El pronunciamiento de las urnas en la última elección nacional otorgó un mandato a la coalición republicana para llevar adelante un programa de gobierno que se ha puesto en marcha, y cuyo cumplimiento permanece inalterable, pues no se dará un solo paso atrás.
La circunstancia que el Frente Amplio (FA) haya alcanzado el número de firmas suficiente para convocar el referéndum contra la LUC no significa una derrota para nadie, y es lo primero que hay que destacar; porque es simplemente el logro de acceder a un mecanismo constitucional que ha sido utilizado muchas veces, con distintos y aleatorios resultados para los convocantes.
Lo segundo, que resulta obvio, es que ese resultado no va a alterar para nada el cumplimiento de un plan de gobierno, que se seguirá ejecutando con total normalidad.
No obstante, la clara posibilidad de que la coalición frenteamplista –que hace un año y medio tuvo 1.100.000 votos– alcanzara las 700.000 firmas requeridas, provocó festejos que se hicieron públicos a nivel de epopeya. Y con ese cántico triunfalista hasta el exceso, los analistas sacaron conclusiones que corren por su exclusiva cuenta.
Así se ha llegado a decir que la oposición, o sea el FA, recupera la iniciativa política. No lamentamos oponernos al distinguido analista, porque lo consideramos totalmente equivocado. La iniciativa la sigue teniendo el gobierno, que no está débil sino muy firme, que sigue unido con la seguridad de una coalición galvanizada hasta en sus disidencias, que han puesto a prueba su compromiso de durabilidad para todo el mandato. Si se quiere, a lo sumo puede decirse que el cambio del escenario político se reduce a anticipar la discusión sobre las pretendidas derogaciones, que ahora pasamos a enumerar, aunque sea parcialmente dado el espacio de un artículo periodístico, para demostrar cuáles son los derechos y valores que se atacan.
Discutamos las pretendidas derogaciones
En primer lugar, se ataca el derecho de propiedad, pues no es otra cosa que tener una legislación que permite que el propietario de una empresa sea impedido de ingresar o permanecer en su local por un gremio, que ni siquiera alcance la mayoría del personal.
En segundo lugar, se perturba la libertad ambulatoria al permitir que piquetes –no amparados en el derecho de reunión– impidan el libre tránsito de vehículos y peatones por el reclamo de nimias protestas.
En tercer lugar, pone en riesgo los avances en materia de seguridad pública, puesta en severa crisis por dos incompetentes como Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez, recuperación que comenzó con el firme y exitoso trabajo de nuestro inolvidable Dr. Jorge Larrañaga, cuyos resultados, con la muy importante disminución de los delitos, alentó el apoyo de la población entera.
En cuarto lugar, busca recuperar el turbio negociado para unos pocos que encubre la inclusión financiera, que representa un inconveniente para la mayoría de la gente de cualquier nivel a la que se obliga a tener cuentas bancarias y el absurdo límite de tres mil dólares para operaciones de caja chica, como si esa cifra pudiere financiar el terrorismo o el narcotráfico.
En quinto lugar, y aclaro que este orden no supone prioridades, retrotrae en toda su vigencia el tremendo y caótico conflicto que impera en la enseñanza, donde se pretende, al amparo del Art. 68 de la Constitución, limitar la presencia del Estado a la higiene, la moralidad, el orden y la seguridad manteniendo una libertad de enseñanza y de cátedra que hoy viola la laicidad con su dogmatismo y falso relato y olvida que esas libertades (de cátedra y de enseñanza) son subsidiarias del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que según el texto constitucional es “enteramente libre en toda materia” (Art. 29 ) y por tanto comprensivo de toda la educación.
Sin perjuicio de puntualizar que abrigo la duda de que muchos de los firmantes accedieron al vigoroso pedido de quienes se movilizaban en ese propósito, ni siquiera hayan leído la totalidad de las normas cuya derogación se pretende, me pregunto hasta dónde conocen la ley que cuestionan y los principios que así ponen en riesgo.
Decimos esto, en la medida que se ataca la libertad, la seguridad, la propiedad privada, la educación, la movilidad, el libre manejo de la economía personal y la transparencia de la gestión pública, hoy ya analizada por auditorías que confirman serias irregularidades.
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