El jueves 14 de agosto, un grupo de inversores de Conexión Ganadera presentó un documento de ocho hojas a la Comisión de Hacienda del Senado.
En nombre de los damnificados se presentaron en el Palacio Legislativo Horacio Pereira, Víctor Martín, Adriana Fernández y Fernando Panizza. Por la Comisión de Hacienda del Senado se encontraban Bettiana Díaz (presidenta), Sergio Botana (vicepresidente), Rafael Michelini, Liliam Kechichian, Daniel Caggiani y Robert Silva. Se leyó el documento (que aquí compartimos) y se dejaron carpetas para todos los legisladores con documentación que respalda el escrito.
El punto principal de la exposición fue el malestar de que a último momento la DGI se presentase al concurso de Conexión Ganadera para reclamar US$ 6,4 millones de impuestos de inversiones no vertidos por la empresa (IRPF). Recordemos que el BCU no regulaba a Conexión Ganadera como una empresa financiera sino productiva. Si la inversión es productiva debe pagar Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios) y si es financiera debe pagar IRPF porque genera renta. Conexión Ganadera no presentó sus últimos dos balances, no contaba con contabilidad (esto último dicho por el síndico Dr. Alfredo Ciavattone), sin embargo, la DGI fue omisa a esos controles.
¿Qué hubiese pasado si la DGI advertía que Conexión Ganadera estaba en falta? ¿Y si reclamaba la retención de IRPF en los 25 años que duró la estafa, contradiciendo al BCU?
En cuanto al BCU, reconocieron que hay cambios “hacia adelante” en regular a todos los fondos ganaderos de acá en más. Están investigando los contratos de Conexión Ganadera que fueron modificados en la sede del Banco Central junto al Dr. Fernández Reyes. ¿Qué hubiese pasado si la DGI no hubiese asesorado a Conexión Ganadera para cambiar sus contratos, la publicidad y el discurso de Carrasco, por ejemplo?
Se pidieron investigaciones internas en el MGAP –yo estoy al tanto de que esto ya está sucediendo–, al BCU –donde también ya hay una comisión trabajando–, ante la DGI y la Senaclaft. El espíritu no es el de hacer juicio a estas instituciones hoy, pero sí el de saber los miembros de cada institución del Estado que fueron cómplices u omisos ante esta estafa.
Por otro lado, el diputado Gustavo Salle pidió que el Dr. Juan Pablo Decia le diera información de la carpeta investigativa para poder investigar las formalizaciones que hizo el fiscal Dr. Enrique Rodríguez. Decia ha sido muy crítico con las imputaciones. Creemos todos a esta altura que hay varios delitos y varias personas involucradas que no han sido citadas aún, como ser Jorge Cunietti y Martín Muttoni. Entiendo que el fiscal se está tomando su tiempo y tiene una estrategia clara. Los recursos de Fiscalía y la Justicia son muy limitados.
Los números que no cierran
Abogados de los damnificados hablaban de que la sucesión de Gustavo Basso arrojaría unos US$ 50 millones al concurso, la prensa ahora dice que serían alrededor de US$ 6 millones y el síndico aclara que aún no ha sido concursada. Luego de investigar los contratos presentados, habíamos encontrado maniobras de prestanombres. Contratos que se utilizaron para justificar la entrada de dinero a la cuenta de Conexión Ganadera y/o bajar los montos (dividir un contrato en varias personas). Personas que se presentaron al concurso cuyo historial financiero hace que sea imposible que tuvieran el dinero que reclaman por contratos firmados con Conexión Ganadera. La cifra a la que habíamos llegado era aproximadamente de US$ 230 millones. Pero ahora sale por la prensa que la cifra es de US$ 350 millones.
Todo indica que el camino es el siguiente: Hernandarias tenía el ganado que anunció al síndico, por lo cual la fuga de ganado no sería por ahí, sino por el resto de los tomadores. Conexión Ganadera envió un listado de contratos que coincide con los US$ 350 millones. El delito era tomar dinero de los damnificados por parte de Basso y prestarlo a frigoríficos y a la empresa Gladenur para la venta de ganado en pie. Dicho eso, el director de esta empresa dijo en una audiencia que debe US$ 800.000 y los pagaría ni bien se lo pidieran. Cosa que no ha sucedido aún.
La pregunta de cómo un esquema Ponzi duró 25 años pagando en fecha capital a intereses no se responde con este relato, de dónde salía el dinero que se usó para financiar el esquema Ponzi, que como ya probamos funcionó desde el día uno.
Algunos abogados hablan de “duelo”, “de resignación a recuperar el dinero invertido”. El tiempo ayuda a que esto sea así, pero también ayuda a desconfiar de Fiscalía, de sus abogados defensores, del Parlamento, el gobierno, del Estado y sus instituciones.
La gente siente todos los días la ausencia de sus ahorros, de respuestas, y se enferma, se deprime. Hay otros inversores que quieren ir al edificio Imperiale a buscar a Daniela Cabral, a la casa de los Carrasco, a lo de Cunietti, Muttoni, Rava, Quiroga, Flores y muchos más. Quieren ir a la puerta de la DGI, del BCU y del MGAP. Se sienten estafados por todos y con un silencio cómplice, con ataques permanentes en redes: “especuladores”, “era un negocio entre privados”, “ellos sabían que esa tasa era muy alta”, etcétera, etcétera.
