Análisis de lo expuesto por el Ministerio del Interior en la Comisión Permanente del Parlamento.
En términos generales y de manera coloquial: “Nada nuevo bajo el sol” o “Llovido sobre mojado”. Así pues, oficialismo y oposición ocuparon sus lugares en las trincheras –como si se tratara del frente de la Primera Guerra– cada uno de su lado de la grieta.
No obstante, pretendemos hacer unos comentarios y no pecar de obtusos. Entendemos que gobernar y dirigir una secretaría de Estado no puede conformar a todos, aún menos dejarlos contentos. Existe una graduación de conformidad y disconformidad ajustada a las estructuras ideológicas, los intereses de índole sociopolíticos, estratégicos, de perfil profesional, académicos y hasta electorales. Por todo lo cual tanto lo negativo como lo positivo de una gestión brindará sobrados elementos –para ser llevados como agua al propio molino– para los intereses de cada partido e incluso sectores de ellos. Podemos observar que, de manera patente, tanto los partidos fundacionales como la oposición terminan siendo coincidentes y en algunos casos incluso están declaradamente de acuerdo, aunque sea inconfesable.
Cabildo Abierto molesta. Porque en ese juego de opuestos parece que no cabe o no debe haber un tercero en discordia, otra vía o posición que no sume a uno u otro bando. En efecto, no somos obsecuentes, pero tampoco obcecados; no somos genuflexos, aunque tampoco orejanos, dado que cuando opinamos lo hacemos con un ánimo constructivo, aun cuando la crítica siempre pueda ser más o menos ácida.
Las opciones que tienen los líderes de equipos, incluidos los de gobierno, son dos bien definidas. Una consiste en elegir a todos los integrantes que piensen exactamente como el líder, sin ideas propias, amanuenses y apenas secretarios paseapapeles. La otra opción es rodearse del mejor equipo, diverso, con distintas visiones y que dé opiniones honestas, aunque difieran del eje preestablecido por el factótum. Por lo general, con una Constitución de neto corte presidencialista, la mayoría de las administraciones que recordamos han funcionado así, sea en menor o mayor medida.
El gran riesgo es cometer graves y profundos errores, dado que generalmente nadie quiere desafiar los preconceptos e ideas de quien manda. No se quiere sonar discordante, sonar atrevido o antipático, so pena de no mantener la cómoda poltrona y la zona de confort.
Cuando se trabaja realmente en equipo pueden, eventualmente, estar todos de acuerdo en una política, una estrategia, una planificación o incluso una operación. A pesar de todo, uno o dos deberán explorar la postura contraria, buscar otros caminos alternativos para reasegurar que si la evolución de las circunstancias no fuera la prevista se podrían manejar otras posibilidades de manera voluble, no totalmente forzada y más fácilmente. Por otra parte, como es sabido, las divergencias y variedad de opiniones siempre mejoran la calidad de la toma de decisiones.
De las variadas expresiones del ministro del Interior y su gabinete durante la comparecencia frente a la Comisión Permanente, hemos podido rescatar, sin duda para nuestra enorme sorpresa, el hecho de un anuncio que se alinea indiscutiblemente con una de las ideas fuerza que venimos planteando largamente, desde la firma del Compromiso por el País, durante el tratamiento de la Ley de Urgente Consideración, la Ley de Presupuesto en 2020 y las sucesivas Leyes de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de 2021 a 2023.
Y para nuestra gran sorpresa surgió, nada menos que de los labios del actual jefe de Policía de Montevideo, la enorme novedad de que en forma parcial y casi tímidamente se tomó fácticamente la dirección de una de nuestras ideas fuerza. Esto no hace más que fortalecer nuestra sólida argumentación y es apropiado para justificar aún más nuestra reiterada iniciativa programática de aumentar el dominio territorial, tal como hemos venido insistiendo desde hace ya cuatro años.
