El oficialismo aprobó con votos del Frente Amplio un proyecto de ley contra la usura. La iniciativa fue apoyada por Cabildo Abierto, aunque tanto el diputado Álvaro Perrone como el propio senador Guido Manini Ríos declararon que si bien este proyecto busca solucionar a futuro el cobro de intereses excesivos, no es una solución para el problema del endeudamiento que aqueja a nuestra ciudadanía.
Parece evidente que la iniciativa de Cabildo Abierto para juntar firmas contra la usura y por una deuda justa ha generado cierta incomodidad en algunos segmentos de nuestro sistema político. También parece haberlo hecho sobre las mismas financieras que se encargan de realizar esta clase de préstamos rápidos. Porque es obvio: donde hay intereses económicos que se maximizan justamente por la falta de control del Estado, la mera presencia de este último se transforma en una amenaza.
No obstante, esta postura también podría deberse a que el problema del endeudamiento privado estuvo invisibilizado durante más de una década, y ninguno de los partidos políticos que estuvo presente en todo este tiempo consideró el tema, dejando a la población no solo presa de su propia ignorancia, sino también en manos de ávidos intereses económicos.
De hecho, en España, un país en que el auge de los créditos rápidos comenzó en la misma época que aquí -año 2007- el crecimiento del endeudamiento privado en poco tiempo hizo encender algunas alarmas. Y ya desde la década pasada aparecían publicaciones que alertaban sobre los peligros de las financieras que otorgan un crédito fácil de recibir, pero difícil de pagar. Así, en agosto del año pasado en su página web el Banco de España publicaba: “Tantas facilidades a la hora de la concesión de estos créditos (inmediatez, pocos trámites, pocas exigencias económicas) tienen un precio: han de devolverse en muy poco tiempo, a un tipo de interés alto y con elevadas comisiones que dan lugar a una Tasa Anual Equivalente también por las nubes, reflejo fiel del coste elevado al que se nos ha concedido este préstamo. Por todo ello, antes de contratar un crédito rápido, es importarte asegurarnos de cuál va a ser la cantidad de la que realmente vamos a disponer, la cuota que vamos a pagar y, sobre todo, ser conscientes del precio al que nos están prestando el dinero. Por último, es importante señalar que la mayoría de las empresas que conceden este tipo de financiación no están supervisadas por Banco de España, ya que no es una actividad reservada únicamente a las entidades financieras”.
Y El Economista acompañó este comunicado de prensa con una columna en la que detalladamente exponía cuál era la peligrosa situación a la que se exponían aquellas personas que por diversas circunstancias terminaban aceptando préstamos de estas entidades financieras. Al mismo tiempo se recalcaba que la tasa de intereses a pagar por créditos al consumo que superaba el diez por ciento puede calificarse sin lugar a duda como usura.
En definitiva, el problema del endeudamiento privado tiene muchas aristas, y hay un componente importante ligado a la educación financiera. Pero si tan importante era este factor, una vez que echó andar la ley de 2007, se debieron haber tomado los recaudos necesarios, siendo quizás precisa la realización de campañas publicitarias alertando sobre los peligros de los créditos rápidos, y por qué no, trabajos académicos que estudien y analicen desde distintas disciplinas el problema.
Sin embargo, cuando Cabildo Abierto comenzó a poner luz sobre esta situación –que estaba aquejando a un enorme porcentaje de uruguayos– y presentó al Poder Legislativo su primer proyecto de ley al respecto en 2020 al inicio de esta legislatura, cuando se estaba lejos de cualquier pretensión electoral, la actitud del establishment político fue en principio agria, aunque con el tiempo fue variando, pasando del rechazo inmediato, a una postura que pretendió ser más abierta y que luego terminó diluyéndose.
Así, tras dos años de espera, el proyecto de Cabildo que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado sorpresivamente naufragó en su vuelta al pleno de la cámara, donde por otra parte tuvo tratamiento bochornoso.
Entonces, por arte de magia aparecieron distintos proyectos que pretendieron dar una señal a la opinión pública. Pero tan solo eso. Uno fue presentado por el Frente Amplio, que cambiaba y añadía algunas cosas al de Cabildo. Y otro fue el esbozo de proyecto de Peña que fue catapultado en su momento, siendo desenterrado hace poco, dadas las circunstancias: el número de firmas contra la usura que no para de crecer.
Pero probablemente lo sustancial es que a gran parte de nuestro sistema político no solo le cuesta encontrar una salida a este problema técnicamente, sino que parece no considerar importante la situación fragilidad en que se encuentran alrededor de setecientos mil uruguayos mayores de edad. Y por eso las razones que se escucharon en aquel momento contra la iniciativa presentada por Cabildo, se parecían más un ejercicio admonitorio, en el que se enumeraban diversos peligros. El principal de ellos, el aumento del préstamo informal, pero dicho supuesto no estaba probado ni contrastado con ningún dato de la realidad, y solo configuró un discurso en favor de la usura.
