En el artículo anterior nos referimos a la autonomía y el gobierno de las universidades europeas. En este abordaremos la situación de las universidades en América Latina.
En nuestra región, las primeras universidades datan de los siglos XVI y XVII. Esas universidades coloniales de la América hispánica estaban regidas por órdenes religiosas, mientras que en los primeros tiempos de la independencia adoptaron el modelo napoleónico, o sea, el de universidad administrativa cuyos programas normalmente eran diseñados por los ministerios que también nombraban a los docentes.
El mayor cambio en la gobernanza y la autonomía universitaria en América Latina fue consecuencia de las reformas de Córdoba de 1918, que con diferente intensidad y espaciadas en el tiempo fueron alcanzando a la mayoría de las universidades de la región. En Uruguay, por la proximidad geográfica, el programa de Córdoba tuvo influencia en los medios estudiantiles, donde prendió rápidamente.
La reforma de Córdoba de 1918
El Dr. Carlos Tünnermann en su estudio 90 años de la Reforma Universitaria de Córdoba (2008) analiza el origen ideológico reformista, del que destaca la convergencia de varias corrientes de pensamiento sobre una base de positivismo spenceriano o comteano. Al respecto Methol Ferré, citado en la obra mencionada, sostiene que “las bases intelectuales de Córdoba son informes y deleznables, batiburrillo de ideas flotantes en el ambiente”, situándose, dice, “dentro de la confusa crisis del positivismo y materialismo precedentes, y no está en condiciones de acuñar ninguna ideología propia, aunque la anhele en sus altisonancias”.
Con respecto al programa reformista, los principios se agrupan en tres áreas: los relacionados con la organización y gobierno de la universidad; los vinculados con la enseñanza y métodos docentes; y los referentes a la proyección política y social de la universidad.
En aquel 1918, en Córdoba, la autonomía consistía en lograr para el quehacer universitario la mayor independencia posible de las trabas que le imponían la Iglesia, el gobierno y las clases dominantes de la sociedad. El concepto de autonomía abarcaba el derecho de la comunidad universitaria a elegir sus propias autoridades; la libertad de cátedra; la designación de los profesores mediante procedimientos puramente académicos que garantizaran su idoneidad; la dirección y gobierno de la institución por sus propios órganos directivos; la aprobación de planes y programas de estudio; elaboración y aprobación del presupuesto universitario, incluso se llegó a recomendar la búsqueda de un mecanismo que permitiera a la universidad su autofinanciamiento (autarquía patrimonial) para evitar la dependencia del Estado.
Con respecto al cogobierno se buscaba combatir el exclusivo control interno de la institución por una casta profesional cerrada y retrógrada y se pasaba a la participación de los profesores, estudiantes y egresados. El objetivo era la democratización del gobierno de la universidad y la garantía de su renovación constante, principalmente por la acción de los representantes estudiantiles. Esta forma de gobierno tripartito fue consagrada en las leyes universitarias de varios países.
La preocupación permanente en América Latina por la autonomía universitaria se debe, entre otros factores, a la ausencia de límites entre lo político y lo educativo; a que la universidad ha sido utilizada para fines políticos; y porque las universidades han sido siempre un campo de acción importante para grupos políticos minoritarios o secundarios (Marsiske, 2010). Asimismo, la estrecha relación entre universidad, sociedad y política convierte a los gremios estudiantiles en campos de entrenamiento para futuros políticos a nivel nacional: cierto es que muchos “hombres públicos” en América Latina empezaron sus carreras en los gremios estudiantiles.
En este contexto los gremios universitarios asumen una gran importancia, pudiendo tener un gran poder de convocatoria, aglutinación y movilización de docentes, estudiantes y empleados, en defensa de determinados intereses y visiones, con importantes implicaciones sobre el gobierno de la institución. Según Gómez Campo (2004) estas tradiciones de relativa “irresponsabilidad” social han ejercido una gran influencia en el fortalecimiento de patrones endógenos, inerciales, conservadores, autocomplacientes y de intereses creados, de pensamiento y acción sobre el deber ser de las instituciones públicas y de su oferta educativa, todo lo cual presenta importantes problemas de legitimidad y gobernabilidad en las instituciones públicas.