El senador y líder de nuestra colectividad política, general don Guido Manini Ríos, se reunió con todos y cada uno de quienes han ocupado la titularidad de la cartera del Interior: con el desaparecido doctor Larrañaga al principio del periodo, suplantado por Luis Heber a mediados de 2021 y, recientemente, luego de la salida del renunciante, el doctor Nicolás Martinelli. Se insistió cada vez, entre otros puntos, en el reforzamiento de las unidades básicas de operaciones de seguridad –las comisarías seccionales–, a pesar de que por la Ley Orgánica Policial promulgada por el Frente Amplio se les cercenó las funciones de prevención y represión, por lo cual las comisarías son apenas meras oficinas administrativas, receptoras de denuncias y recolectoras de información. Tan es así, que un día sí y otro también, los jefes y encargados de las casi tres centenares de comisarías deben oír los centenares y miles de requerimientos de los vecinos de sus jurisdicciones y repetir que nada o tal vez muy poquito pueden hacer, salvo que sea ante la comisión de un delito flagrante, debido a que carecen de sustento legal, al haber sido pésima o quizás pérfidamente redactado el artículo 25 de la Ley 19.315.
El problema con que cada ciudadano concurre a las seccionales es, sin duda, para él, el más importante del mundo. Por otra parte cuesta entender cómo a la piedra angular del sistema policial le han amputado, al menos caprichosamente –si no ignorantemente–, las funciones preventivo-represivas, tal como define la doctrina más recibida del Dualismo Funcional (Fentanes).
En 2019, en cada comisaría capitalina había en promedio 48 efectivos; por disposición del mando, para 2023 el promedio subió a 68. Es decir, la fuerza efectiva fluctuó de manera ascendente a un número superior al 31 por ciento en la cantidad de policías.
Ahora bien, de manera clara, concreta y concisa, el jefe de Policía de Montevideo, comisario general (r), licenciado don Mario D’Elía Billares, afirmó respecto del índice delictivo en ese periodo anual, y en virtud de sus órdenes de incrementar las tareas represivas por parte de las veinticinco comisarías seccionales montevideanas, que pasaron de lograr 1241 formalizados y condenados en 2019, a los 2615 en 2023. Nítidamente se denota una variación mayor del 117 por ciento.
A pesar de que el ideador de que los móviles policiales anden continuamente con el barral y los pica-pica encendidos pueda llegar a contrastar que no es bueno llevarse únicamente por la cantidad de formalizados, etcétera, la ciudadanía, a no dudarlo, duerme más tranquila cuando el ratero y los arrebatadores que operaban en el barrio están presos y no por discursos permisivos marketineros.
En suma tenemos –a confesión de parte relevo de prueba– que de manera empírica lo propuesto ha comenzado a funcionar y funcionara aún mejor si se le da el respaldo legal a través de una nueva redacción al efecto.
En virtud de lo expuesto, ¡teníamos razón! Como dice un colega, regalemos ideas, es por el bien de todos, sin soberbias; así que adelante Mario D’Elía.
En nuestra opinión se debería proceder a:
1) Ampliar todas las potestades preventivo-represivas de las unidades básicas, en vez de pretender desplegar a las Fuerzas Armadas como auxiliares de una Policía que no está desbordada en lo absoluto.
2) Incrementar la fuerza efectiva de las comisarías seccionales al doble del número de personal actual y proveer los medios logísticos imprescindibles en cada caso.
3) Revaluar las características según el territorio, la población y el ambiente operacional de cada jurisdicción para ajustar el perfil que cada una requiere.
4) No redistribuir las grandes unidades tales como GRT, PADO, etcétera, sino más bien reconfigurar seriamente el paradigma de despliegue y su metodología procedimental, para que puedan variar y pasar a tener una definición operativa que pase de prevención pura y reactiva a una prevención proactiva, que pueda mutar a la represión cuando eventualmente sea necesario.
Todo lo antes explicado viene a confirmar nuestras iniciativas en el sendero estratégico y táctico. Así pues se estima que:
1) El aumento del dominio territorial es posible, no solo en Montevideo y la zona metropolitana, sino en todo el país.
2) No es estrictamente necesario cumplir con el promedio internacional que marca que es requerido un efectivo cada quinientos habitantes. Actualmente en Montevideo (únicamente policías ejecutivos) hay uno por cada 375 vecinos.
3) El número de ejecutivos –uniformados– en las comisarías seccionales de Montevideo es de un 1600, por lo cual elevar esa cantidad al doble aumentaría a 5600 el total a desplegar en el departamento. La correlación quedaría en un policía cada 267 pobladores.
¿Por qué no? Si la pandemia golpea la puerta y vemos las barbas de nuestros vecinos arder… habrá que muñirse de las vacunas ahora, y no esperar a que las balas de plata no paren a la bestia. Podría ser muy tarde para muchos…
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