En el anterior número de La Mañana en la columna “Desenredar la madeja” se plantearon una serie de interrogantes estrechamente vinculadas a la presentación del proyecto de ley de los senadores de Cabildo Abierto y los conflictos entre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución nacional.
Destacábamos que, según las expresiones del senador Guido Manini, lo medular de esa iniciativa no se agota en lo referido a la ley de caducidad sino que apunta a reafirmar la preeminencia de los principios generales del Derecho y las disposiciones de la Constitución nacional sobre las sentencias o dictámenes internacionales, para cualquier situación presente o futura. Así, en el punto F de la exposición de motivos señala el texto: “Que la majestad de la Ley considera inadmisible que por vía doctrinaria y jurisprudencial se vulneren los principios básicos del Derecho Penal”.
En sintonía con esto, el pasado miércoles los cabildantes ingresaron en el Senado una moción de declaración rechazando un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que llamaron a los legisladores a “abstenerse” de aprobar el referido proyecto de ley. Un pronunciamiento que sorprendió por haberse realizado por las redes sociales oficiales del organismo incluso antes de que el texto del proyecto pudiera ser conocido formalmente por los parlamentarios.
Si bien la moción quedó a estudio, ya existieron algunas manifestaciones por parte de integrantes de la coalición. “No me gustó nada que se me intimara a tomar una decisión, que quizás la tome en ese sentido o no, pero ninguna Corte me va a intimar como legisladora o representante nacional a tomar una postura”, expresó la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional según publicó La Diaria. “Parece que nos están mojando la oreja”, agregó. Mientras tanto, el senador Gustavo Penadés sostuvo al mismo medio que es necesario “respetar la independencia de los países y el derecho de los legisladores a presentar los temas que entiendan pertinentes” y que “habría que ser más cuidadosos para hacer este tipo de declaraciones”.
El último párrafo de la moción presentada por los cabildantes sostiene que “nuestro país se compromete, una vez más, a respetar el Derecho Internacional y las Convenciones suscritas, sin desmedro de nuestra independencia y soberanía nacional”. Una actitud que coincide con lo establecido en el programa de gobierno de Cabildo Abierto que en su capítulo de inserción internacional manifestó que “la Política Exterior estará orientada a velar por el interés nacional. Sostenemos la defensa de principios históricos como la Autodeterminación, la No Intervención y la Solución Pacífica de las Controversias”. Subrayando además que “la inserción internacional y las decisiones soberanas de Uruguay no pueden quedar subordinadas a ninguna geoestrategia extranjera, sin desconocer un normal grado de interdependencia en el contexto de la globalización. Reivindicamos una pertenencia activa y dinámica como sujetos de la comunidad internacional. Rechazamos por igual tendencias actuales como el soberanismo de repliegue y el globalismo uniforme”.
El financiamiento privado de los organismos internacionales
Está claro que ninguno de los partidos políticos con representación parlamentaria desconoce la importancia del Derecho Internacional y del multilateralismo para un país como Uruguay. Quienes sostienen o insinúan otra cosa simplemente buscan poner en ridículo una posición que no cuestiona la jurisdicción internacional sino el acatamiento de aquellos dictámenes reñidos con la Constitución y los principios generales del Derecho.
Los principales cuestionamientos del sistema interamericano han provenido no de los partidos tradicionales sino del Frente Amplio, que en forma ambigua fustiga a la OEA y el TIAR mientras se subordina dócilmente a su aparato de justicia. El programa de gobierno del FA de 2019, derrotado en las urnas, dice que “se apunta enfáticamente a la necesidad de trabajar en la reestructura de la OEA y el avance en la generación de acuerdos vinculantes en materia de DDHH y otros a nivel de ONU”. Pero vaya que si aún queda algo de anti-imperialismo en el FA sobran los motivos para poner en tela de juicio ese sistema.
