Ningún habitante del país puede negar que, actualmente y desde hace un buen tiempo, la sociedad está inmersa en una situación crítica debido a la ola delictiva diaria que nos asola: muertos por doquier, mutilaciones, personas calcinadas que aparecen en contenedores de basura, entre otras atrocidades. Y todo esto tiene un denominador común: el avance del narcotráfico en el país. No es un tema nuevo; es parte de la desagradable herencia que nos dejaron los sucesivos gobiernos del Frente Amplio.
En el programa de gobierno del Partido Nacional para el período 2020-2025, así como en el Compromiso por el País, se estableció la obligación de “declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública”. No podía ser de otra forma, ya que ese era el primer paso para “recuperar una convivencia segura y pacífica”. Los uruguayos nos ilusionamos, y cómo no hacerlo, cuando el Dr. Lacalle Pou, un hombre joven, dinámico y profesional, nos dijo que quería hacerse cargo. Pensamos que al fin se iba a ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República.
Luego vino la pandemia de covid-19 y la prioridad pasó a ser la salud pública, lo que se manejó muy bien. La emergencia sanitaria, indirectamente, colaboró para que los índices de criminalidad bajaran. Sin embargo, una vez sorteada aquella, los crímenes aberrantes volvieron, y la declaración de emergencia en seguridad pasó al olvido, cuando aún restan siete meses de gobierno.
En este contexto de creciente inseguridad, Cabildo Abierto emerge con su propuesta de declarar un estado de emergencia en seguridad pública por 120 días, considerándola necesaria y urgente. Nos negamos a vivir en medio de la inseguridad, el miedo y el crimen. Pensando en la sociedad, nos sentimos legitimados para exigir que se cumpla con el compromiso asumido, más aún cuando no integramos el Ministerio del Interior. Por ello, presentamos la propuesta al presidente y la hicimos pública. La situación actual exige una respuesta contundente, y las 12 acciones propuestas no solo buscan restablecer el orden, sino también devolver la tranquilidad a las familias y comunidades de nuestro país. Garantizar la seguridad es el primer deber del Estado.
¿Acaso se nos puede criticar o tildar irreverentemente como vendedores de humo por pretender que el Estado reaccione de una vez con una respuesta directa a la escalada delictiva que ha cobrado vidas inocentes, incluidos policías? ¿Cuál es el pecado? Durante este gobierno, en tres oportunidades, y como buenos socios, hemos acercado a los sucesivos jerarcas del Ministerio del Interior medidas para mejorar la seguridad pública. Hoy, una vez más, la propuesta de Cabildo Abierto representa un enfoque integral para abordar la crisis de seguridad desde diversas aristas: control territorial, lucha contra el narcotráfico, refuerzo fronterizo y modernización tecnológica. La situación tiende a agravarse, y vemos que el Estado se ha vuelto incapaz de protegernos.
La propuesta no fue elaborada por teóricos que critican sin conocimiento; nació del único equipo de seguridad compuesto por personas que se han formado tanto en teoría como en práctica. Son policías y militares con reconocida experiencia que no opinan ni improvisan.
Técnicamente, uno de los pilares de la propuesta consiste en reorganizar el despliegue policial en el área metropolitana, con la creación de seccionales policiales de alto impacto para recuperar el control territorial en zonas donde la seguridad ha alcanzado niveles insostenibles, y garantizar la protección de sus habitantes. Es crucial entender que estas medidas no solo responden a la necesidad de proteger a la población en el corto plazo, sino que también sientan las bases para una estrategia de seguridad a largo plazo. La presencia policial reforzada, acompañada de una vigilancia constante, envía un mensaje claro: el Estado está comprometido a recuperar y mantener el orden en las zonas más golpeadas por la delincuencia.
Dentro de estas estrategias a largo plazo, se ubica la lucha contra el narcotráfico, desde los niveles más altos hasta los puntos de venta minorista. Se necesita voluntad para atacar el problema de raíz, y para eso urge la creación y liderazgo de un equipo especializado que integre inteligencia, tecnología y fuerzas de intervención rápida. Se debe cortar el flujo de drogas que alimenta la violencia y la inseguridad en nuestra sociedad.
La seguridad de nuestras fronteras es otro aspecto crítico que no puede ser ignorado, ya que el tráfico de armas, municiones y drogas es una constante que exige una respuesta contundente. La propuesta de reforzar la vigilancia fronteriza, especialmente en nuestro departamento, es una medida más que necesaria, y todos quienes residimos en Rivera bien lo sabemos. El blindaje fronterizo propuesto no solo busca interceptar actividades delictivas, sino también enviar un mensaje a las organizaciones criminales de que Uruguay no permitirá que su territorio sea utilizado como un punto de entrada o salida para el crimen organizado.
En un mundo cada vez más tecnológico, la innovación y modernización son claves para una seguridad pública eficaz, más aún cuando todo indica que los delincuentes están un paso adelante de las autoridades. En este contexto, la propuesta de adquirir drones, escáneres de alta tecnología y otros equipos avanzados para mejorar la vigilancia y el control de las operaciones de seguridad no es descabellada. Estas herramientas permitirán a las fuerzas del orden actuar con mayor precisión y eficiencia, multiplicando su capacidad de respuesta frente a las amenazas. Esto debe complementarse con la propuesta de incrementar la formación y capacitación de los efectivos policiales. Contar con una fuerza policial bien preparada y equipada para enfrentar los desafíos actuales es indispensable para asegurar que esté a la altura de las circunstancias y pueda actuar de manera efectiva en situaciones de alto riesgo.
La seguridad de Uruguay está en juego, y no podemos permitirnos esperar más. La propuesta no es solo una reacción al aumento de la criminalidad; es una iniciativa bien pensada y estructurada sobre la base de medidas necesarias, urgentes y, sobre todo, alcanzables, que busca ofrecer soluciones reales a un problema que afecta a todos quienes habitamos este país. A siete meses para terminar el gobierno, urge actuar con decisión y compromiso. Sin temor a equivocarme, considero que los “socios de gobierno” deberían verla como una oportunidad para restaurar el orden en nuestro país y garantizar que vivamos sin el temor constante a la violencia.
Merecemos recuperar la calidad de nuestra convivencia, y tenemos el derecho de exigirlo. Para ello, el Estado no puede ni debe ser tibio con la delincuencia, y tiene la obligación de tomar medidas que lo pongan en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, disuasión y represión del delito.
¡Esta propuesta es el camino para lograr la seguridad que tanto anhelamos!
Dr. Efraín Maciel Baraibar
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