Álvaro Diez de Medina: la decisión del fiscal Morosoli es una “zancadilla electoral”

Analizando la situación judicial en que se encuentra el candidato por Cabildo Abierto general Guido Manini Rios, ¿usted encuentra que la argumentación del fiscal Rodrigo Morosoli tiene sustentación?

No. Yo creo que el fiscal Morosoli se ha enzarzado él y probablemente a la administración en una situación que puede terminar perjudicando al propio gobierno porque ha puesto en marcha un movimiento que ya ha sido comentado por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak al señalar que es claro que se ha desestimado la responsabilidad de otros protagonistas en este episodio como lo son el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, y tal vez los servicios del Ministerio de Defensa y de Presidencia. En la medida que este proceso gane cuerpo y velocidad, esas responsabilidades van a tener que ser reconsideradas más allá del archivo que por ahora ha dispuesto la Fiscalía.

Estamos hablando de que en un Tribunal de Honor surgió una confesión por parte de José “Nino” Gavazzo respecto a un crimen ocurrido en 1973 que en esencia es haberse deshecho del cuerpo de un muerto en custodia de la fuerza de seguridad en ese año. Algo que no se ha tenido en cuenta es que el hecho grave en sí no es la posible responsabilidad de Gavazzo en la muerte de Roberto Gomensoro porque en esa materia ya había sido investigado, hubo una actuación judicial y su responsabilidad fue desestimada judicialmente por lo cual ya no puede ser revisada. El crimen de Gomensoro ya no puede vincularse a la persona de Gavazzo porque ya recayó sentencia y se desestimó la responsabilidad.

¿Cuál es el delito que se debe manejar?

El delito que emerge del Tribunal de Honor puede ser el vilipendio de cadáveres por el hecho de haberse deshecho de los restos de Gomensoro. Ese es el primer aspecto a tener en consideración: un crimen de vilipendio de cadáveres ocurrido hace 46 años.

Esa supuesta confesión ocurre durante las actuaciones del Tribunal de Honor. Sus integrantes llaman la atención del entonces comandante en jefe y éste actúa de forma racional en el sentido de tratar de no impedir ni obstaculizar las actuaciones de Tribunal, pero una vez que éste se expide eleva los antecedentes al Ministerio de Defensa y por este a Presidencia de la República para su homologación.

En ese proceso hay un retraso de diez meses, pero es un crimen que había ocurrido hace 46 años, no era un crimen del que fuera a emerger una responsabilidad penal por homicidio del propio Gavazzo sino en todo caso del vilipendio del cadáver de Gomensoro. Ya que los miembros del Tribunal están en conocimiento del hecho, perfectamente el comandante puede tomar la decisión de esperar el fin de las actuaciones del Tribunal para luego enviar los antecedentes al Ministerio de Defensa, eso fue exactamente lo que hizo Manini.

¿Entonces cuál sería la omisión del ex comandante del Ejército?

No hubo una omisión tal como prevé el artículo 177 de Código Penal que habla de omitir denunciar delitos que se conocen por parte del funcionario público en su dependencia o con impacto en su dependencia, pero no dice que tiene que denunciarse en un plazo establecido.

El general Manini no escondió los antecedentes en un cajón. No. Simplemente esperó que las actuaciones estuvieran finalizadas para elevar esos antecedentes al Ministerio de Defensa.
Está confirmado que el ministro de Defensa de la época (Jorge Menéndez) estaba en conocimiento de eso, lo confirma la carta de renuncia del ministro y está confirmado por las declaraciones del entonces subsecretario de Defensa cuando dijo que efectivamente el Menéndez le había comunicado al presidente de la República este insuceso el 14 de febrero. Por lo tanto claramente el ministro había sido informado por el comandante en jefe.

Si éste en un expediente y además in voce informa, yo tengo que presumir que la información no ocurrió ese mismo día sino que ocurrió varios días o semanas antes, pero vamos a suponer que fue el mismo día, el hecho es que el comandante informó de los hechos, no hubo un ocultamiento como sería el previsto por el artículo 177.

¿Qué efecto puedo tener toda esta situación respecto al gobierno?