Y tal fue así, que nada se dijo de la realidad y del sufrimiento de las personas a las que se les postergaba una solución. Al contrario, dentro de las argumentaciones que se imputaban al proyecto, hubo algunas que no ocultaban cierta misantropía, enunciando que el problema del endeudamiento no iba a terminarse con las reestructuras porque las personas seguirían endeudándose para aprovecharse de la nueva situación. Algo así como decir que a la gente no hay que darle segundas oportunidades.
Tampoco se puso a consideración el efecto que tuvo la pandemia sobre el mercado laboral uruguayo. La realidad que las personas cuentan una y otra vez es casi siempre la misma: la pérdida del empleo fue determinante para caer en la calesita de los préstamos rápidos.
Ahora bien, resulta preocupante que en Uruguay la discusión abordada por el sistema político sobre el endeudamiento privado no se desarrolló ni se desarrolla con base en razones económicas, sociales o sanitarias, ni mucho menos antropológicas y filosóficas, sino más bien según ciertas afinidades políticas e intereses electorales.
Una ley timorata
La Ley Peña (Partido de la Gente) que fue aprobada en Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio el martes 5 de diciembre, establece algunos cambios a la Ley 18.212, que fue aprobada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y que posibilitó el cobro de extraordinarias tasas de interés y usura. Dándole a las financieras una franca libertad para operar en nuestro territorio y convertir a nuestra población no solo en rehén del mercado de los créditos rápidos, sino también en un jugoso botín.
Sin embargo, aunque esta ley pretenda limitar las tasas de interés medias y los topes que las mismas puedan alcanzar, y que disponga algunas medidas para proteger a los deudores, no desarrolla ningún instrumento para solucionar el problema de los que ya están endeudados. Por lo que, más allá de que se apruebe, el número de deudores irrecuperables se mantendrá igual. Y eso que puede sonar marginal, debería ser una prioridad en un país de tres millones y medio de habitantes.
Por otra parte, una de las carencias primordiales de este proyecto es que deja afuera a los organismos estatales –con la consabida voracidad de BPS y DGI– cuando juegan de acreedores, dejando al margen justamente, a la usura estatal. Y lo que hay que comprender de una vez por todas es que el abuso de la usura es condenable provenga de quien provenga.
Pero lo curioso del caso es que el proyecto parece ser una ley que busca hacerle una tapadera a la ley del astoribergarismo de 2007. Y no deja de ser un mero ad hoc. Entonces cabe preguntarse: ¿no es curioso que los dos partidos que han estado al frente del Ejecutivo en las últimas legislaturas sean los artífices de esta política timorata? Sobre todo, cuando sabemos bien que las retóricas de ambos partidos son opuestas.
El costo social de tener una población endeudada
Lo que pocos quieren admitir es que Uruguay no puede seguir por este camino. Cada uno de los pilares de la república está siendo menoscabado, no de ahora, sino desde hace ya casi dos décadas. Y así nos encontramos con que tenemos alrededor de trescientos mil pobres y setecientos mil endeudados irrecuperables en un mercado laboral que tiene plazas para poco más de un millón y medio de personas. Pero peor todavía es que sesenta por ciento de los que están en el Clearing son personas menores de 35 años, por lo que estás personas de no encontrar una solución que les permita reestructurar sus deudas estarán no solo en una situación de marginalidad frente al sistema financiero, sino que esa misma marginalidad les va a impedir a futuro acceder a los mínimos servicios públicos, como puede ser abrir una cuenta de OSE o UTE a su nombre.
Entonces nos encontramos, obviamente, con una economía que no funciona bien, esto dicho por exportadores y productores. Una justicia que no está funcionando bien, dicho esto por fiscales y abogados. Tenemos una seguridad pública muy cuestionada y donde se improvisa con ideas de mala calidad como lo de los allanamientos nocturnos, eludiendo la opinión de la gente que viene investigando este tema desde el inicio de esta legislatura. Y una educación de la que todavía estamos esperando los resultados.
Lo que nos lleva a pensar si acaso no sería el momento adecuado para que quedaran de lado las ideologías y los personalismos políticos, porque parece obvio que, de seguir así, no cambiaremos nuestra tendencia.
Aunque como ya se percibe, al menos intersubjetivamente, el Frente Amplio ya se siente cerca del sillón presidencial. Y parece lícito considerar que su apoyo a este proyecto de ley tenga que ver con las cuentas que están haciendo para los próximos cinco años. No vaya a ser que les cambien las reglas de juego justo ahora que se imaginan tan cerca de volver…
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