Las recientes capturas de cargamentos de cocaína y marihuana en Europa y la región han ubicado a Uruguay en la ruta del narcotráfico. ¿Se ha comprendido la dimensión de estas amenazas aquí? Más de 30 años de descuido y la incomprensión del liderazgo han generado un lugar poco hostil al crimen organizado trasnacional.
No estamos solos. Al respecto resulta interesante este párrafo de la publicación “Desafíos y Amenazas a la Seguridad en América Latina”. “Actualmente, 38 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en América Latina. En los países altamente afectados por el narcotráfico, como México, Colombia y Brasil la violencia delictiva genera costos que se estiman en 3.5 % del Producto Bruto Interno (PBI). Gran parte de esta violencia está asociada especialmente al tráfico de cocaína. Este ciclo expansivo del narcotráfico potencia el accionar del crimen organizado, facilitando un fenómeno de creciente preocupación: la confluencia o convergencia criminal. Dicha confluencia criminal opera en tres niveles: en las rutas utilizadas, entre las organizaciones criminales (local e intercontinentalmente) y en áreas de baja gobernabilidad que son aprovechadas por amenazas no estatales como el terrorismo”.
Nos cuesta creer que dejamos de ser un país seguro, pero en realidad hace tiempo que nuestros controles son muy laxos fundados en una baja percepción del riesgo de las autoridades dando origen de las inseguridades que se padecen. Palmariamente, un jerarca del Ministerio del Interior ha declarado en 2022: “Los traficantes extranjeros aprovechan la porosidad de las fronteras que Uruguay comparte con Argentina y Brasil. Y usan a Montevideo como base de operaciones para el narcotráfico y la logística”. Solo ha sido una descripción y no se ha materializado en estrategias orientadas a debilitar y disminuir este flujo a pesar de sucesivas advertencias. La última la realizó el exconsejero político de la Embajada de EE.UU. en Uruguay, Eric Geelan, advirtiendo en una conferencia realizada en junio de este año, que “hay una tendencia a pensar que lo que ha pasado en otros lugares no pasará en Uruguay y lamento decirles que no es así”, a lo que agregó que “en Uruguay todos los días hay sicarios matando gente y esos son actos del crimen organizado. Son mensajes, actos de un negocio criminal y no puede suceder sin lavado de dinero”.
No se agota en el narcotráfico y su negocio lucrativo. La comunidad está sufriendo sus daños por esta creciente actividad. También dijo claramente: “El lavado de dinero en Uruguay, algo que no es una cosa de cuello blanco, no es una cosa sin víctimas, sino que está relacionado al narcotráfico”. Explica gran parte de los homicidios (ajustes de cuentas) con tendencia creciente en zonas puntuales de la Capital. Allí hay disputas territoriales ejerciendo una violencia desconocida para la comunidad.
Una estrategia que enfrente y debilite de estas organizaciones es imperiosa. Pero la realidad ha sobrepasado la capacidad de reacción, en un tema que se ha politizado como parte del menú electoral para el próximo año. Autoridades y oposición intercambian argumentos cuantitativos derivados de estadísticas ensayando debates políticos sin articular soluciones. Cuesta que se advierta lo cualitativo en la naturaleza criminal como si solo se tratara de homicidios.
No desarrollamos aún un enfoque más cualitativo que cuantitativo. Si bien los niveles de violencia contra las drogas en Uruguay son inferiores a otros vecinos, el comportamiento criminal de sus narcotraficantes emula estrategias tempranas bien documentadas en otras partes de la región. De mantenerse la tendencia sin acciones concluyentes, es cuestión de tiempo para que se reproduzcan los niveles y prácticas de los países mencionados.
Comprender bien este contexto e identificar precisamente el problema es una tarea pendiente. El volumen de capturas en Uruguay, así como en Europa proveniente de Uruguay y en países de la región con destino a Uruguay, han sido muy considerables recientemente. Adicionalmente la presencia de importantes criminales de cárteles regionales e internacionales son claros indicios de agravamiento. Mencionamos las fugas inexplicadas (Rocco Morabitto de la ‘Ndrangheta de Italia, Yehoram Alal de Israel); los débiles controles en fronteras, incluyendo las sucesivas dificultades para la obtención de escáneres portuarios; las entregas de pasaportes a reconocidos narcotraficantes; las reuniones entre el líder de los “Cuinis” de México, González Valencia con Rocco Morabitto, mientras ambos estaban detenidos en Montevideo en diferentes lugares sin conocimiento del Poder Judicial y la lentitud de su investigación; colocando al país en un bajo nivel de seriedad, control y poca reputación en seguridad.
Otras variables integran el problema en Uruguay. En primer lugar, la presencia de importantes grupos criminales operando en las cercanías de nuestras fronteras, como lo es el Primeiro Comando da Capital de Brasil, la mayor organización criminal de Latinoamérica con presencia en Uruguay. En segundo lugar, el crecimiento de producción de cocaína y marihuana en centros cercanos desde donde se abastecen los mayores mercados (Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay). En tercer lugar, las rutas terrestres, fluviales y aéreas, organizadas y materializadas desde hace tiempo, que comunican esos centros productivos con los puntos de salida hacia otros continentes (Puertos, Costas, Aeropuertos, Aeródromos) facilitadas por los controles laxos o ausentes del Uruguay en vastas áreas terrestres, espacio aéreo y costas despobladas sin vigilancia para proyectar cargas a la navegación oceánica. En cuarto lugar, las serias vulnerabilidades que tiene el país para el combate al lavado de activos, lo que no es menor.
Esto es claramente percibido en Europa, principal destino del tráfico ilegal. Así lo comentó el influyente del periódico británico Financial Times: “una problemática que era monopolio de México y Colombia se extiende a lo largo del continente”. En particular, el artículo destacó el hecho de en Uruguay, “la Suiza de América”, aparecieron 14 cadáveres en un período de 10 días, tres de ellos quemados y uno desmembrado. Por otro lado, se menciona que Uruguay se incorporó a la lista de “‘segunda ola de puertos utilizados para el envío de cocaína’ hacia Europa, en conjunto con Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador y Costa Rica. Ninguno de ellos son grandes productores, debido a que las salidas utilizadas en una primera instancia por parte de los narcotraficantes alcanzaron índices de incautación de entre 20% y 25%, lo que provocó una redirección de la droga hacia nuevas rutas de salida, entre ellas la terminal portuaria de Montevideo”.
Nuestras autoridades parecen no percibir la gravedad de esta amenaza. Se ensayan explicaciones sobre homicidios, con argumentaciones políticas ante la oposición quienes dejaron crecer el problema. Han intentado elaborar textos con ideas desde lo académico, para disminuir los homicidios cuyas cifras golpean políticamente, con propuestas de gran ingenuidad con un amplio desconocimiento de la realidad y orientadas a disminuir efectos políticos y no a atacar la amenaza como tal. El desconocimiento sobre cómo funciona la seguridad, sumado a la inexperiencia en el terreno y la inmediatez política explican algunas propuestas que indican la ausencia de un horizonte serio para enfrentar la confluencia criminal que padecemos.
Uruguay, otrora considerado una excepción, integra esa confluencia proporcionando rutas, áreas de baja gobernabilidad rezagada en controles más la presunta presencia de una organización criminal local en conexión con las regionales. Son los tres elementos descriptos en la publicación mencionada al principio del artículo.
Mientras no se identifique claramente el problema y su gravedad, implementándose mecanismos de respuesta, coordinados regionalmente y orientados el centro de la amenaza, Uruguay continuará siendo parte del problema y de la logística del narcotráfico.
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