El capitalismo se basa en el reconocimiento de un derecho natural del hombre: la propiedad privada. Mientras Marx sostiene la abolición de la propiedad privada en su manifiesto del Partido Comunista, los católicos hemos sostenido que es un derecho humano fundamental. Por su lado, el liberalismo concibe la propiedad privada como un derecho absoluto que no admite limitación ni control alguno. Ante los abusos permitidos por dicha concepción, el socialismo pretende remitir al Estado la propiedad de todos los bienes y servicios. ¿Existe otro camino? La limitación socialista al derecho de propiedad supone una limitación excesiva que implica cercenar radicalmente la libertad del hombre de servirse de los bienes económicos para vivir y realizarse como persona. Como ha señalado la doctrina social católica, la solución a los abusos no es la negación de la propiedad privada, sino someter su uso a la regulación de la ley moral y social, consagrando la reciprocidad y equivalencia de las prestaciones o la reciprocidad en los cambios. El derecho primario del hombre es al uso de los bienes para la conservación de la vida, antes que lo relativo a la vida económica. Para evitar el uso egoísta de los bienes materiales y sus consiguientes abusos, se consagra la función social de la propiedad, que se complementa con su función personal, ordenándose así no solo a la satisfacción de las necesidades individuales, sino también el bien común. Por ello, es necesario que el derecho de propiedad se encuentre al alcance real de todos y no se constituya en una mera ilusión.
Es entonces importante la difusión de la propiedad, permitiendo el mejor y mayor alcance a ella por la generalidad de los hombres. Como decía Carlos Sacheri, un notable filósofo argentino asesinado por el ERP, “el mecanismo del mercado falto de regulación moral y social, según las premisas del liberalismo económico, tiende a mantener a los trabajadores en su condición de meros asalariados y traba su progreso”. Por ello, desde la Rerum Novarum de León XIII, la distribución efectiva de la propiedad a todos los sectores sociales ha sido una exigencia de la doctrina social de la Iglesia.
El célebre Hilaire Belloc, en su obra La restauración de la propiedad, aboga por la difusión de la propiedad en la Inglaterra de su época, diciendo, “que esa amplia difusión de la propiedad como requisito de la libertad es necesaria para la satisfacción normal de la naturaleza humana”. Agrega el mencionado autor que “para restaurar el sentido de la propiedad en un país víctima de un capitalismo depredador, en el cual un número determinante de sus ciudadanos se encuentra en la condición de proletario, esto es, esclavos asalariados, lo primero es tratar de que sean derrotados los ataques contra el pequeño propietario y los intentos de destruirlo por parte de los poderosos”. Esto es lo que está sucediendo en nuestra patria, donde entidades poderosas, ejerciendo abusivamente el derecho de propiedad, vienen destruyendo la pequeña y mediana empresa. Ello acaeció durante el gobierno del Frente Amplio, que enarbolando engañosamente las banderas de la justicia social permitió a las multinacionales forestales y fondos de inversión extranjera adquirir miles y miles de hectáreas, alrededor de un millón y medio de hectáreas, desplazando a innumerables pequeños y medianos productores. Así comenzó un fenómeno de concentración de la propiedad, que es notorio en la industria frigorífica, donde esta no solo se concentró, sino que también se extranjerizó, también se agudizó con la proliferación de grandes superficies que van destruyendo el comercio de cercanía. Son innumerables las ramas de actividad económica donde la propiedad concentrada progresivamente ha socavado a la pequeña y mediana empresa. Así han proliferado las cadenas de farmacias, de comidas rápidas, etcétera, en un fenómeno de concentración de la propiedad que reduce a los pequeños y medianos propietarios a la condición de asalariados de poderosos grupos económicos, desvirtuando el sentido de la propiedad que hace a los seres humanos más libres y menos dependientes.
Por cierto que nos negamos a que la solución sea la socialista, que Belloc resume en “ya que debe haber monopolios, permítasenos por lo menos poner esos monopolios en manos del Estado y no en los de unos pocos millonarios”. Esa es la decisión que no resuelve el problema, sino que lo agrava o perpetúa concentrando el poder económico y político en una reducida cantidad de personas y marginando a su vez a las grandes mayorías.
Porque entendemos que se debe proteger a la pequeña y mediana empresa, en la sesión del Senado de la República del pasado 6 de febrero, en forma solitaria, en el marco de la Coalición Republicana y ante la ausencia de los senadores del Frente Amplio, fuimos el único voto en contra del proyecto llamado de Plataformas Digitales, cuyo nombre real es “Servicios de Entrega de Bienes o Transporte Urbano y Oneroso de Pasajeros”. Votamos negativamente porque entendemos que estas plataformas ya en el transporte han deteriorado un tipo de empresa que puede ser un modo de distribuir la propiedad, como lo es el taxímetro, en beneficio de empresas llamadas digitales cuyos propietarios no conocemos, presumimos que no se encuentran en nuestro país y a los que resulta difícil hacer tributar. En otra rama de la actividad económica, conocida como delivery, los anglicismos se nos imponen como parte de un colonialismo cultural actual, parece sustituirse a los viejos repartidores de farmacias, almacenes, etcétera. Empresas anónimas, impersonales, sustituyen al viejo relacionamiento de comerciantes y repartidores, lucrando en una intermediación que condena a la precariedad a cientos de trabajadores. Con el proyecto de ley aprobado, buscando un gol sobre la hora, este gobierno pretende resolver los intereses de las empresas digitales partidarias del proyecto, para intentar determinar los juicios pendientes o en ciernes, por los que se reclaman haberes laborales. Es claro que no existe un clamor popular por una resolución del diferendo. Nos resulta en consecuencia incomprensible la premura por interferir en pronunciamientos judiciales ya dictados y particularmente por dictarse y a proletarizar buen número de trabajadores. Nos preguntamos por qué dejar la puerta abierta para que un número importante de personas sean elegantemente privadas de la condición de trabajadores bajo el rótulo de “autónomos”. Se les prive del aguinaldo, creado por el gobierno del Partido Nacional de 1958, de la licencia paga y del salario vacacional, creado por el gobierno del Partido Colorado de 1968 a través de la famosa Coprin. También nos preguntamos si estas plataformas crean trabajo o si por el contrario lo destruyen y concentran la propiedad en un fenómeno mundial de supercapitalismo que desvirtúa el sentido de la propiedad que es generadora de libertad, concentrando el poder de manera similar al estatismo socialista.
Como dirían los antiguos parlamentarios ingleses distributivistas, G. K. Chesterton y Belloc, “¿qué importa que todo sea propiedad del Estado o de unos pocos particulares, si no puede ser mío?”. En ambos casos la mayor parte de la población se ve privada del ejercicio del derecho de propiedad y en consecuencia restringida su libertad política, atada por lazos económicos que la hacen dependiente de terceros en un fenómeno que caracteriza al estatismo y al supercapitalismo, que concentran el poder económico y político en manos de una minoría, a expensas de la mayoría a la que se ata por lazos de dependencia.
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