Comienza un nuevo año en medio de una seca, como viene ocurriendo desde hace dos años. Esta se arrastra desde la primavera y afecta a la producción agropecuaria, nuestra principal fuente de divisas. Sin embargo, las medidas estructurales para resolver el problema brillan por su ausencia. En efecto, es habitual escuchar a los profesionales que entienden de la materia afirmar que con el riego se le colocaría “un segundo piso” al campo, pero son pocos los hechos concretos que trascienden al discurso.
Invariablemente la seca llega, el MGAP declara la Emergencia Agropecuaria y, junto al BROU, deben salir de prisa a responder con medidas paliativas de corto plazo. Pero basta con que lleguen las primeras lluvias para que todo regrese a ese cauce preferido del complejo político-burocrático uruguayo, que oscila entre un estado natural de indolencia y brotes periódicos de entusiasmo por ideas “innovadoras”, a menudo muy onerosas para el erario público.
El 17 de febrero del año pasado, en “La seca en el norte y las prioridades ambientales”, advertíamos desde esta misma página sobre la naturaleza cada vez más endémica de las sequías, reclamando que el tema requería de la atención prioritaria de las autoridades ambientales que en aquel momento ocupaban tiempo y recursos del Estado en lo que parecía la gran prioridad del momento: prohibir el uso de la pajita de plástico. Concretamente, sugeríamos entonces que la cartera de Medio Ambiente debía apuntar sus energías a empujar la concreción de obras que se encuentran en carpeta desde hace años y que significarían un cambio estructural para la producción del país. Y dado que el problema se agudiza en el norte, recomendábamos darle prioridad a esta región, lo que también contribuiría a mitigar el creciente problema de desempleo que afecta a los departamentos del litoral con Argentina.
Lamentablemente ha transcurrido otro año y no hay ningún plan de riego a la vista. Sin embargo, sí tuvimos tiempo y recursos para elaborar una “hoja de ruta” para el hidrógeno verde que prevé que para 2030 –a todas las luces un “año mágico”– deberíamos tener una potencia instalada de 20 GW en energías renovables y 10 GW en electrolizadores. Esto quiere decir que de aquí al final de la década deberíamos construir un parque de molinos de viento y paneles solares con una potencia instalada equivalente a 1,5 veces la represa de Itaipú, 10 veces Salto Grande y 13 veces la potencia eólica ya existente en Uruguay.
En atención a lo anterior, no debería sorprender que Uruguay XXI celebre que el hidrógeno verde atraerá inversiones privadas de “por al menos US$ 6 mil millones en los próximos años”. Sin embargo, y como ya aprendimos de los errores del pasado, sabemos que en esta materia de energías renovables no existen inversiones puramente privadas. Lo que hoy llamamos parques de generación “privados” pudieron instalarse porque el Estado les garantizó la compra de toda la energía producida a precios fijos en dólares y reajustables. Esto quiere decir que más allá de las sofisticaciones de la contabilidad de la deuda, el propietario privado de estos parques terminó en los hechos adquiriendo un flujo de fondos estable por parte del Estado uruguayo. Desde el punto de vista económico, más que una inversión, esto se podría ver como un financiamiento encubierto al Estado uruguayo, que prefiere pagar implícitamente una tasa de interés más alta con tal de computar el proyecto como “privado” y que no le sume en la deuda pública. A esto hay que agregar que gran parte de esta “inversión” tiene por destino la importación de equipamiento, con escaso valor agregado local en términos de empleo de calidad.
Resulta también algo inquietante que la misma burocracia que hace relativamente poco nos atontó con la idea de que habíamos descubierto petróleo, hoy nos hable del hidrógeno verde y de producir energía eólica en alta mar, para luego convertirla en hidrógeno, comprimirlo, embarcarlo, y comercializarlo en los países desarrollados. Pero ya tendremos tiempo para profundizar sobre esto. Hoy lo que nos preocupa es la utilización del agua –el insumo principal, junto a la energía eléctrica– en la producción de hidrógeno.
Según surge del documento elaborado por el Ministerio de Industrias, la gran ventaja de Uruguay es que cuenta con “alta disponibilidad” de agua dulce, justamente por encontrarse en un rincón privilegiado de la Cuenca del Plata, y por el “régimen de precipitaciones anuales”. Agrega que el agua necesaria para el nivel de producción propuesto de hidrógeno verde es “notoriamente menor” a la demanda actual de los sectores agrícolas e industriales en el país. El estudio estima que para 2040, la producción de este gas combustible demandaría 10 millones de m3 de agua por año, 200 veces menos de lo que consume el cultivo de arroz, según se preocupa en calcular el informe.
Esto nos plantea varias interrogantes. En primer lugar, si el consumo de agua para producir hidrógeno verde fuera tan insignificante, ¿por qué los países desarrollados tendrían que venir a instalar los parques de generación, de su propia fabricación, a uno de los rincones más distantes del planeta? En segundo lugar, si el cambio climático está afectando a nuestra producción agroexportable, ¿no debería ser allí donde deberíamos canalizar nuestros recursos hídricos? Tercero, y en función de que vamos a estar exportando agua transformada que proviene de una cuenca de carácter regional, ¿no nos puede esto generar un nuevo conflicto con los países vecinos? ¿Cómo juega el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní del que Uruguay es signatario? Finalmente, ¿por qué es que el documento no hace mención alguna al Acuífero Guaraní? ¿Es posible que esto del hidrógeno verde sea una forma de sacar de la espiral del silencio a la posibilidad de perforar el acuífero y convertirlo en un bien privado? ¿O pensamos que las potencias desarrolladas no saben del valor estratégico del acuífero?
Consideramos que nuestro país debe darse una buena discusión sobre dónde y cómo aplicar los recursos hídricos escasos. Si para el MIEM el recurso hídrico es abundante, como lo afirma en su documento, sería bueno que empiece a producir ideas para resolver los problemas que aquejan a la producción agropecuaria y a la industria que de ella depende. Efectivamente, los uruguayos deberíamos enfocar los recursos disponibles en potenciar el modo de producción y de vida nacionales: la agroindustria. Si alguien desea jugar a ser Enrico Mattei, puede intentar hacerlo con la billetera de algún petrolero privado. Pero este tema es demasiado serio como para que quede solo en manos de ingenieros y financistas. Es justamente para resolver problemas complejos de este tipo que varios países europeos, a los que admiramos por sus valores republicanos, cuentan con su propia versión de un Consejo de Economía Nacional.
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