Aquí comienzan a desencadenarse una serie de consecuencias que pueden ser peligrosas para esta administración. En primer lugar porque si aceptamos la versión del fiscal deberíamos aceptar que el comandante en jefe del Ejército ha dispuesto por sí y ante sí de las actuaciones del Tribunal de Honor y de las informaciones que ahí se manejan. Si esto fuera así, todas las expresiones del Poder Ejecutivo en cuanto a que Fuerzas Armadas están bajo estricto control civil, son falsas y el comandante actúa solo. Pero eso no ocurrió, entonces debemos pensar que el Poder Ejecutivo estaba en conocimiento de estas actuaciones.

Además las declaraciones que se conocieron, brindadas por el presidente de la República ante el fiscal Morosoli son confirmatorias de que sobre este tema el presidente Tabaré Vázquez ha dado dos versiones totalmente distintas. Una versión ante la opinión pública cuando el caso estalló, que dijo que él se enteró por la prensa, a través del artículo del periodista Leonardo Haberkorn, del caso Gomensoro y de su impacto en el expediente que venía de homologar. La segunda la versión es la que luego le da al fiscal en cuanto a que ya estaba en conocimiento de los hechos y que había dispuesto con premura la realización de la denuncia penal.

Pero si bien dice que exigió que se le llevara el expediente en el plazo de 45 minutos, lo cierto es que el Poder Ejecutivo tampoco presentó denuncia, y se puede concluir razonablemente que también hubo una omisión porque si el plazo corre para el general Manini, también debería correr para los otros actores del proceso.

Así, cuando el fiscal Morosoli abre esta puerta, obliga a todo el mundo a volver a analizar esta cadena de hechos y por qué ocurrieron, y en esa evolución de los hechos pueden emerger responsabilidades del Ministerio, Secretaría de Presidencia y del propio presidente porque lo cierto es que no hubo denuncia.

El general Manini no denunció porque no debía denunciar ya que estaba sujeto a la autoridad superior, comunicó al ministro y es lo que debe hacer ya que hay control civil sobre las Fuerzas Armadas, no lo denunció el ministro de Defensa cuando llegó el resultado del Tribunal de Honor y no lo denunció la Secretaría de Presidencia, y el presidente de la República tampoco llamó al fiscal de Corte para instruirlo a presentar la denuncia. Por lo tanto todo el Estado estuvo omiso.

Si hubo omisión del Estado, ¿cómo se explica el archivo?

El fiscal decidió archivar la responsabilidad de todos los demás menos la del general Manini, y eso es una clara discriminación electoral.

Las elecciones van a tener lugar en pocos días, la segunda vuelta en pocas semanas, y el expediente va a seguir viviendo. Entonces así como se resolvió archivar el caso en referencia a otros protagonistas de la cadena, también en marzo próximo se puede desarchivar sin presiones electorales y cuando se analicen las responsabilidades creo muy probable que afecten más a los otros integrantes de la cadena que el general Manini.

¿Qué es lo que puede llevar a un fiscal a actuar de esa manera?

Yo creo que el fiscal actuó con un celo partidista, tal vez desmedido. Las palabras del expresidente José Mujica y del senador Rafael Michelini son claras, y dentro del oficialismo hay sorpresa por las actuaciones del fiscal que ha desatado un movimiento que como todo expediente tiene vida propia y uno nunca sabe cuáles serán sus resultados.

Estamos ante un mal uso de los mecanismos públicos a los efectos de hacer una zancadilla electoral. Es un uso irresponsable que ha sido condonado y aprobado incluso por el actual ministro de Defensa (José Bayardi) que ha salido un poco menos que a acusar al general Manini de atacar la independencia y el honor del Poder Judicial que en esto no tiene nada que ver porque los fiscales no dependen del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo y eso el ministro de Defensa debería saberlo. Eso ya nos habla de la forma desprolija e improvisada en que está siendo tratado este tema, simplemente con el afán de generar una zancadilla, un perjuicio electoral.

¿El sistema permite esa actuación de los fiscales? Porque hoy es el general Manini pero le puede pasar a cualquiera.

Esa ha sido parte de la controversia que rodea las iniciativas legislativas de este último período de gobierno con respecto a la justicia en general y las fiscalías en especial.

El hecho de tratar de jerarquizar la función de los fiscales en el marco del nuevo Código del Proceso Penal es un movimiento que tiene un sustento técnico y como en su momento fue señalado por el ex fiscal Enrique Viana, también tiene el lado oscuro de judicializar la función del fiscal y convertirlo en una suerte de censor o titular exclusivo de la iniciativa penal que lo vuelve prácticamente magistrado en todo menos en la función jurisdiccional. Eso fue señalado por el fiscal Viana como un peligro y ahora lo estamos viendo.