La Comisión en Diputados que investiga presuntas irregularidades en AFE, entre 2014 y febrero de 2020, creada hace unos dos meses, continúa trabajando, aunque no existe una fecha cierta para que llegue a una conclusión de lo que ha pasado con la empresa estatal. Un informe de la Auditoría Interna de la Nación, de 2023, señala en sus conclusiones que AFE desconoce el universo de los inmuebles que integran su patrimonio, no posee información confiable e íntegra sobre los bienes inmuebles de su propiedad, su valor patrimonial y catastral, así como sobre su disposición y estado.
Por otra parte, “los controles existentes no permiten conocer el estado de conservación actual de dichos bienes, quiénes son sus ocupantes ni asegurar el adecuado uso que se le da a sus instalaciones”.
AFE no sabe la cantidad de inmuebles que tiene arrendados y a esto se agrega, según la auditoría, “la ineficiente gestión de cobro genera incertidumbre sobre el principal ingreso que tiene hoy en día el organismo, en cuanto a los importes a percibir, su exigibilidad, así como sobre la disponibilidad de dichos bienes”.
El diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano es integrante de dicha comisión investigadora y dialogó con La Mañana sobre qué se ha podido saber hasta el momento de la situación del ente ferroviario.
“Lo que se nota es que cada uno de los testigos que ha pasado por la Comisión demuestra realmente la desidia en que está AFE. No se sabe cuál es el patrimonio real, no se tiene conocimiento de los inmuebles que tiene y existieron contrataciones a candidatos que estaban en diferentes listas, lo cual también es preocupante”, dijo el legislador.
Sodano indicó que se está analizando si existieron irregularidades que puedan dar lugar a una denuncia penal, pero por el momento no se ha llegado a una conclusión sobre esto.
“Acá hubo no solo desidia, sino también una sistematizada destrucción de AFE. Hay un descontrol total con lo que tienen que ver con los inmuebles arrendados y cuántos de estos tiene. Se empezó a través del Instituto Julio Ricaldoni, de la Facultad de Ingeniería, a efectuar un relevamiento para saber qué inmuebles había, pero eso nunca se terminó. En conclusión, ni AFE, ni el Estado, ni el país entero saben cuál es el patrimonio real de la empresa. Esto es una vergüenza total de lo que es la administración del Estado”. En un comienzo el estudio que nunca culminó había revelado que AFE tiene entre 1500 y 2000 propiedades.
Cuando se le pregunta a Sodano sobre qué ha hecho el actual gobierno frente a esta situación, indica “según dicen las autoridades de hoy en día, están haciendo relevamientos y han encontrado muchísimos lugares que pertenecen a AFE y de que los cuales se ha desalojado gente que los había ocupado”. El diputado cabildante solicitó las actas del directorio de AFE del período 2014 a febrero de 2020 y ahora piensa en pedir también las actas del actual directorio. No obstante, agrega que la información que se ha recopilado es por demás extensa (señala que son varias cajas) por lo cual llevará mucho tiempo analizar toda la información. Para Sodano, también sería necesario efectuar una auditoría a la actual administración para saber qué cambios se han realizado con base en las recomendaciones de la auditoría de 2023.
“Hay varias cosas que se deben considerar y es qué significa AFE para el Estado y cuánto le cuesta”, dijo Sodano. Cuando se le pregunta al legislador cabildante si la empresa puede tener el mismo destino que Pluna, dijo que no se puede contestar esa pregunta ya que no se sabe cuál es el patrimonio de la empresa de ferrocarriles.
