En el semanario Búsqueda en su edición del jueves 21 de octubre de 2021, en la columna del periodista Raúl Ronzoni bajo el título de “Jueces: secretismo y censura de prensa”, se hace referencia al comunicado público de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) de fecha 15 de octubre de 2021 firmado, entre otros, por su presidenta, la Dra. Graciela Gatti.
Para no incurrir en omisiones y ser pasibles de ser acusados de sacar alguna expresión de contexto, dicho comunicado expresa textualmente:
“La Asociación de Magistrados del Uruguay entiende oportuno recordar los siguientes principios de las Naciones Unidas sobre independencia judicial en relación con denuncias realizadas contra jueces y juezas:
17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario.
18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones.
19. Todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial.
20. Las decisiones que se adopten en los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de separación del cargo estarán sujetas a una revisión independiente. Teniendo presente estos principios, la Asociación de Magistrados del Uruguay rechaza la difusión pública de resoluciones que establecen sanciones disciplinarias a sus asociados y asociadas que han sido impugnadas y que aún no existe una decisión final al respecto.
Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay”.
Recuerda al respecto Ronzoni que el art. 19 de la Declaración de DDHH de la ONU comprende las libertades de expresión y de prensa, y puntualiza que la cita del documento realizada en el comunicado es tramposa, porque hace referencia a los últimos párrafos del documento aprobado en 1985 durante el Séptimo Congreso de ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, reiterado ante la Asamblea en 2019, cuyo centro era la independencia judicial, que nadie discute; pero que omite en lo medular, el derecho de recibir y divulgar información y opiniones sin limitaciones de la DUDDHH de 1948. Agrega, que al rechazar que se informe, lo que se hace es censurar y que la AMU actuó con parcialidad y presión de su gremio contra las libertades de expresión y de prensa. Y que incluso en varios casos con condenas firmes, como reclaman, se han llamado a un silencio cómplice cuando varios jueces han sido destituidos por delitos o faltas administrativas graves.
Por su parte el diario El País, en su edición digital del domingo 24 de octubre de 2021, en una nota titulada: “Gremio de magistrados critica que se informe sobre jueces sancionados”, alude a los cuestionamientos realizados por AMU a los medios de comunicación, por informar acerca de jueces que enfrentan sanciones aplicadas por la Suprema Corte de Justicia, destacando el diario, que el Poder Judicial sí informa sobre asuntos que cuentan con sentencia de primera instancia y que en ocasiones los propios magistrados entregan sus fallos a periodistas antes de que el caso llegue al tribunal de alzada.
Igualdad ante la ley
Como es sabido, varios medios de comunicación, entre ellos el diario El País, abre un espacio debajo de cada nota para que los lectores que cumplan ciertos requisitos puedan escribir comentarios. La nota que venimos de señalar recibió 87 comentarios y la importancia de estos es que dan un panorama sobre lo que piensan y sienten los lectores respecto al tema de que se trata.
Naturalmente es muy difícil compendiar en pocas líneas 87 comentarios, pero la casi totalidad son contrarios al comunicado por entender que los jueces se deben someter al principio de igualdad ante la ley, que desempeñan funciones muy especiales que deben demostrar probidad y apego a la Constitución y las leyes, que los magistrados no deben ser ciudadanos VIP intocables, que se trata de una deplorable expresión corporativa, etc.
Nos llamó la atención, sin embargo, uno de los comentarios que hacía referencia a la nota desde otro ángulo. El mismo expresaba que habría que tener en cuenta que ese comunicado que consideraba contrario a la transparencia y que sugería la censura de prensa. Aparece firmado (como se expresó al principio), por la Dra. Graciela Gatti, a quien –según el comentario– algún senador oficialista tenía la idea de proponer para la Fiscalía General de la Nación, pasando por alto que es una jueza y su estrecha afinidad con el Dr. Jorge Díaz.
No sabemos en realidad si el comentario tiene realmente sustento, pero si así fuera, la verdad que no parecería ser una idea acertada. No por desmerecer la formación y solvencia técnica de la Dra. Gatti, sino porque:
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, en Asamblea realizada el 1º de setiembre de 2021, antes de la renuncia del Dr. Jorge Díaz a la Fiscalía General de la Nación, ya había ratificado su postura gremial de larga data de exigir que quien lidere dicha Institución, sea una persona que conozca la interna de la Institución.
Las palabras de su presidente fueron: “Planteamos que el próximo fiscal de Corte sea alguien con un conocimiento exacto y acabado de lo que ocurre dentro de la fiscalía, su problemática como institución, sus complejidades y pormenores”. No parece que se compadezca con esta legítima aspiración, proponer y/o designar a la actual presidenta de la Asociación de Magistrados.
Las dos últimas designaciones de fiscales de Corte recayeron en personas ajenas al Ministerio Público y que provenían de la judicatura y en tales casos, dichos fiscales terminaron renunciando sin terminar su mandato, lo que no es un buen antecedente para persistir en ese camino.
La gestión del Dr. Jorge Díaz, sin entrar a hacer un juicio en profundidad, no podrá decirse que ha sido por lo menos polémica, tanto hacia adentro, como hacia afuera de la Institución; y la Dra. Graciela Gatti es indudablemente una persona muy cercana a él. Basta solo señalar en ese sentido que en 2009 ambos fueron los únicos jueces de Crimen Organizado; en 2012 Díaz asume como fiscal de Corte y Gatti como ministro del Tribunal de Apelaciones de 1er. Turno, compartiendo criterios sobre temas muy polémicos en materia de prescripción de determinados delitos.
Entre 2015 y 2017, la Dra. Gatti integró la Comisión Interinstitucional para la Implementación del CPP aprobado ese año y participó junto al Dr. Díaz en el Seminario de Presentación del mismo. Actualmente habiendo diseñado, coordinado y organizado el Dr. Jorge Díaz el Diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación en la UDE, inmediatamente convocó a la Dra. Gatti, junto otros profesionales de su entorno (v.gr. el Dr. Carlos Negro), como docente.
TE PUEDE INTERESAR
