Si hacer fuese tan fácil como saber lo que es preferible, las capillas serían iglesias, y las cabañas de los pobres, palacios de príncipes.
El mercader de Venecia, William Shakespeare
El próximo sábado comenzará una nueva legislatura que tendrá por delante varios desafíos, el principal de ellos será que ninguno de los dos bloques –Coalición Republicana y Frente Amplio– tendrá mayorías absolutas, por lo que ya de partida el hábito de negociar deberá ser la receta que prime durante los próximos cinco años. Pero, además, los legisladores que asumirán su banca en el Parlamento –recordemos que, según el Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales, el recambio de la Asamblea General será del 52%, de los más altos que ha habido en las últimas décadas– deberán afrontar el reto de legislar para un país que tiene que navegar en un escenario bastante incierto, tanto a nivel nacional, regional como internacional.
Lamentablemente, hay una parte de nuestro sistema político que sigue discutiendo en una baldosa temas que, de alguna manera, son intrascendentes por lo evidente como, por ejemplo, si TV Ciudad es o no un aporte a la democracia, cuando debería ser obvio que una intendencia es una intendencia y no un Estado dentro del Estado. En esa línea, bastaría con tener un solo un canal público y no una miríada de ellos absorbiendo recursos para garantizar un acceso igualitario a la opinión pública. Porque no solo se desvían dineros que deberían priorizarse para los objetivos fundamentales que cada intendencia tiene por propios, sino que cuando un organismo o ente comienza a asumir otras responsabilidades de las que tiene asignadas por ley, no solo se está transgrediendo la institucionalidad republicana, sino que por lo general no se termina haciendo las cosas bien, por aquello que dice el adagio: “Quien mucho abarca poco aprieta”.
Algo similar ocurre con el BPS, tal como lo explica en esta edición Pereyra de Brun, director del BPS por el sector empresarial, al decir que “es un tema cultural, es una de las cosas que hemos atacado y creo que ha quedado bastante claro. Hay cosas que hace el BPS con las que no estamos de acuerdo, pero cuando las vamos a ver, muchas veces se plantean como un derecho. Uno es el tema de las políticas de viviendas sociales, nosotros no las vemos. Hay un montón de organizaciones que se dedican a la tarea de la vivienda y el BPS hace lo mismo y lo hace mal, el BPS realiza un montón de políticas públicas que no tienen nada que ver con la seguridad social en su fin primario”. Más claro, hay que echarle agua. Pues así, en ese caos de duplicación de recursos para los mismos fines, el Estado uruguayo se ha vuelto un laberinto sin salida o, mejor dicho, de salida para muchos emprendedores que apuestan por Uruguay.
Así, mientras varias empresas que significan cientos de puestos de trabajo se van del país por un problema de costos tanto laborales como de producción, el Pit-Cnt sigue insistiendo en la reducción de la jornada laboral sin considerar quién va a pagar los costos que implicaría aplicar dicha medida. Y es que parece que algunos líderes sindicales y políticos han perdido la noción de la realidad económica del país, no solo del Estado y de todo lo que tiene a su cargo, sino también de las empresas que componen el ecosistema económico uruguayo. Es más, se ha llegado a un punto en que la fantasía supera la realidad, creándose en el pensamiento de la gente una falsa imagen del Estado y del empresariado en general.
Y en esa línea, puede decirse que al pensamiento político de la izquierda latinoamericana le ha resultado más sencilla la tarea de criticar que la de brindar acciones y soluciones concretas que tengan un impacto a largo plazo a la hora de gobernar. Más bien ha preferido insistir en una política cortoplacista que pueda generar réditos electorales. Y ese es quizás uno de los motivos por el que, a pesar del viento de cola que tuvieron los gobiernos de izquierda en la región, los problemas estructurales no se resolvieron. Y como contracara, parecería que, para una parte del pensamiento político latinoamericano, el ethos de la incompetencia se ha vuelto una suerte de autojustificación, especialmente en Uruguay.
En efecto, “ethos” quiere decir en griego “costumbre” o “carácter”, por lo que el carácter justamente de la incompetencia sería aquella costumbre de no solo no ver las posibilidades económicas que tenemos por delante, sino, peor aún, este ethos no le permite al uruguayo salir del círculo vicioso de lo que muchas veces se ha denominado “la vaca atada”. Y es aquí que nos parece interesante hacer una contraposición con el pensamiento social y económico de la región de Emilia-Romaña en Italia.
El modelo emiliano de desarrollo es una política industrial que tiene una perspectiva holística en que lo pequeño y lo local no son un impedimento, sino todo lo contrario. La Emilia-Romaña es una de las veinte regiones en que está dividida Italia y por sus características socioeconómicas, una de las principales. Su nombre proviene de la antigua carretera construida por el cónsul romano Marco Emilio Lepido en el siglo II después de Cristo, la cual se denomina “Via Emilia”.
En 1985, el economista italiano Sebastiano Brusco afirmaba que tres razones le habían llamado la atención sobre esta región. En primer lugar, el crecimiento sostenido de la región por más de quince años; en segundo lugar, la combinación entre lo local, social e industrial, y en tercer lugar en la región emiliana “casi todas las autoridades locales, incluyendo al gobierno regional, están en manos del Partido Comunista, a menudo aliado con el Partido Socialista. La región, por lo tanto, representa una especie de prueba para una coalición de partidos de izquierda en Italia, lo que representa algo de sumo interés para el resto de Europa”.
Desde esa perspectiva, podemos ver que existen diferencias notorias entre el pensamiento sindicalista uruguayo y el emiliano. Ya que en esta región italiana el sindicalismo no fue un instrumento de lucha, sino un instrumento para buscar acuerdos. Y en esa medida se fortaleció el tejido de mutuas relaciones entre los empresarios, trabajadores y el sector público y político, lo que evidentemente, les trajo beneficios a todos los implicados.
Hugo Manini Ríos, refundador de La Mañana, insistía desde esta línea editorial en la importancia de instrumentar un Consejo de Economía Nacional, tal como lo prevé ya la Constitución de la República, para ser un órgano consultivo capaz de delinear políticas económicas a largo plazo. El comienzo de esta nueva legislatura –especialmente teniendo en cuenta los problemas de competitividad y costo país que estamos teniendo– debería ser una oportunidad para establecer este consejo y salir de una vez por todas de esa perspectiva miope en que trabajadores, sistema políticos y empresarios deben estar disociados.
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