento en cuanto a que son expedientes penales de hechos que ocurrieron hace más de cuarenta y cinco años.
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