Desde 2017 rige la nueva ley de salud mental. En muchos aspectos esta ley es positiva porque tiende a promover el paso de un modelo asistencialista asilar, a un modelo en el cual el enfermo mental esté inserto en la sociedad y sea, según sus posibilidades, no solo un ser inserto sino también productivo.
Quizás ese sea uno de los aspectos más positivos de una ley que en su mayor parte no se aplica y termina siendo un decálogo de buenas intenciones.
Para empezar se parte casi de una visión exclusivamente psiquiátrica de la salud metal, sin tomar aquellos aspectos que tienen que ver con la visión psicológica del tema -se me permitirá que en este artículo mi camiseta de psicólogo quede manifiesta-.
Los trastornos mentales, entendidos como trastornos de la personalidad, son una parte del padecer de aquellos que sufren mentalmente. Un porcentaje importante lo conforman aquellos víctimas del estrés y sus efectos sobre el equilibrio emocional, las afecciones del espectro ansioso, crisis de ansiedad, ataques de pánico, fobias de la más variada índole y por supuesto no podemos dejar de lado la depresión, muchas veces reactiva a situaciones vitales que está a la base de un gran porcentaje de las causas de suicidio. ¿Cuánto dolor y sufrimiento en aquellas personas que padecen estos problemas? ¿Cuántas personas conoce usted que lee este artículo que ve identificada con lo que acabo de nombrar que es solo una parte del padecimiento emocional (la lista completa sería muy larga)? ¿Cuánto le representa en términos económicos a nuestro país como causa de ausentismo laboral estos problemas?
La ley de salud mental establece el acceso a tratamientos psicoterapéuticos a la población que los necesite y expresa que los mismos deben contar con el aval científico. Lamentablemente no se cumple, ni una cosa ni la otra.
Constelaciones familiares, registros akáshicos, descodificación biológica, regresiones a vidas pasadas, terapia con ángeles, son solamente algunas de las ofertas “terapéuticas” (a partir de aquí pseudoterapias) que pululan por nuestro medio. Quizás el que lo lea se pregunte ¿y cuál es el riesgo? Aquí tenemos un indicador. La percepción que se tiene del riesgo de concurrir a tratamientos pseudoterapéuticos es baja. Se desconoce que: en la inmensa mayoría esos tratamientos no son llevados a cabo por profesionales idóneos, no tienen la más mínima evidencia científica de sus resultados, un porcentaje alto (97% según un estudio realizado en Estados Unidos) causan un daño a las personas, se dan fenómenos de intrusismo profesional, abuso terapéutico y manipulación.
Esto ha llevado al gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, en conjunto con la Red Española de Agencias de evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (REDETS), a lanzar la campaña #coNprueba con la finalidad de promover el pensamiento crítico, la información sobre qué terapias cuentan con el aval científico y cuáles no y la protección de la población contra la estafa y el prejuicio a la salud y la vida que representan las pseudoterapias y las pseudociencias.
Es deber del Estado la protección de la población y es deber del Estado salvaguardar la salud de los ciudadanos. En una etapa nueva en la que tantas oportunidades de innovación se nos abren, es de desear el cumplimiento total de la ley de salud mental y por qué no, así como lo dice el gobierno de España a su pueblo, que el nuestro también nos diga “no te la juegues, #coNprueba”.
(*) Licenciado en Psicología
