El pasado viernes 26 de septiembre, el candidato a la presidencia Guido Manini Ríos y algunos de sus asesores, participamos en una reunión con el Cardenal Daniel Sturla y parte del equipo de “Iglesia en diálogo”. Este equipo viene manteniendo reuniones con los presidenciables a los efectos de compartir con ellos un documento titulado “Aportes para el Uruguay 2020- 2025”. El mismo contiene doce propuestas de la Iglesia Católica en distintas áreas, que fueron elaboradas en el marco del “Diálogo Social” convocado por el Dr. Tabaré Vázquez en 2016. Interrogados por Manini sobre la respuesta del Poder Ejecutivo a las 12 propuestas, los referentes de “Iglesia en diálogo” informaron que, hasta el presente, el gobierno no ha demostrado interés en ellas.
Lo conversado en la reunión, nos llevó a reflexionar sobre un tema que a nuestro juicio es clave en estos encuentros con los presidenciables: nos referimos a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado.
Antes de continuar, conviene aclarar que muchas de las afirmaciones que siguen pueden aplicarse tanto a la Iglesia Católica en particular, como a otras religiones presentes en el país que, con seriedad y entrega sincera, procuran servir a sus conciudadanos tanto en el plano material como en el plano espiritual.
La Iglesia Católica está separada del Estado desde 1918. Así lo establece el Artículo 5º de nuestra Constitución: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones.”
Ni de la letra, ni del espíritu del texto constitucional, se desprende una actitud de hostilidad o rechazo hacia la Iglesia Católica o hacia las religiones en general. El hecho de que el Estado haya cedido a la Iglesia Católica el dominio sobre prácticamente todos los templos construidos con fondos del “Erario Nacional”, y la exención de impuestos a los diversos cultos religiosos –cuestionada por algunos integrantes del gobierno actual- habla más bien de un espíritu de respeto y cooperación mutua. Asimismo, afirmar que “el Estado no sostiene religión alguna”, no significa que sea contrario a las distintas manifestaciones religiosas, sino simplemente, que el Estado como tal, no adhiere ni promueve oficialmente a ninguna de ellas.
Pese a que el texto es claro, en muchas ocasiones a la Iglesia Católica se la ha tratado con menos espíritu de cooperación y más hostilidad de lo que establece establecido nuestra Carta Magna. Ejemplos de ello pueden haber muchos, pero preferimos centrarnos en el «deber ser», en la cooperación entre buenos vecinos, en la «laicidad positiva».
La Iglesia y el Estado, tienen como misión servir a la sociedad. La primera en el orden espiritual, y el segundo en el orden temporal. ¿Por qué entonces, no actuar como buenos vecinos que se apoyan mutuamente? Hay muchas iniciativas eclesiales que le ahorran ingentes sumas de dinero y recursos humanos al Estado, y esa es sin duda, una contribución de enorme importancia para las arcas del Estado. Sólo en Montevideo, y sólo en la Iglesia Católica, hay 123 obras sociales que impactan positivamente en la vida diaria de decenas de miles de ciudadanos. Y por eso, lo primero es desterrar de cuajo la peregrina idea de retirar las exenciones impositivas a las instituciones religiosas. Una vez aclarado ese punto esencial, es posible encontrar innumerables formas de cooperación entre la Iglesia y el Estado.
Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo material que despliega la Iglesia como servidora de los orientales desde que la Patria se estaba gestando, hay otro aporte mucho más importante, en el que la Iglesia ha sido y es, desde todo punto de vista, insustituible.
Ocurre que el Estado, puede llegar a impartir la más perfecta justicia entre los ciudadanos. Puede incluso, alcanzar logros nunca vistos en materia de justicia social. Pero no sólo de pan vive el hombre… y el Estado, en la medida que debe ser neutro, equidistante de toda religión y por tanto frío… no puede dar «amor».
¿Quién, si no la religión es capaz de dar al hombre un sentido a su vida? ¿Quién sino la Iglesia es capaz de aportar a la sociedad ese «plus» de amor que no puede dar el Estado, y que es condición sine qua non para alcanzar una existencia plena?
Se tenga la creencia que se tenga ¿quién puede negar que la preocupación más sincera, generosa y abnegada por el bien del otro, por el bien del hermano -hijo de un mismo Padre-, se verifica sobre todo en aquellas personas y en aquellas instituciones que sirven a los demás por amor? ¿Acaso miles de santos no entregaron heroicamente sus vidas por el bien de sus hermanos? ¿Por qué lo hicieron? Lo que siempre ha llevado a los cristianos a amar a los demás hasta dar la propia vida, es pensar en ellos como personas con alma inmortal, por cuya suerte temporal y eterna, algún día habrán de dar cuenta ante Dios. Eso, no puede darlo el Estado.
De ahí la importancia mayúscula de una cooperación mutua, sana y positiva entre Iglesia y Estado. Porque así como el alma es necesaria para la vida del cuerpo, así la Iglesia es necesaria para la vida de la Patria. ¿Acaso no es la Iglesia la “partera de la Patria” ?
Quien se ha referido con frecuencia a la Iglesia como “partera de la Patria”, es el Cardenal Daniel Sturla.
