DESINFORMANDO EN EL EXTRANJERO SOBRE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
El 14 de octubre apareció publicado en Project Syndicate un artículo firmado por un economista uruguayo llamado Aníbal Peluffo, que asesora a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). El artículo aparece traducido a varios idiomas, en particular el chino y el árabe, por lo que presumiblemente tiene como destino el mundo. El título del mismo es “Inclusión Financiera 2.0” y se explaya sobre las Fintech (nuevas tecnologías financieras) y la experiencia uruguaya con la inclusión financiera.
En una parte, el asesor económico de AEBU afirma que “la coalición de centroizquierda Frente Amplio que gobernó Uruguay desde 2005 hasta inicios de este año aprobó en 2014 una ley de inclusión financiera. Este programa aumentó considerablemente el acceso a servicios financieros, aunque todavía hay mucho por hacer para garantizar su uso efectivo. Por desgracia, el nuevo gobierno uruguayo de centroderecha decidió desmantelar los elementos centrales de la ley, contra las recomendaciones de muchos organismos internacionales que definen la inclusión financiera como un objetivo de desarrollo”.
Dado que se expresó hacia el mundo, hubiera correspondido que el Ec. Peluffo explicara que fueron las políticas de Danilo Astori y Mario Bergara, al frente de la economía uruguaya, las que permitieron una proliferación de la usura en Uruguay. Y que durante ese gobierno se permitió que las familias se endeudaran “legalmente” a tasas anuales efectivas que superan el 200%. Estas tasas, por otra parte, le han servido al sistema financiero por un tiempo mantener ocultas varias ineficiencias. También debería aclarar que a la población le quedó atrapado el dinero de sus sueldos pagando tasas nulas de interés, mientras se les prestaba ese mismo dinero a tasas activas vergonzosas para cualquier país desarrollado.
No corresponde responderle en una publicación internacional como Project Syndicate, para no facilitarle el juego a algunos supuestos “analistas” y “politólogos” que intentan mostrar una imagen negativa en el exterior de la coalición de gobierno. Juego al cual claramente ahora se suma Ud. defendiendo una inclusión financiera. Solo lo era de nombre, como muchos de los programas sociales del partido político al cual claramente representa, pero omite mencionar. Como si se tratara de un observador objetivo e impoluto de la realidad.
Respecto a su crítica al gobierno actual, en todo caso lo que hizo fue comenzar a desmontar la parodia progresista, empezando a cerrar los varios grifos que aún hoy alimentan a la decadente aventura progresista montada por los tres gobiernos del Frente Amplio.
Ignacio Paccioli
LA BUENA NOTICIA
El medio digital The Times En Español dedica un amplio espacio el 22/10, para negar que en el incendio de las iglesias en Chile, murieran “cien gatitos quemados”. También rebate la foto de la presunta feminista celebrando la quema, por trucada. De la lectura se deduce que el ataque pudo haber sido perpetrado con el interés de ensuciar el proceso de reforma de la constitución. Agrega que fue detenido un miembro de la Armada involucrado en los atentados.
Por las dudas, se aclara que «en ningún caso, justifica o esconde la violencia irracional desatada el día de ayer, lo que es inaceptable en el marco del Estado de Derecho».
Incendiar iglesias no es un invento chileno. En el año 793 los vikingos atacaron Lindisfarne y destruyeron ese monasterio matando a todos sus ocupantes. En los ’90 reeditando esa tradición el Inner Circle -un grupo anexo a las bandas de rock black metal– cuyo fin era erradicar el cristianismo, prendió fuego a más de cincuenta iglesias noruegas.
La revolución francesa fue claramente anticristiana. La diosa razón entronizada en Notre Dame: una prostituta pisoteando un crucifijo. Notre Dame se incendió en 2019; en 2020 la catedral de Nantes.
En España se festejó la república en 1931 incendiando iglesias. Se continuó en octubre de 1934 en Asturias y en 1936 comenzó el asesinato sistemático de sacerdotes.
Stalin transformó las iglesias en graneros o en clubes sociales para las señoras de la nomenklatura. En la década del ’30 cien mil personas fueron ejecutadas por casos relacionados con la religión. En 1931 se dinamitó la Catedral de Cristo Salvador para erigir un «Palacio de los Sóviets» que nunca se concretó. El templo se ha reconstruido.
¿Qué tienen en común todos estos hechos históricos? Todos son anti Cristo. La buena noticia es que no murieron los gatitos.
Gerardo Salvi
LA HERENCIA Y LA GRIETA
Lo de la herencia maldita es de muy larga data y está destinado a durar. Recuerdo las imprecaciones de De Gaulle contra la 4ª. República y la permanente inestabilidad de su régimen parlamentario, al que sustituyó en 1958 con la Constitución fundacional de la 5ª.República, que le dio estabilidad al gobierno y , con muy pequeñas modificaciones, dura hasta el presente.