“Fue como que vino Gengis Kan y arrasó con todo”
A una de las sesiones de la comisión investigadora concurrió el vicepresidente del gremio de trabajadores de AFE, Unión Ferroviaria, Mariano Pouso. Este señaló con respecto a la administración de los inmuebles que era “una debilidad institucional de AFE histórica. La gestión de los inmuebles y la cesión de bienes del ente en todo su proceso histórico de desmantelamiento… Si uno viera todo lo que fue ocurriendo a lo largo de los directorios –si alguien se tomara el trabajo de leer todas las actas que están archivadas– va a encontrar un montón de cosas que seguramente suenen como irregulares. Es un modo de funcionamiento”. A esto agregó: “Los que pagan por el uso de los inmuebles han sido los funcionarios a quienes se les ha alquilado viviendas, porque eso les viene descontado del sueldo. Después, la mayor parte de las personas o empresas se atrasaban en los pagos o no pagaban”. Esos alquileres son de propiedades que están al lado de las vías del tren y que terminaron, en algunos casos, siendo afectados por las obras de la vía de UPM. “Hubo algunos acuerdos [con los inquilinos] y también algunos desalojos. Asimismo, predios que estaban ocupados por bocas de droga también fueron desalojados”, dijo Pouso.
Sobre otros bienes de AFE, el dirigente sindical señaló que “hay un caso que es icónico, porque es terrible lo que pasó cuando empezó la obra del Ferrocarril Central”. Hizo referencia a un galpón (El Arriero), que estaba en el barrio Peñarol. “Era un galpón completo, que estaba perfecto, todo el techo era de chapa y la estructura era toda de chapa. Era un galpón perfectamente aprovechable. Sin embargo, cuando inició la obra, nadie se preocupó del galpón; se lo llevaron entero hasta el último tornillo”. Agregó: “El galpón fue saqueado y no para el bien público; fue para el bien del que tuvo la fuerza de ir a hacer eso. ¿El bien público cuál sería? Haber desarmado ese galpón y haberlo puesto en alguna institución que brindara esos materiales para cuando hubiera una inundación o a un barrio carenciado. No; fue la ley del más fuerte con ese galpón y con todo lo que era el triángulo Sayago. Había instalaciones completas; las casillas de señales fueron incendiadas, saqueadas y desmanteladas. En ese sentido, es lo que decía sobre el objetivo del Ferrocarril Central. Fue como que vino Gengis Kan y arrasó con todo”.
El camión que se doblaba
Uno de los hechos que más llamó la atención a varios miembros de la Comisión fue la compra de dos camiones a una empresa española que quebró y los cuales ya llegaron con defectos. El gerente general de AFE, entre 2015 hasta fines de junio de 2016, Américo Fernández, dijo en la Comisión que se compraron en la administración anterior (2005-2010), dos camiones biviales. Estos pueden circular en carretera o en las vías mediante unas ruedas especiales que se le extienden. A fines de agosto de 2015 se inauguraron. En un acto público debían circular sobre las vías, pero Fernández recuerda: “Estábamos observando toda la operativa de la presentación de las máquinas, con quien en ese momento era el gerente de Material Rodante, el ingeniero mecánico Fernando Silveira, y me acuerdo de que le dije: ‘Se está doblando ese camión’. Vimos cómo se estaba arqueando, se estaba alabeando –ese sería el término correcto– el camión y comentamos: ‘Tiene muy separadas las rueditas chicas’. Se trataba de las ruedas que van sobre las vías”. Los camiones serían después reacondicionados. Cuando se lo consultó sobre si el tema se había tratado en el directorio para ejecutar la garantía, el ex gerente general respondió: “Creo que se solicitó ejecutar la garantía y que se solucionaran algunos problemas, pero de todo lo que yo veía y escuchaba se deducía que no había pureza de intención en la empresa española, no actuaban de buena fe. Primero, dijeron que se habían doblado los diploris –esas rueditas de tren que bajan– porque lo habían tratado mal en el puerto y lo habían golpeado, lo que a la vista era ridículo: fue un problema de que estaba muy despatarrado el camión e hizo mucha presión. Y siempre daban evasivas. Y sé que después quebró la empresa. No avisó nada, dio concordato en España y dejó de contestar los mails”.
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