En 2016, durante la cuarta plenaria de la 46ª Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, el entonces canciller de Ecuador, Guillaume Long, durante su intervención recalcó que el sistema de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “está profundamente enfermo y tenemos que dar una respuesta”. El ministro centró las críticas en la Comisión “que hace de corte y se abroga funciones, juega en forma parcializada y politizada y eso se relaciona con su financiamiento externo”.
Denunció además que apenas la mitad de su presupuesto proviene de miembros de la OEA mientras que el resto depende de donaciones voluntarias de los países miembros, de países observadores y de instituciones y fundaciones privadas, según informó Sputnik y publicó el portal de la Cancillería. Entre los principales financistas está nada menos que la Open Society Foundation de George Soros, estrechamente vinculada con la Fundación Avinna y a nivel uruguayo con el Observatorio Luz Ibarburu y varias integrantes de la Asociación Nacional de ONG orientadas al desarrollo (ANONG).
Sabido es lo que piensa Soros sobre el nacionalismo y la soberanía a los que considera enemigos de la “sociedad abierta”, aunque no duda en promover los separatismos como el de los ucranianos del oeste o de los catalanes. Al mismo tiempo, sus organizaciones promueven el aborto libre y esto ha llevado a que el propio sistema interamericano de justicia tenga que hacer una interpretación forzadísima del artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica sobre Derecho a la Vida que establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y que “este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.
Un debate abierto a los uruguayos
Volviendo al punto inicial sobre el planteo principal del proyecto de ley, en los últimos días se pronunciaron dos prestigiosas figuras desde posiciones contrapuestas, lo que viene a corroborar efectivamente que el debate entre internacionalistas y constitucionalistas sigue abierto (ambas etiquetas que usamos a efectos prácticos sin afán de simplificar posturas que son más complejas).
Por un lado, el abogado Martín Risso Ferrand escribió en las Cartas al Director del semanario Búsqueda sobre varias cuestiones que, a su modo de ver, tienen respuestas sencillas. Por otro, el expresidente Julio María Sanguinetti publicó el artículo “Estado de Derecho y paz social” en el diario El País desarrollando algunas opiniones en un sentido contrario.
Risso recuerda que precisamente durante la primera presidencia de Sanguinetti se aprobó la ley que sometía al país a la jurisdicción de la CIDH y por ende las sentencias en procesos en que Uruguay es parte son obligatorias. Mientras tanto, Sanguinetti escribe que “por supuesto que a la Corte la hemos aceptado, desde 1985 a propuesta de nuestro gobierno. Pero jamás entendimos que eso establecía una supranacionalidad absoluta y que la Corte pasaba a estar por encima de nuestra Constitución”.
Sobre si nuestro país puede salir de la jurisdicción de la Corte, Risso afirma que solo es posible denunciando la Convención Americana y cuyo mero intento sería “una vergüenza nacional”. En tanto, Sanguinetti relativiza el daño al prestigio internacional –no de salir de la jurisdicción sino de incumplir los dictámenes- y señala que las opiniones y resoluciones se acatan muy poco, por ejemplo Colombia o Perú con un incumplimiento cercano al 68%.
Respecto a si la sentencia de 2011 de la Corte es obligatoria para Uruguay, Risso considera que sí y equipara con el fallo de la Corte de La Haya sobre Botnia, que no podría ser desconocido por Argentina. Sanguinetti, en cambio, sostiene que la CorteIDH “está para atender las situaciones de indefensión pero no para subordinar los poderes constituidos de una democracia” y agrega que “para nuestra Constitución un tratado es solamente una ley, a diferencia de la Argentina que le atribuye valor constitucional”.
Decimos nosotros desde esta columna, para cerrar, que de ninguna manera puede asegurarse que solo superpotencias o estados parias ponen límites a la jurisdicción internacional. La Oficina de Justicia Federal de Suiza encargó un informe en 2018 sobre cómo gestionan otros países esta relación y llegó a la conclusión que tanto Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia o India no le dan a la ley internacional una prioridad automática. Hasta aquí nuestro aporte a un debate fundamental que se daba entre cuatro paredes y ahora se transparenta y abre a todos los uruguayos.
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