Sin llegar a esas alturas, y por ser propio de la naturaleza humana, en el mundo diplomático circula desde siempre la misma anécdota, de que cuando el nuevo Embajador llega a su destino viene a sustituír a un gran incapaz y cuando se va lo sustituye un gran intrigante.
Lo de la grieta, en cambio, es reciente y propio de la Argentina y según lo que afirma ese buen periodista que es Nelson Fernández, ha sido idea de Jorge Lanata, quien no necesita presentaciones.
De la herencia dejada por los gobiernos del F. A. ni vamos a hablar; sus resultados nefastos se acumulan día a día, en la medida que se van abriendo las distintas reparticiones estatales a los ojos de la nueva administración y conociendo los abusos y los errores, la desidia y el desinterés, la impericia y la obstinación de los incompetentes, las corruptelas y los servicios a los compas, los favores sin merecimiento y las omisiones en el cumplimiento de obligaciones y funciones.
Pero de esta pesada herencia, los frentistas no hablan, en cambio han comenzado a cavar una grieta con sus ataques sin pausa contra Cabildo Abierto y su líder el General Manini Ríos.
Veamos. El General Manini ha declarado que su Partido Cabildo Abierto no acompañará el homenaje a los 100 años del Partido Comunista en nuestro medio, por entender que su concepción democrática le impide la adhesión para reverenciar a quienes apoyan dictaduras.
Se ha desatado la furia de los representantes bolches, que le reprochan a Manini esa “actitud antidemocrática”. Lo más sorprendente ha sido que el vocero del reproche ha sido un diputado que se presentó a la sesión en que asumió el nuevo Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou, con una camiseta con la bandera de Cuba.
Ahora pregunto ¿este señor se considera calificado para imputar al General Manini de tener actitudes antidemocráticas?
Vamos a entendernos, en la apertura de la grieta que avizoramos, están trabajando intensamente los senadores Carrera (que dejó su cargo de oscuro lucimiento en el equipo de Bonomi) y Bergara (que pretende haber dejado un manejo ejemplar y señero en la economía) y Castillo, que desde su ortodoxia comunista parece no haberse enterado de la desintegración de la Unión Soviética a partir de la caída del muro de Berlín, a pesar del ruido que hizo.
No han cesado los ataques a la LUC y veremos qué pasa con ese descaminado propósito, que ya visualizamos destinado a abortar o a ser rechazado por la ciudadanía.
Del Presupuesto, al que oponen marchas, paros, reclamos en una campaña que no cesa, presumiendo propósitos malignos y subalternos, que sólo ellos ven, hablan como heraldos del apocalipsis, sin advertir que las nuevas autoridades ni siquiera han podido comenzar su gobierno para atender como prioritaria necesidad la pandemia que hoy paraliza la economía mundial y cuya finalización permanece incierta.
Finalmente, reiteramos que fue bien claro el General Manini, -al que no pudieron sacar del Senado con procedimientos teñidos por una parcialidad que absolvió a los principales responsables Dres. Vázquez y Toma-, al decir que como demócrata se debía abstener de concurrir al homenaje de un Partido que acompaña regímenes dictatoriales.
Carlos Martel
EFLUVIOS PRIMAVERALES
En el día de ayer, y a título personal, el diputado Eduardo Lust propuso la adopción de medidas prontas de seguridad ante un supuesto estado de “conmoción interna”.
Hasta ahora, Uruguay es el país de América Latina que viene manejando mejor el flagelo de la pandemia. Lejos de observarse un estado de conmoción, se disfruta una relativa tranquilidad, a pesar de los esfuerzos de algunos medios para alarmarnos.
Es comprensible la impaciencia que se apodera de las personas en este contexto, en especial de los más jóvenes, que se dejan llevar por el devenir de los efluvios primaverales. Es verdad que esa festividad importada ha alterado algo la tranquilidad de los últimos días. El ministerio del Interior ha realizado varias intervenciones en fiestas clandestinas sin mayores incidentes, salvo los provocados por aquellos interesados en provocar verdadera conmoción, y a así como si nada, arrastrarnos a la experiencia staliniana a la que están siendo sometidos los argentinos.
Inadvertidamente el diputado Lust se hace eco de las propuestas extremas del SMU y el ex presidente Vázquez, satisfaciendo los deseos de aquellos que fueron desplazados del gobierno. Pero no se puede comparar la situación actual con la de los años amargos, en que una violencia desmelenada derramaba la sangre entre orientales. No existe comparación posible con el desafío que debió enfrentar Pacheco Areco, algo mas complejo que un grupo de jóvenes reunidos en una plaza céntrica. Pacheco respetó la constitución a rajatabla y no cedió ante ninguna presión. Mucho menos la de Kissinger.
