Hace ya tiempo, desde que no le vendemos los votos a nadie, el pueblo se ha deshecho de preocupaciones; pues el que en otro tiempo otorgaba el mando, los fasces, las legiones, todo, ahora se aguanta y solo desea con ansia dos cosas, pan y juegos de circo.
Juvenal, Sátira X
Terminada la campaña y el ciclo electoral, una gran parte de los uruguayos seguramente haya considerado que las retóricas discursivas con tufo demagógico acabarían con los resultados definitivos de noviembre. Sin embargo, no es lo que parece estar sucediendo. Y quizás parte de la clave para entender por qué las autoridades electas siguen haciendo campaña esté en que la realidad, o sea, en que los hechos, al final, no justificaron las miríadas de críticas que los referentes políticos del Frente Amplio le achacaron al gobierno saliente. Sobre todo, pensando que ya se ha iniciado la transición, y el futuro gobierno comienza a tener contacto con el Uruguay real.
En esa línea las declaraciones realizadas por Cristina Lustemberg, futura ministra de Salud Pública, en referencia a que en el próximo gobierno es posible que se realicen cambios a la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ley del aborto, manifestando que “los derechos en salud sexual y reproductiva, y los derechos que las mujeres tienen hoy a transitar y decidir sobre sus derechos de salud sexual y reproductiva tienen que ser garantizados en todos los ámbitos de la salud”, no parecerían tener mucha coherencia sobre todo si las contrastamos con la realidad fáctica. Y agregó que “actualmente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hay que reverla”, indicando que “en la mayoría del mundo es de más 12 semanas, hasta de 19, 20”, planteando así una revisión de la ley aprobada en 2012, para extender los períodos comprendidos por la normativa.
La Ley 18.987, conocida como IVE, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo y estableció como plazo las 12 semanas para llevar adelante el procedimiento médico. En algunos casos, como por riesgo de vida para la salud de la mujer o producto de una violación, los plazos son más extendidos, de 14 semanas. Uruguay registró el año pasado la cifra más alta desde que se implementó esta ley promulgada en octubre de 2012, llegando a los 10.898 abortos. Entre 2013 y 2023 –tras una década– se reportaron 106.631 interrupciones de embarazos, de acuerdo con los datos oficiales, lo que demuestra que a pesar de que la ley estuvo pensada para que se realizaran estimativamente unos 3000 abortos anuales, se triplicó esa cifra en menos de una década.
En conversación con La Mañana, la ginecóloga y especialista en bioética María Lourdes González Bernardi dejó en claro que la propuesta esbozada por Lustemberg es ajena al programa del Frente Amplio (FA) y a las prioridades anunciadas por el presidente electo Yamandú Orsi, indicando que establecer cambios en la ley podría deshumanizar aún más al feto y trivializar prácticas médicas que afectan la vocación de cuidar la vida. Consultada por los dilemas éticos que se dan en este marco, afirmó que la protección del niño en gestación debe prevalecer por encima de cualquier norma: “No es lo mismo provocar un aborto con nueve semanas que con 19 o 20. En su salud mental seguro, basta decir que con dicha edad gestacional la madre ya percibe los movimientos fetales y lo puede observar y escuchar por ecografía perfectamente”.
No obstante, más allá de la sensibilidad que suscita el aborto, resulta paradójico que una pediatra como Cristina Lustemberg esté hablando tan ligeramente de este tema, sobre todo considerando que su trabajo consiste en salvar la vida de los niños y no de eliminarla.
Pero, además, existe una gran cantidad de aspectos mucho más urgentes para resolver o mejorar en materia de salud, como por ejemplo la salud mental. Sin embargo, no podemos olvidar que este es un momento complicado para el sistema integrado de salud, en especial por la situación financiera en la que se encuentran algunas instituciones prestadoras de servicios de salud. Esto nos lleva a pensar que este tema del aborto es otra cortina de humo que opera como un foco de distracción, que no solo desensibiliza la opinión pública, sino que la aleja de la realidad.
Algo similar sucede con el futuro Ministerio del Interior y la noticia de que Diego Sanjurjo seguirá con un rol similar al que desempeñó bajo las órdenes de Heber y de Martinelli, pero esta vez bajo el mando de Carlos Negro. Según declaraciones del exfiscal Negro, ambos tienen una visión similar de la seguridad ciudadana, y dejó entrever que no habrá grandes cambios respecto a lo que ha venido haciendo el actual ministro Martinelli. Algo que debería preocupar a la ciudadanía, que ha visto cómo se ha degradado la convivencia en los últimos 10 o 15 años por la ineficacia de las políticas implementadas por los gobiernos que se han sucedido.
Recordemos que, aunque el actual gobierno tuvo como una de sus banderas la lucha contra la inseguridad, y puede que algún indicador haya mejorado, lo que está pasando actualmente en Uruguay –especialmente en la zona metropolitana– nos recuerda cada vez más al proceso de degradación que vivió la ciudad de Rosario en Argentina. El senador Guido Manini Ríos advirtió en su momento, en el seno de la Coalición Republicana y también en la opinión pública, que era necesario establecer cambios más profundos, cualitativos y cuantitativos en materia de seguridad, si no se quería seguir empeorando. Lamentablemente, hoy en día la ciudadanía uruguaya ya percibe con cierto desdén las propuestas elaboradas por los partidos políticos, valorando que hasta el momento ninguno de los gobiernos que han pasado ha podido dar con la solución al problema.
De forma que parece ser evidente que el nuevo gabinete en algunas áreas no exentas de dificultades prefiere mantener el circo discursivo con tal de no enfrentarse a la realidad de los hechos. Y por hechos nos referimos al fracaso de las políticas desarrolladas en materia de seguridad por parte de Sanjurjo. No olvidemos que hasta hace muy poco nos sorprendíamos como sociedad de que un niño fuese víctima de un ataque armado, hoy se ha vuelto algo cada vez más normal. Lo mismo sucede –desde otro ángulo– con los 10 mil niños cuyas vidas son interrumpidas anualmente con la anuencia de nuestros legisladores, y que también normalizamos.
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