Ley de Conservación de Suelos y Aguas: origen legislativo. Visión agro-ambiental de avanzada
Nuestra legislación en la materia se rige actualmente por el Decreto Ley 15239, de 23/12/1981 y su modificativa la Ley 18.564 de 11/09/2009, y sus decretos reglamentarios, 284/90, 333/94 y 405/08, tiene su origen en la Ley 13.667 de 18/06/1968 .-Es decir, ya en el año 1968, nuestro país tenía un sentido del cuidado de los suelos y aguas, mucho antes del desembarco de toda la normativa ambiental consagrada en Tratados Internacionales, y en legislaciones supranacionales, como es el caso de la Unión Europea y nacionales.
Sin embargo no debo inducir en error al lector, siendo que la finalidad de la misma fue la promoción y regulación en el uso conservación del suelo con fines productivos, y no ambientales (ni se hablaba de ello en 1968).
Esta ley 13.667 de 1968, le adjudicaba al Estado el deber de velar por prevenir y controlar la erosión y pérdida de los suelos, encargándole al “Ministerio de Ganadería y Agricultura”, la coordinación y dirección de las actividades. Lo cual fue modificado por Decreto Ley 15.239, que traslada al ámbito del productor la obligación de la política conservacionista, que según surge de las actas de la discusión de la norma, pretendía ser “el primer paso para llevar conciencia a nuestros conciudadanos y habitantes de la República, que la tierra es un bien que hay que cuidar para el futuro de las nuevas generaciones”.
Pero más allá de la responsabilidad de los titulares de explotaciones agropecuarias al decir del Decreto Ley mencionado, la conservación a partir de la legislación citada, pasa a ser un tema de toda la comunidad, sustrayéndose de la esfera individual del titular de la explotación agraria. Lo cual es nuevamente modificado, y ampliado con la nueva redacción dada por la Ley 18.564 del año 2009, disponiendo que “todas las personas tienen la obligación de colaborar”.
En cuanto a los obligados directamente, también se dispone una redacción más abarcativa intentando incluir a todas aquellas personas físicas o jurídicas vinculadas con el establecimiento rural, que exploten el mismo o que simplemente tengan calidad de propietarios u otro vínculo jurídico, lo cual merecerá realizar un análisis complementario.
Queda evidenciado la política reglamentarista en la materia, dado que con la última modificación legislativa, se aumentan los deberes de aquellos involucrados directamente con el predio.
Sobre el particular corresponde soslayar que no hay personas más cuidadosas del medio ambiente que nuestros productores rurales, por la sencilla razón que nadie más que ellos cuidan del suelo de su establecimiento, siendo que este constituye el principal factor de producción para la obtención de sus productos tanto animales como vegetales, y ni qué decir del agua, sostén imprescindible para cualquier actividad agraria, siendo este sector el mayor consumidor de agua dulce del planeta.
Para redondear lo dicho, la postura de considerar a los recursos naturales del suelo y agua como un tema de toda la colectividad, termina siendo el fundamento para la limitación del derecho de propiedad, por razones de interés general, consagrado en la normativa indicada, que ameritará un pronunciamiento respecto de la libertad de empresa, su impacto sobre el patrimonio inmobiliario, contemplando la normativa como ser Ley General de Protección del Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial, y el art. 47 de nuestra Constitución Nacional.-
En mi opinión, toda sociedad que se precie de republicana, donde rija un estado de derecho sin fisuras, las restricciones o limitaciones a las libertades individuales afectando derechos que nuestra Constitución reconoce como pre-existentes, deben observase con un alto grado de responsabilidad y sensibilidad especial, ya que lo que enaltece a una sociedad es el ejercicio de la libertad y la defensa de los derechos de sus integrantes.
Dr. Esc. Fernando Camadini López
Abogado – Escribano
Miembro de la Comisión de Derecho Agrario de la Asociación de Escribanos
Miembro de la UMAU ( Unión Mundial de Agraristas Universitarios)
Ex Miembro del Instituto de Derecho Agrario de la UDELAR
El tiro por la culata
Hicieron reunión de prensa para expresar baja de homicidios y delitos violentos y ese día 5 homicidios, dos días antes había ocurrido otro homicidio, y luego se suma otro más, vaya baja.
Pero el Ministro insiste que este mes habrá descenso en relación al 2018. A quién le puede importar si hay uno o dos menos, o uno o dos más. Únicamente a los involucrados. Vivimos una epidemia de criminalidad. De desborde criminal e inoperancia estatal.
Dicen que son ajustes de cuentas y esto me genera más interrogantes.
Que significa la caratula de “ajustes de cuentas”
Se van a investigar o la justicia por mano propia esta fuera del sistema y no se investiga.
Estas rencillas vinculadas a actividades delictivas no se tienen en cuenta, ¿No entran en los problemas de orden público?
Como policía digo que si sabemos que los muertos son consecuencia de ajustes de cuentas ya hemos avanzado, pues la investigación se direccionara a los enemigos. Será más fácil llegar a los responsables.
No importa la actividad de la víctima, es obligación del Estado investigar y no presumir eventualidades. Es obligación de la policía, velar por el cumplimiento de la ley y conservar el monopolio del uso de la fuerza.
No está permitido ningún caso de justicia por mano propia. Esto es una premisa irrenunciable.
Ya basta con las excepciones de la legítima defensa, el arresto ciudadano etc. La esencia de la democracia es la división de poderes y el debido proceso. Justicia por mano propia, “nunca”.
O se le quita relevancia para evitar una investigación peligrosa. Desde siempre el homicida es considerado un individuo peligroso, y desde siempre la función policial es riesgosa y hay que asumir riesgos.
