Frente a la difícil situación que enfrentan nuestras empresas nacionales, de a poco vamos viendo cómo las instituciones del país van quedando subordinadas a diversos intereses transnacionales. La ciudadanía observa con perplejidad una creciente discriminación de las empresas nacionales de parte de un Estado que dedica a empresas extranjeras una atención especial, ofreciendo una especie de “vía rápida” para la solución de sus problemas.
Escuchamos permanentemente a los líderes políticos hablar sobre la importancia de las instituciones y la República. Ningún candidato con aspiraciones reales a la Presidencia deja de mencionar en sus discursos estos conceptos que constituyen dos pilares de nuestra existencia como país independiente.
El académico Daron Acemoglu ha estudiado cómo las instituciones inciden en el desarrollo económico de un país. Por institución se refiere al conjunto de reglas formales e informales que rigen las interacciones humanas. Esto incluye entre otras cosas las relaciones laborales, la protección a la propiedad, el respeto a los contratos, los costos de transacción y el sistema educativo.
Más específicamente, Acemoglu distingue las instituciones inclusivas de las extractivas. Las inclusivas ofrecen igualdad de condiciones para que la mayoría de la sociedad pueda desarrollar sus habilidades, promoviendo la innovación, la inversión y la generación de empleo. Las extractivas, por el contrario, tienden a beneficiar a un pequeño segmento de la sociedad, provocando volatilidad en el derecho de propiedad y opacidad en los contratos, lo que desestimula la innovación y la inversión.
Instalar instituciones inclusivas requiere un Estado firme y con convicción que pueda imponer reglas de juego justas e igualitarias. Por el contrario, las instituciones extractivas van ganando lugar en aquellos Estados débiles que se van corrompiendo por los intereses particulares.
Lamentablemente, en los últimos tiempos el Estado uruguayo se ha agrandado, pero al mismo tiempo se ha debilitado, siendo cada vez más preso de intereses que no son necesariamente los del común de la población.
Desafortunadamente, y casi sin que nos diéramos cuenta, se fueron instalando en nuestro país prácticas del tipo que Acemoglu define como extractivas. La negociación con UPM2 ha puesto este fenómeno de manifiesto frente a la opinión pública, pero existen otros ejemplos notorios.
Cuando el Estado se compromete a crear una oficina especial del Ministerio de Trabajo a efectos de atender las necesidades de una empresa, está en los hechos creando un Estado “a domicilio”, lo que incrementa los riesgos de captura del regulador por el regulado. Lo mismo cuando la DINAMA debe ofrecer una compensación especial a sus funcionarios para que aprueben de forma expedita el permiso ambiental de una empresa. El último en agregarse a esta serie de ventanas especiales es el BCU, que según afirmó su titular la semana pasada, va a coordinar directamente con UPM la realización de operaciones de cambio, a efectos de limitar la volatilidad.
Todo esto va en la dirección opuesta de la transparencia y la inclusión, dos palabras favoritas de la fuerza de gobierno. Muy por el contrario, vemos avanzar con preocupación la opacidad en una economía cada vez más basada en la búsqueda de rentas.
Mucho más preocupante que el crecimiento de instituciones extractivas, es el hecho que por omisión nuestro Estado ha permitido al narcotráfico la formación de un conjunto de instituciones y valores que se superponen a aquellos de la sociedad civil organizada. Es así que señores feudales modernos compiten entre sí y con el Estado por el control del territorio.
El nuevo gobierno tendrá como primera misión recuperar el territorio nacional, restableciendo el imperio de la ley. Recién allí el sistema político podrá sentarse a discutir si queremos escuelas del tipo de las que hay en Finlandia o Nueva Zelandia.
