Entre los innumerables problemas que enfrenta Uruguay, por lo que repetitivamente los denominamos nuestros problemas estructurales, hay dos sectores de nuestra sociedad que vienen siendo, por sus características, los más afectados. Nos estamos refiriendo a niños y adolescentes de contextos vulnerables y a las personas mayores que viven con menos de 20 mil pesos y no tienen una red familiar de contención.
En distintas columnas hemos hablado del bajo crecimiento endémico que tiene Uruguay. En ese sentido, casi toda la sociedad comprende que el problema de la falta de competitividad, afectada por el costo país, por el atraso cambiario y también por la disfuncionalidad de nuestro sistema educativo en relación con la innovación y el desarrollo son la raíz del problema.
Ahora bien; ¿por qué es importante generar mayor crecimiento? La respuesta es evidente. Uruguay enfrenta el desafío de responder a demandas sociales que no admiten más espera, entre las que se encuentra la inseguridad, pero también políticas sociales que tengan como foco a la infancia y a los adultos mayores.
Los incendios sucedidos en el residencial para ancianos en el departamento de Treinta y Tres o en Salinas evidencian una realidad que parece no tener mucha prensa pero que afecta a varios miles de adultos mayores. Por si fuera poco, el 12 del corriente mes, también llegó a los medios la noticia de que una mujer de 85 años había muerto en un residencial clandestino de personas mayores en, otra vez, Treinta y Tres. Medios locales informaron que la anciana murió sin haber recibido asistencia médica y que cuando la Policía llegó se encontró con varias personas pasando frío y con malas condiciones de higiene.
De hecho, en nuestra edición anterior, en una nota realizada a Gerardo Notte, vicepresidente de la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (Aderama), pudimos saber que en Uruguay hay más de 1500 residenciales (más bien alrededor de 2000), pero solo unos 200 están totalmente habilitados. Según se desglosa en la referida nota, la mayor parte de las residencias para adultos mayores no puede cumplir con los requisitos, principalmente por un tema económico.
En esa línea, los directivos de Aderama solicitaron a economistas de la Cámara de Comercio una paramétrica en el 2022. El resultado fue que un residencial que cobra 35 mil pesos necesita 16 residentes para llegar al punto de equilibrio con todos los requisitos que debe cumplir. “¿Cómo hacen los residenciales que cobran 15 o 20 mil pesos y tienen 10 residentes? No cumplen con nada”, respondió el entrevistado en aquella ocasión.
Ahora bien, veamos algunos números. En Uruguay hay 228.276 jubilados y, de esa cantidad, unos 150.000 cobran la jubilación mínima, que ronda los 18.000 pesos. Entonces, uno puede ver que hay 150 mil personas mayores que, de no tener una contención y un apoyo familiar, no solo se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, sino también, como hemos visto, pueden terminar en una casa de salud que no cumple con las mínimas garantías.
Por otro lado, el trágico fallecimiento de una adolescente de 16 años en Rivera que había estado bajo la órbita del INAU, junto a otras noticias referidas a hechos de violencia que suceden en centros de estudios y en sus cercanías, vuelve a poner en relieve las falencias del Estado. Y, sin lugar a duda, ambas franjas etarias a las que nos hemos referido, tanto niños y adolescentes como adultos mayores, por sus características –pues unos siendo menores de edad no pueden trabajar y los otros no están ya en edad de hacerlo– deberían ser una prioridad.
Según datos del INE, en nuestro país hay 619.967 jóvenes, de los cuales 157 mil viven por debajo de la línea de la pobreza. Y 30.000 lo hacen en condiciones de “emergencia habitacional”. A su vez, la situación en los centros de estudio, que eran una vía de escape para aquellos jóvenes que vienen de contextos disfuncionales, están empeorando. La percepción de inseguridad dentro de los liceos ha crecido de manera alarmante en pocos años. Según la encuesta Aristas de 2022, en la que se preguntó a los estudiantes cuáles eran los lugares más peligrosos en los centros de estudio, el caso del salón de clases que en 2018 era 9,3%, pasó en 2022 al 12,1%. El patio pasó de 9,4% a 13,9%, y los baños se tornaron el lugar más peligroso pasando de 19,8% en 2018, a 24,2% en 2022. Sin embargo, en la encuesta no se ahondó en los porqués de esta sensación de inseguridad, ni tampoco en aquello que ocurre en las cercanías de los centros de estudio.
Por tal motivo, nos parece que el artículo del expresidente Dr. Julio María Sanguinetti titulado “La educación y la República”, publicado en El País, en referencia a una comunidad menonita que se niega en enviar a sus niños a la escuela, debería haber tenido en cuenta la realidad de las escuelas públicas en nuestro país. Estamos de acuerdo en la esencia y el valor que la educación pública debe tener y ha tenido en Uruguay, pero también hay que abrir los ojos y ver lo que está pasando, lo que padecen algunos jóvenes en los centros de estudio, donde se debería garantizar, sino el acceso a la cultura y al conocimiento, al menos un marco de seguridad y contención.
No obstante, más allá de las políticas que el Estado pueda promover desde sus institutos, parece evidente que la base del problema de las infancias como el de los adultos mayores está en el menoscabo que la familia que venido recibiendo en las últimas décadas. Porque parecería claro que una sociedad constituida en su mayoría por familias fuertes es una sociedad cuyos lazos y estructura tienen mayor resiliencia frente a factores externos imprevistos o diversas contingencias. En esta línea, hay que decir que hay algunos actores de la sociedad civil, como la fundación Astur, que tiene como uno de sus objetivos el bienestar de la vejez, ha considerado que la soledad es unos de los problemas clave que enfrentan los adultos mayores. Por esa razón, no sería extraño pensar que una política de Estado que ponga foco en la familia debería, a la larga, dar resultados positivos para los dos sectores mencionados y supondría, en el mediano plazo, menos costos para el Estado.
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