Abordemos otro componente de los ajustes de cuentas en Uruguay.
Autoridades, políticos, prensa y gran parte de la comunidad generalizan y los vinculan al narco tráfico. En la criminalidad carcelaria y en la vida ciudadana se dice que están vinculados al consumo, tenencia o tráfico de drogas y aquí la otra interrogante.
Si el aumento de la criminalidad y violencia están vinculadas al tema drogas como es que quienes han comandado la actividad de represión del tráfico ilícito de drogas, no han tomado las medidas adecuadas para minimizar sus efectos.
El sub Secretario Vázquez antes de ingresar al Ministerio del Interior estuvo a cargo de las políticas estatales en el tema Drogas. El fallecido Director de la Policía Nacional Guarteche y el actual Director Mario Layera han estado al frente de la DGRTID, han dirigido el combate al narcotráfico, en conexión con las agencias internacionales y especialmente con la DEA y el FBI.
Parece ser que el éxito consiste en control de los movimientos financieros de las personas con leyes de inclusión financiera, de anti lavado etc y el experimento con la desastrosa ley de la marihuana.
Epidemia de violencia, muertes, corrupción de funcionarios públicos, y la comprobación de que nuestro país ha sido lugar de tránsito y de envío de toneladas de droga.
No funcionan los controles de ingreso, de acopio y de egreso de las drogas No funciona adecuadamente la represión del comercio y consumo interno
Y en este predominio de la criminalidad y políticas equivocadas, después de 15 años se dan cuenta que fue inadecuado debilitar las comisarias, distanciándolas de la comunidad, sin asumir lo equivocado de disolver unidades históricas de las policías como las direcciones de Investigaciones o Radio Patrulla.
Se equivocaron al manipular la profesionalidad de la carrera policial con los ascensos selectivos y en una institución jerarquizada se acuerdan soluciones a través de los gremios con los estamentos inferiores del instituto policial. ¿O tienen mala intención, o no saben lo que hacen? La buena o mala gestión de los patrullajes tiene incidencia en los conflictos de ajustes de cuentas. En algunos lugares y en determinadas horas su ausencia es determinante. El control de los moto chorros, moto sicarios es absolutamente ineficaz. Múltiples obstáculos para que el ciudadano de bien posea un arma en su casa para una eventual defensa y tanto malviviente armado deambulando por todos los rincones de nuestro país.
Ni en los rincones más recónditos de nuestro interior podemos sentirnos seguros. Y pretenden decir que hay menos muertes violentas, y que las políticas ministeriales en seguridad son eficientes. Un desastre.
Crio. General (r) Zósimo Nogueira de Mello
Fiscalías empoderadas. Acerca del pedido de formalización a Guido Manini
Ésta arbitraria actitud de la Fiscalía, que caprichosa y selectivamente, pretende formalizar penalmente al candidato de Cabildo Abierto, además de poner de relieve el poder que sobre la vida particular de cada individuo tiene un Fiscal y un Juez -poder muchas veces superior al del propio presidente de la Republica-, y la carnal vinculación de este organismo con el Poder Ejecutivo, permite concluir la importancia de la alternancia en el poder frente a estos comicios que se aproximan.
Si este Código del Proceso Penal vigente que adopta el modelo acusatorio norteamericano donde se traslada el eje de la investigación penal de la esfera de los jueces al campo de los fiscales, es una realidad ya instalada en nuestro país, bien vale observar con detenimiento las actuaciones de todos y cada uno de los representantes de la Fiscalía, pues han sido empoderados (palabra emblema del progresismo) de tal forma como nunca antes lo tuvieron los magistrados del Poder Judicial.
Es ocioso describir los peligros y tentaciones latentes, cuando quienes ejercen el poder no tienen los suficientes contrapesos, o los mismos carecen de la vitalidad necesaria. Basta con repasar a Montesquieu y su prédica acerca del equilibrio de poderes.
Sobre lo llamativo de esta acusación penal al Gral. Manini, ya se han manifestado connotados juristas, entre ellos un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, y del curioso manejo temporal de la misma, a menos de treinta días del acto eleccionario.
Largar los perros:
Con su agudo olfato político, tanto el expresidente Mujica y líder del sector más importante del FA, como el perenne legislador Rafael Michelini, han divisado lo inconveniente de esta antojadiza jugada del representante de la Fiscalía, pues es una forma de introducir la siempre peligrosa por impropia judicialización de la política. Basta observar las experiencias de nuestros países vecinos al respecto.
Frente a una consistente probabilidad de cambi
o de gobierno para el próximo quinquenio, no sería muy sabio que quienes hoy detentan momentáneamente el ejercicio del gobierno, estén alentando aventuras de operadores del proceso penal, que bien puedan lamentar en los próximos años.
Bradbury Rodríguez
Decíamos en nuestro primer número de La Mañana el 1° de julio de 1917:
“Invitamos a los señores ganaderos, agricultores, lecheros, etc., a que nos envíen sus autorizadas opiniones sobre cualquier tópico rural de interés inmediato, pues gustosos ofrecemos estas columnas a la campaña productora, para que haga oír sus ideas u sus legítimos anhelos en estos momentos tan difíciles para la economía nacional. El problema de los transportes ferroviarios, del acarreo de las tropas de ganado, de los pastoreos, de los sarnífugos y garrapaticidas caros y a veces ineficaces, cuando no peligrosos, y hasta otros temas que interesan a nuestros productores, podrán ser tratados en esta sección, que como queda dicho, ponemos a la disposición de todos los rurales, amantes del progreso del país”
Hoy renovamos nuestras palabras que tienen la misma vigencia de 1917, invitándolos a escribirnos a lectores@lamañana.uy