Qué dejó la Reforma de Córdoba en América Latina
Desde el hito de Córdoba se han asentado algunos aspectos de la vida universitaria que vale la pena resaltar, como es el caso de la libertad académica, definida como el libre análisis, exposición y discusión de las ideas filosóficas, científicas y sociales, incluyendo las políticas en el terreno del análisis y la discusión, no del activismo militante. Otro punto importante es la misión social de la universidad, que hace que la función universitaria trascienda más allá del proceso de enseñanza, la vinculación de la universidad con el resto del sistema educativo nacional y un valor importante es la consustanciación de universidad y democracia. Cabe destacar otras reivindicaciones de la reforma como, la cátedra libre para la docencia para terminar con los feudos profesionales; la asistencia libre, que perseguía el acceso a los estudios universitarios de jóvenes provenientes de los sectores económicos débiles. La gratuidad de la enseñanza superior, incluida también en el programa reformista, es actualmente uno de los rasgos predominantes de la universidad latinoamericana.
El resto de los postulados está compuesto por planteamientos más de fondo, más polémicos y que son objeto a diario de análisis controversiales en todos los países y en casi todas las universidades. Por un lado, la autonomía, que ha estado en la primera línea de las reivindicaciones universitarias en América Latina y sigue siendo el punto medular de la reforma. Como menciona Tünnermann en su obra, el modelo universitario latinoamericano tiene el reto de evolucionar “hacia fórmulas que permitan conservar la autonomía verdadera, intrínseca de la institución, la independencia filosófica, la libertad de enseñar, difundir e investigar, mantener el clima de apertura y tolerancia, ajeno a presiones políticas y necesario para el fecundo ejercicio de las funciones académicas; y mantener, al mismo tiempo, con el Estado democrático las relaciones generales de la dependencia, de coordinación…”. Según Gómez Campo la reforma ha legitimado en algunas instituciones conceptos de “autonomía” cercanos a autarquía, soberanía y extraterritorialidad, cuya principal implicación es la resistencia a las evaluaciones y controles externos, a rendir cuentas a la sociedad y al Estado por la calidad y pertinencia de la educación ofrecida, y por el costo/beneficio del gasto estatal. No obstante, la autonomía no nace como un concepto acabado ni tiene una interpretación unívoca, las diferentes realidades de las universidades latinoamericanas presentan configuraciones diversas.
En cuanto al cogobierno, se ha consagrado en las legislaciones universitarias con variedad de sistemas que tratan de hacer realidad el principio de la participación de los estudiantes y graduados en la dirección de la universidad, considerado legítimamente válido. Sin embargo, su forma extrema de gobierno paritario, que prácticamente coloca la universidad en manos de los estudiantes, ha provocado severas críticas. Estos excesos del sector estudiantil en los cogobiernos son debidos a una politización inconveniente al ser elegidos activistas más como representantes de sus partidos políticos que de la mayoría estudiantil, independiente y silenciosa; medidas excesivas de presión, desarrollo de una política de intolerancia, que resulta negadora de la libertad y de la propia autonomía; todo ello ha ido desnaturalizando y desacreditando el cogobierno (Peñalver, 2008). También la participación docente en el cogobierno ha servido para mostrar una politización excesiva de los representantes, que a veces lo son también más de la corriente política que les dio respaldo que del sector profesional del que provienen, y sumado a la aparición y fortalecimiento continuo de las asociaciones gremiales que bregan por una acción sindical de obtención de mejoras salariales y de otros beneficios materiales, dejan de lado las preocupaciones académicas o institucionales.
Salvo algunas excepciones, las universidades latinoamericanas han avanzado mayormente en la llamada la organización jurídica o formal de la universidad (autonomía y cogobierno) y menos en lo referente a la estructura académica, que prácticamente continuó obedeciendo al patrón napoleónico de facultades profesionales separadas. En el próximo artículo nos referiremos a la autonomía y el cogobierno en la Universidad de la República.
* Coronel retirado del Ejército Nacional, licenciado en Educación Udelar, especialista en Derecho Internacional Público Udelar, docente.
TE PUEDE INTERESAR:
