“El gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos se consultan mutuamente sobre los objetivos económicos y los instrumentos políticos que deben utilizarse. En Renania (Alemania), el Estado del bienestar se combina con la llamada “economía de la consulta”. Las partes interesadas en el proceso económico intentan lograr una armonía de intereses. En esta modalidad de organización económica, el objetivo principal no es la maximización de los beneficios a corto plazo de los accionistas. La principal preocupación es un crecimiento económico sostenible, estable y continuo, así como un alto nivel de empleo”.
Frits Bolkestein, en “El Futuro de la Economía Social de Mercado”, documento de la Fundación Konrad Adenauer
“Nosotros estamos convencidos de que estamos viviendo una época realmente excepcional, y de las situaciones excepcionales se sale con medidas excepcionales”, afirmó el senador Guido Manini Ríos en su audición de Radio Oriental de la semana pasada, refiriéndose a la propuesta de Cabildo Abierto de convocar al Consejo de Economía Nacional. “¿Qué estamos haciendo para evitar el colapso que tarde o temprano se va a producir si no hacemos nada?… ¿no será hora de sentarnos todos en ese gran Consejo de la Economía Nacional y buscar soluciones a esos grandes problemas?”, continuó Manini, reforzando la necesidad de convocar este ámbito de concertación previsto en nuestra constitución.
“Sociedades que dialogan y sociedades que no dialogan”
El Uruguay no es extraño a estas convocatorias a diálogos amplios, que han servido para consensuar soluciones en momentos delicados del país. Sin ir más lejos, Uruguay logró emerger de la crisis del 2002 en gran parte gracias a los esfuerzos conciliadores del entonces ministro de Economía, Alejandro Atchugarry. Él contó con la colaboración de la gran mayoría de los actores políticos, sociales y económicos, quienes depositaron su confianza en los buenos oficios del ministro.
“En Uruguay han funcionado en otros momentos diálogos sociales importantes. De hecho, 2002 fue una etapa de dialogo social. ¿Es que nosotros pensábamos igual que Atchugarry? No. ¿Es que Juanjo Ramos pensaba igual que Atchugarry, o Lalo Fernández, o el Partido Nacional o el Frente Amplio? No. Sin embargo, se alcanzaron una serie de acuerdos que permitieron al Uruguay salir de la crisis de 2002 en clave democrática. En la vereda de enfrente, donde no se apostó al dialogo, el presidente se fue en un helicóptero. Esa es la diferencia entre tener sociedades que dialogan y sociedades que no dialogan”, recodaba Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, en el programa Esta Boca es Mía el fin de semana pasado.
Pero también cabe recordar el antecedente de la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), que facilitó los acuerdos que permitieron realizar una transición política ordenada y pacífica en 1985, incluyendo la reforma de la enseñanza que dio lugar a la creación de la ANEP. Llevamos años perdiendo tiempo pensando cuál es el mejor modelo de enseñanza, si los “liceos modelo”, si el modelo finlandés, el neocelandés o el canadiense, perdiendo de vista que lo que nos falta es un instrumento que nos permita llegar a acuerdos consensuados y sostenibles. Prueba de ello es el destino de iniciativas muy bien intencionadas como la de Eduy21.
Lejos de interferir con la gobernabilidad, el CEN podría ser una gran contribución a lograr una estabilidad social y económica que permita llevar adelante las reformas estructurales necesarias
A pesar de estos antecedentes de concertación –que gozan de buena opinión entre la ciudadanía–, algunos actores políticos salieron apresuradamente a criticar la propuesta de Manini Ríos.
Algunos tal vez no recuerdan que esta figura que apunta al diálogo social, fue aprobada por unanimidad en el texto constitucional de 1934, en cuya redacción participaron todos los partidos políticos con representación ciudadana de aquel entonces, abarcando una amplia gama ideológica. Desde el PCU de Eugenio Gómez, pasando por PS de Emilio Frugoni hasta la Unión Cívica de Joaquín Secco Illa.
Fue una sesuda Carta Magna que se adelantó cincuenta años a su época. Su introducción que se denomina Derechos, Deberes y Garantías (donde se tutela los Derechos Humanos), junto a los artículos que promueve el Consejo de Economía Nacional (CEN), se mantuvieron intactos en las reformas constitucionales de 1952 y 1967. Y soportaron la interrupción constitucional protagonizada por el golpe de estado de febrero de 1942.
Como antecedente, ya en 1932 los diputados Joaquín Secco Illa y Dardo Regules –ambos de la Unión Cívica- planteaban la creación de un organismo similar ante la “grave situación” por la que atravesaba el país, consecuencia de la Gran Depresión que azotaba al mundo.
