La salida no es cambiar de nombre al CFE; es cambiar la gobernanza. Estas son las preguntas que Uruguay debe responder si quiere una universidad seria y democrática.
La separación del director del IPES, Claudio Rama, reabrió un debate que trasciende un caso personal. Lo que está en juego no es solamente un procedimiento administrativo, sino la forma en que se gobiernan nuestras instituciones educativas y el nivel académico de quienes toman decisiones en nombre del Estado.
Hoy, Rama es la persona con mayor formación académica dentro de la ANEP. Sin embargo, el Consejo de Formación en Educación (CFE) no cuenta con ningún miembro con doctorado en Educación. Surge entonces una pregunta esencial: ¿cómo puede una institución conducir la formación docente y proyectar una futura universidad si no integra a académicos de la más alta jerarquía en su órgano de gobierno?
La realidad muestra otra lógica. El requisito prioritario para acceder a cargos no es la excelencia académica, sino el aval político. Y quienes ingresan a dirigir institutos se encuentran sometidos no solo a un estatuto administrativo, sino también a la voluntad política de consejeros con menor formación académica. ¿No es contradictorio que las decisiones estratégicas recaigan en quienes tienen menos trayectoria que los académicos a los que deben conducir?
Los concursos tampoco escapan a este dilema. Son precarios y en muchos casos no es posible conformar tribunales con tres doctores (doctorados académicos, no abogados con título de grado en Derecho) de alta jerarquía e independencia partidaria. ¿Cómo asegurar la transparencia y la calidad de los procesos en esas condiciones? ¿Qué confianza puede inspirar un sistema donde los errores administrativos se repiten y la lentitud burocrática desanima cualquier innovación?
El CFE funciona dentro de la estructura de la ANEP, cuyo órgano de cúpula es el Consejo Directivo Central (Codicen). Se trata de un esquema de gobernanza en capas: cada nivel responde a otro, sin verdadera autonomía académica. Y los integrantes de estos órganos –que conducen todos los niveles del sistema educativo nacional a través de Direcciones Generales y del propio CFE para la formación docente– no necesariamente cuentan con la formación académica de más alta calificación para gobernar un sistema de esta magnitud.
En paralelo, se anuncia la creación de la Universidad de la Educación. Pero cambiar el nombre del CFE por el de “Universidad” no resuelve nada. La clave está en el modelo de gobernanza. ¿Qué tipo de autonomía se propone? ¿Será una autonomía plena, con órganos diversos, contrapesos externos y responsabilidad pública, o una autonomía de fachada que repita los vicios actuales?
Blindar la libertad académica es indispensable. Sin embargo, la autonomía sin contrapesos puede volverse un escudo para la discrecionalidad. El riesgo es fundar una universidad que en lugar de ampliar las libertades democráticas termine consolidando prácticas de control partidario bajo el ropaje de la autonomía universitaria.
La experiencia internacional muestra caminos distintos. Allí donde se ha logrado consolidar universidades públicas de excelencia, las reglas han sido claras: órganos de gobierno con mayoría de integrantes altamente calificados, presencia de académicos externos, tribunales independientes, protocolos transparentes y mecanismos de evaluación periódica.
¿Estamos dispuestos en Uruguay a dar ese paso? ¿O vamos a repetir un esquema donde funcionarios se adueñan de las instituciones y utilizan mecanismos discrecionales para perpetuarse en el poder? Por más comparecencias parlamentarias, nada cambia si la arquitectura de gobierno mantiene la misma hegemonía y los mismos déficits.
El Estado uruguayo carga con una omisión histórica: no ha asegurado que las instituciones de educación superior se rijan por estándares de calidad académica y transparencia al nivel de las mejores universidades del mundo. Sin ese salto cualitativo, cualquier nueva universidad corre el riesgo de nacer atrapada en las mismas trampas que hoy generan desconfianza.
La pregunta de fondo es ineludible: ¿queremos una Universidad de la Educación para fortalecer la libertad académica y la formación docente, o estamos consagrando un simulacro que blindará la discrecionalidad bajo la apariencia de autonomía?
El desafío es institucional, pero también democrático. Uruguay tiene una oportunidad histórica. Aprovecharla dependerá de nuestra capacidad de responder con honestidad y convicción ética a estas preguntas.
