La semana pasada se desarrolló un conversatorio que tuvo como eje las políticas sociales, organizado por la Iglesia católica de Montevideo, la Asociación Uruguaya de Educación Católica, Cáritas Uruguaya, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación y Radio Oriental, en el que participaron referentes de los distintos partidos políticos.
En primer lugar, hay que reconocer que el trabajo que hace la comunidad católica en los distintos barrios de Montevideo y en diferentes puntos del país es elogiable, no solo distribuyendo semanalmente 5500 platos en la zona metropolitana, mediante 17 ollas populares, a las que se suman merenderos y reparto de canastas y vestimentas, sino también teniendo una presencia efectiva en territorios donde el Estado ha estado ausente o ha sido ineficaz. Por ejemplo, solo en la cuenca Casavalle trabajan entre diversas obras e iniciativas de la Iglesia siete parroquias y capillas, un centro misionero, tres centros educativos, dos hogares, siete obras socioeducativas y un salón multiuso frente a una cancha barrial.
Cabe preguntarse qué sería de estas zonas marginadas si no estuviera presente la Iglesia aportando no solo con obras sociales, alimentos, etcétera, sino dándoles a estas personas y familias vulnerables un sentido de humanidad, un sentido espiritual en la vida.
De todos modos, fue interesante observar cómo frente a la posibilidad de que cada una de las principales fuerzas políticas pudiera expresarse poniendo foco en acciones y políticas orientadas a resolver o revertir la situación de las personas más vulnerables de este país, quedó en evidencia que hay más coincidencias que desacuerdos en la materia. Y en ese sentido, con algunos matices, hubo consenso en que la problemática de la pobreza infantil, la situación actual de las cárceles y de las medidas y planes que se deben implementar para que el Instituto Nacional de Rehabilitación sea verdaderamente un espacio de rehabilitación debe ser una prioridad en la próxima legislatura.
Ahora bien, si uno observa el costo que tiene desarrollar este tipo de políticas sociales, en un país en el que el gasto público y el déficit fiscal vienen aumentando desde hace décadas, resulta obvio que no será sencillo implementarlas sin caer en el acostumbrado endeudamiento. Y en esa línea, las palabras con las que comenzó su alocución Marcos Rodríguez, referente de Cabildo Abierto en políticas sociales, al expresar que “la estabilidad macroeconómica es la primera y principal política social”, nos parecieron más que adecuadas, especialmente en el momento de bifurcación en que nos encontramos ocasionado por el cisne negro del plebiscito de la seguridad social del Pit-Cnt.
Porque de implementarse la reforma del plebiscito de la seguridad social, no solo tendría el país un sobrecosto inmediato de US$ 1000 millones, sino que, además, como bien decía Nicolás Cichevsky en su columna del lunes en el diario El País, “siendo que los recursos son finitos y el margen para incrementar el gasto es limitado, al mismo tiempo que se opta por incrementar las pasividades se está optando por no gastar en reducir la pobreza”.
No obstante, más allá de la distribución de recursos que pueda hacer el Estado, hay un tema de fondo que es la cuestión de por qué nuestro país –siendo un país de similares características a otros, por ejemplo Irlanda, o Nueva Zelanda– no puede resolver el problema del estancamiento económico. ¿Por qué Uruguay, a pesar de algunos vientos favorables, es un país donde hay un núcleo duro de pobreza de alrededor del 10% que permanece incambiable desde hace décadas?
Felipe Caorsi, en su columna de este número, responde a la primera pregunta al decir que “el PBI de Irlanda en 2022 era de 534 mil millones de dólares, el de Uruguay el mismo año era de 71,18 mil millones. La población de Uruguay es de 3,5 millones de personas y la de Irlanda de 4,5 millones. Uruguay cuenta con mejores recursos naturales y mejor clima. Pero los irlandeses son cinco veces más ricos que nosotros. Irlanda apostó a atraer a los grandes capitales extranjeros, a reducir el gasto público, el tamaño del Estado y los impuestos. En Uruguay seguimos queriendo ser empleados públicos […] Y ahora también trabajar menos años y cobrar más. Todas las recetas que hicieron de Irlanda un país rico las queremos aplicar al revés, será por eso que somo cinco veces más pobres que ellos”.
En definitiva, esto se relaciona con lo manifestado por el senador Guido Manini Ríos respecto a la necesidad de bajar el déficit fiscal en torno al 2%, para generar las bases para un crecimiento real de la economía, y de esa forma generar mayor empleo y mayor movilidad social. “Yo pienso que tarde o temprano se va a tener que ir por ese camino, porque hoy por hoy el país está en un encarecimiento tal que está arruinando la posibilidad de creación de nuevas fuentes de trabajo. Entonces cada vez el problema se agrava más. Hay que ir por el lado de que el Estado pese menos”.
Por otro lado, es evidente que la verdadera dimensión del desarrollo social no puede ser simplemente un paliativo que actúa a posteriori sobre el problema ya instalado, como bien explicaba Marcos Rodríguez en el conversatorio mencionado ut supra, “El Ministerio de Desarrollo Social, seamos sinceros, no es un ministerio de desarrollo social, no abarca las dimensiones que abarca el desarrollo social, no abarca dimensiones de vivienda, de empleo, de educación. El Ministerio de Desarrollo Social hoy se dedica a atender circunstancias de emergencias que claramente son difíciles de solucionar”.
De forma que para convertirse en un país que no deje a nadie atrás, Uruguay no solo debe reestructurar el concepto de desarrollo social inoculado durante las últimas décadas, sino que parece ser determinante hacer una transformación del Estado. Porque para cumplir con aquella consigna de José Artigas, “Los más infelices serán los más privilegiados”, redactada en el célebre Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, el nuestro debe ser un país que no siga comprometiendo su competitividad. No solo en el sentido macroeconómico, sino también a nivel micro, generando que cada uruguayo, desde su puesto de trabajo o desde su propio emprendimiento, pueda crecer y desarrollarse. Al final de cuentas, lo que estamos viendo en torno a la problemática de la pobreza es la crisis de un modelo de Estado de cuño batllista, que ha llegado a su techo definitivo.
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