¿Será que los uruguayos le estamos temiendo al diálogo y a la búsqueda de consensos?
Lejos de intentar revivir el espectro corporativista –que aterroriza a los sacerdotes del dogma neoliberal–, el planteo actual de Manini Ríos es un esfuerzo por acercarnos nuevamente a ese modelo de capitalismo que permitió a Europa emerger del desastre de la Segunda Guerra Mundial, y al cual el economista francés Michel Albert llamó “modelo renano”, en oposición al “modelo anglosajón”. Otros han criticado la iniciativa argumentando que podría llegar a debilitar al Poder Ejecutivo, “colegializando” las decisiones. ¿Será que un organismo cuyas recomendaciones no son vinculantes puede llegar a debilitar al Ejecutivo emitiendo opinión?
La Mañana entiende que lejos de interferir con la gobernabilidad, el CEN podría ser una gran contribución a lograr una estabilidad social y económica que permita llevar adelante las reformas estructurales necesarias. Consideramos también que convocar un ámbito formal –y constitucional– de intercambio de visiones y opiniones resulta más saludable para el ejercicio de la democracia que tercerizar el intercambio a Facebook o Twitter. ¿O es más “republicano” dejar en manos de un censor californiano la decisión acerca de qué, quién y cuándo podemos opinar en Uruguay? Quizás algunos nostálgicos prefieran aguardar pasivamente que a la OCDE o al FMI –y, por qué no, hasta a la OMS– se le ocurra alguna regulación que nos dicte cómo arbitrar las diferencias entre uruguayos.
Pero Uruguay no es original con el CEN. Un instrumento muy similar al previsto en nuestra Constitución funciona al día de hoy en Francia y se llama CESE (Consejo Económico, Social y Ambiental). Creado en 1925 con el nombre de Consejo Económico Nacional, su propósito principal fue asistir a los trabajadores y facilitar la implementación de medidas tendientes a reconstruir una economía destruida por la Primera Guerra Mundial. Su actividad fue instrumental en la elaboración del derecho social francés. Suprimido por el gobierno de Vichy, el Consejo se reinstaló nuevamente en 1946 luego de la victoria de los Aliados, constituyéndose en un ámbito de debate y formulación de propuestas que hicieron posible la reconstrucción y modernización de la economía francesa.
Sin necesidad de ir más lejos, el año pasado –y como reacción a la pandemia– la institución produjo un documento de casi cien páginas sobre el futuro de Francia, titulado “Construyendo el mañana”. Los Países Bajos también han seguido el modelo de desarrollo de tipo renano y cuentan con su propio Consejo Social y Económico (SER), institución que ofrece un ámbito que facilita llegar a acuerdos sobre las principales cuestiones sociales y económicas, además de asesorar al gobierno y al parlamento holandés en materia de política, social y económica. ¿Por qué, si es posible en la pequeña Holanda, no es posible en Uruguay?
Imaginar un futuro compartido y posible
Los uruguayos debemos recrear los ámbitos adecuados para imaginar un futuro compartido y posible, un futuro que nos permita ponernos a trabajar detrás de un objetivo común. Cabildo Abierto propone al CEN porque la figura constitucional existe. Quizás a alguien se le pueda ocurrir una figura mejor. Pero no debemos perder más tiempo en la forma de las cosas, debemos concentrarnos en la función. Y en ese sentido, lo esencial es poder llegar a grandes acuerdos. En el mismo sentido, el Dr. Ricardo Pascale alertó hace poco en una entrevista con el Semanario Voces sobre la necesidad de amplios consensos para resolver los problemas fundamentales. “En cuatro o cinco temas tenemos que estar muy de acuerdo. Y estando de acuerdo todos, que la discusión sea en otra área”, recomendó quien fuera dos veces presidente del BCU.
Para Guido Manini, “Cabildo Abierto está convencido de que es la hora de que todos, todos juntos, pensemos el Uruguay del futuro. No podemos seguir en esta lógica de la fractura que algunos alimentan intencionadamente. Quienes tenemos responsabilidades de gobierno, sea en el ámbito que sea, no tenemos otra opción que mirar con grandeza, tenderle un puente a todos los que se quieran sumar, sean del partido que sean. Invitar a la oposición a sumarse a un gran diálogo nacional, buscando salidas entre todos, salidas duraderas, salidas que surjan del sentido común, del espíritu patriótico, del compromiso con las grandes causas”.
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