Se abre el periodo de definición de la larga carrera electoral en la que los candidatos a la Presidencia y sus equipos de asesores tienen la responsabilidad de discutir los temas de fondo que afectan al país.
Cumplidas las convenciones de los partidos, proclamadas sus respectivas fórmulas y aprobados sus programas de gobierno, la campaña electoral entra ahora en un periodo de dos meses de definición.
Lo principal pasa por definir quién será el próximo presidente de la República, los siguientes cinco años. La realidad demuestra que es desde el Poder Ejecutivo que nacen las iniciativas legislativas de fondo, las reformas más significativas de cada periodo y es el que lleva las riendas de políticas centrales como la seguridad pública y la economía.
Desde ese punto de vista, el electorado en primer lugar tiene la posibilidad de evaluar y comparar a los candidatos presidenciales, sus trayectorias, sus conocimientos, su carácter y sus valores. En segundo lugar, valorar la decisión que los candidatos tomaron al elegir quién los acompaña en la fórmula. Se trata, de alguna forma, de la primera decisión significativa de aquellos que aspiran a la Presidencia y permite tener una pista sobre qué criterios tienen en cuenta a la hora de gestionar sus opciones.
En tercer lugar, evaluar y comparar los programas de gobierno que impulsa cada candidato, a lo que efectivamente se comprometen, para distinguir las prioridades de unos y otros, para indagar si son propuestas que aparecen mágicamente en período electoral o si tienen un respaldo en las acciones realizadas en los últimos años. Y, en cuarto lugar, pero no menos importante, el electorado merece conocer los equipos de gobierno que presenta cada candidato, sobre todo en las áreas más sensibles, como son la seguridad y la economía.
El escenario muy probable de ballotage, según las encuestas, significa que entre los partidos de la Coalición Republicana tiene que definirse cuál será el candidato y el equipo de gobierno con la mejor propuesta para liderarla. En esta línea, las cada vez más frecuentes citas de cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones civiles a los candidatos para exponer sobre las más diversas temáticas contribuyen, seguramente, a dar elementos de juicio a los actores de cada sector.
Pero no es una elección interna dentro de la coalición, por la sencilla razón de que se trata de partidos distintos, incluso muy distintos, que compiten sin tener ninguna estructura común ni base de acuerdo previo. Diferente será el caso de las elecciones departamentales en Montevideo, Canelones y Salto, donde sí habrá interna.
Es un hecho, guste o no, que cada vez pesa menos la mística o la tradición familiar de los partidos políticos históricos en la elección de la gente. Pero cuidado con inducir a pensar que aquello era “lo viejo” y “lo nuevo” es el marketing político. Nadie niega la herramienta de la publicidad, pero existe el riesgo de que, con la fuerza de algunas billeteras, se arrastre a una campaña mediática casi de entretenimiento, a vaciar de contenido las discusiones, llevarlas al terreno del chisme o la banalización, lo que afecta seriamente la libertad de elección de los ciudadanos, que empieza por la posibilidad de tener un conocimiento cabal de cada propuesta.
Seguridad y economía
Son la seguridad y la economía dos inquietudes esenciales de los seres humanos desde tiempo inmemoriales. Y son en el Uruguay de 2024 las dos principales preocupaciones de la población, que tuvo durante la pandemia a la salud en el primer puesto. Respecto a la seguridad, no está del todo claro si influyen más los homicidios, las rapiñas o el narcotráfico, pero por lejos los uruguayos identifican genéricamente que es el primer problema por resolver. En cuanto a la economía, las encuestadoras suelen identificar el tema de los ingresos al hogar y el empleo como los fundamentales.
En nuestro país, tanto el Ministerio del Interior como el de Economía y Finanzas son y serán cruciales para el presidente de la República, que designará a personas de su absoluta confianza en tales cargos. Durante este gobierno de Coalición Republicana esos ámbitos fueron preservados muy celosamente por el Partido Nacional. Sin embargo, en lugares clave de la estrategia de seguridad pública y de la economía participaron jerarcas del Partido Colorado como Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas en Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, e Isaac Alfie como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La agenda informativa de las últimas semanas ha estado muy cargada de noticias vinculadas a la inseguridad y una ola de homicidios que sacude. Hasta ese momento la campaña electoral vinculada a las propuestas en seguridad giraba sobre la posibilidad de los allanamientos nocturnos, una propuesta que surgió de legisladores blancos y que fue recogida por el resto de la Coalición Republicana que lo apoyará en el plebiscito de octubre. Pero la gravedad de la situación llevó al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a anunciar primero la necesidad de declarar el estado de emergencia nacional en seguridad por 120 días y luego junto a su equipo de asesores a detallar las medidas que se proponen al Poder Ejecutivo.
La declaración de emergencia –contenida en el Compromiso por el País de 2019 y en el programa de Cabildo Abierto– y las medidas propuestas provocaron una respuesta bastante abierta de los candidatos Delgado, Orsi y Ojeda, pero no coincidente en varios de sus principales asesores que opinan que debe continuarse la estrategia y la política actual en materia de seguridad. No obstante las diferencias, bienvenida una discusión que pueda hacerse seriamente sobre temas como el rol de las comisarías de barrio, el blindaje de fronteras, el combate al crimen organizado, el lavado de activos y la situación de las cárceles.
En el plano económico la situación es más estable, aunque mucho costó visibilizar el problema político que significa el enorme nivel de endeudamiento de las familias y el tema de la usura. El tema que se ha instalado en la polémica es la postura de los candidatos respecto al plebiscito de la seguridad social que propone el Pit-Cnt. Evidentemente los candidatos de la Coalición Republicana se han manifestado rotundamente en contra y alertan sobre el efecto devastador que tendría para la economía nacional, mientras que la fórmula del Frente Amplio si bien ha tomado distancia mantiene una postura ambigua.
El debate sobre el plebiscito de la seguridad social seguirá, seguramente cobrará mayor intensidad en las próximas semanas y es lógico por el peso que tiene. De todas formas, la participación de asesores económicos de los candidatos en entrevistas en los medios en los últimos días también permitió abrir otros temas de discusión que tienen que ver con el costo país, atraso cambiario, la carga tributaria sobre el trabajo, el déficit fiscal, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, entre otros. El equipo asesor de Cabildo Abierto, con Kenneth Coates, Eduardo Ache y Enrique Pées Boz, ha planteado la necesidad de discutir la agenda de crecimiento y seguramente mucho tengan para aportar los asesores colorados Vieytes, Mosca, De Brum, el asesor blanco Diego Labat y el frenteamplista Gabriel Oddone.
¿Es posible seguir en esta inercia económica? ¿Cuáles proponen continuidad y cuáles cambio? ¿Hay voluntad política para avanzar en reformas fundamentales para impulsar el trabajo y la producción nacional, para modernizar el Estado o para analizar las grandes exoneraciones tributarias?
Este es un buen momento para profundizar sobre las políticas que el país necesita, porque en definitiva quien sea que acceda al gobierno el próximo primero de marzo tendrá que enfrentar el mismo panorama y los mismos desafíos. Los candidatos a la Presidencia y sus equipos asesores son los que tienen ahora la responsabilidad de dar a conocer sus propuestas a la gente. Luego será la gente la que ejercerá su responsabilidad al emitir su voto.
(*) Coordinador político y de programa de Cabildo Abierto
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