Jacinto Pangalo
REMITIDO
EL ABOGADO DEFENSOR
El abogado que ejerce la defensa en materia penal es muchas veces menospreciado. Generalmente se lo identifica o asocia con el delito que se imputa a sus clientes, se lo ve como un cómplice, encubridor o simple saca presos.
A esto se agregan las críticas por la prensa dirigidas a quienes defendemos militares.
Se nos trata con desprecio y califica de chicaneros, cuestionadores compulsivos de los fallos judiciales, lo que no es cierto.
La prueba de ello es evidente, en materia civil y laboral hacemos lo mismo y nadie nos dice nada.
Entonces me permito concluir que el problema es el cliente, son los militares.
Para definir mi concepto sobre el rol del defensor penal no encuentro nada más acertado que la opinión expresada por un querido colega en las postrimerías de la dictadura y bien entrada la democracia, cuando los jueces penales no dejaban entrar a los abogados a las audiencias “porque el indagado primero declara como testigo” o después, cuando podía entrar, pero no preguntar.
Se necesitaron 20 años para que la Ley 17.773 modificara el artículo 113 del Código del Proceso Penal – Ley 15.032, que amplió los derechos de la defensa, sin alcanzar la igualdad con los que tiene el fiscal.
Hoy la cuestión sigue viva.
El fiscal ejerce el poder del Estado y a pesar de ello, tiene más derecho que su contraparte, el indagado y su defensor, lo que es inconstitucional, inconveniente e injusto.
En lo personal entiendo que esta diferencia de poder y de recursos debería ser compensada por la ley con más derechos.
Así ocurre en la materia laboral donde se trata en forma desigual al trabajador y a la empresa; porque la ley debe auxiliar al más débil y procurar la igualdad.
Pero, como soy legal contendor, no pido ventajas, exijo igualdad, reclamo los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene el fiscal.
“La evolución histórica, las regulaciones jurídico-positivas y la práctica forense han llevado a pensar siempre que la defensa penal era solamente la actividad contraria u opuesta a la acción del Ministerio Público. Hasta la propia denominación sugiere la idea de que el monopolio del interés público es tutelado en juicio exclusivamente a instancia del Fiscal del Crimen, como representante de la sociedad”.
“Esto se ha traducido en la calificación del acusador como Magistrado, equiparándolo en dignidad al propio juez o tribunal. Como consecuencia de ello, la figura del defensor ha quedado jurídica y materialmente en un segundo plano, como si éste solamente desempeñara el “ministerio privado” de velar por los intereses de su cliente”.
“Por el contrario, pensamos con CARRARA que la defensa no es un privilegio ni una concesión querida por la humanidad, sino un verdadero derecho originario del hombre y por ello inalienable. A este principio se asocia el otro, que también la sociedad tiene un interés directo en la defensa del acusado, porque necesita ella, que la pena no caiga sobre una cabeza cualquiera sino el castigo del verdadero culpable. Y de este modo – señala el maestro – la defensa no es de orden público secundario sino de orden público primario.”
“La ley no debe ver en el defensor sólo el abogado que defiende intereses particulares de su cliente, sino que debe dársele un trato acorde con su trascendente función. Su cargo debe ser ejercido en interés del derecho y de la sociedad a quien también le interesa que la pena recaiga sólo sobre el verdadero culpable y en la medida de su responsabilidad”.
“Por ello configura un verdadero “ministerio público” si es ejercida por letrados honestos al servicio del derecho y de la justicia más allá incluso de los intereses de su cliente”.
“Sólo la defensa actuando en paridad de condiciones con el Estado dentro del proceso es garantía para el imputado acerca del control de la pretensión punitiva y de las pruebas en su contra”. *
Pasaron 40 años y el artículo del Dr. Álvarez Cozzi sigue vigente, reclamando igualdad, verdad y justicia.
A modo de conclusión destaco que pocas veces se advierte que los abogados en el proceso penal podemos ocupar diversos roles.
Como denunciantes hacemos de fiscal, asistiendo al imputado somos defensores, patrocinando a la víctima o al damnificado civil procuramos la reparación del daño, como cualquier abogado en materia civil.
Para ello debemos estudiar, investigar, solicitar prueba, oponernos a lo que solicita la contraparte y recurrir las decisiones del juez, porque de eso se trata ser abogado.
Entonces como abogado defensor reclamo para mí y para mis colegas el mismo respeto que se debe al Juez y al Fiscal y advierto que no es bueno que se nos menosprecie por el solo hecho de ejercer los derechos que la ley nos otorga.
No trabajamos solo para nosotros y para nuestros clientes.
Somos parte del proceso que hace cumplir la ley con el fin de realizar los valores de paz, verdad y justicia.
* ÁLVAREZ COZZI, Carlos. La defensa penal como “ministerio público”. REVISTA del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, AÑO IV, Nº 6. Ediciones Amalio Fernández. Montevideo, junio de 1982, Pág. 149.
Carlos BUSTAMANTE BARRIOS
www.estudiobustamante.com
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