El nuevo gobierno que asumirá en marzo ya tiene varios mojones por delante, entre los que se encuentra el problema de implementar un plan B para el suministro del agua potable en el área metropolitana. Paradójicamente, este fue un tema que el último gobierno de Tabaré Vázquez no quiso asumir –tal como sucedió con la reforma de la seguridad social– y fue el gobierno de Lacalle Pou el que terminó dándole la aprobación a la planta potabilizadora de Arazatí, aunque sin concretarla. Por lo que el tema del agua vuelve a ser un problema para el próximo gobierno de Yamandú Orsi.
Recordemos que había sido el exministro Fernández Huidobro, fallecido en 2016, quien había advertido en varias ocasiones sobre los efectos del cambio climático en las reservas de agua y que era necesario tener e instrumentar un plan alternativo a Aguas Corrientes. Desde entonces volvieron a resonar viejas ideas, como implementar una tomar de agua en el Río de la Plata a la altura de Arazatí, en el departamento de San José, donde el agua es mayoritariamente dulce en gran parte del año, o la realización de la represa de Casupá en el río Santa Lucía, en el departamento de Florida.
Cuando asumió el gobierno de la Coalición Republicana en 2019, estaban ambos proyectos sobre la mesa y el Ejecutivo se decidió por el proyecto Neptuno-Arazatí, por varios argumentos, entre los que se encontraba principalmente que Casupá no significaba una alternativa real a Aguas Corrientes por tratarse del mismo curso de agua, el río Santa Lucía, y en un período prolongado de seca se vería afectado en la totalidad de su cauce.
En marzo de 2022 el directorio de OSE firmó un acuerdo con Mekorot, la compañía nacional de aguas de Israel, por el que técnicos de la empresa ofrecen servicios de consultoría para reducir las pérdidas de agua y asesorar en el desarrollo del proyecto Neptuno. El año pasado, en medio de una de las peores crisis hídricas que afectó al territorio nacional, OSE anunció la adjudicación del proyecto Neptuno al consorcio Aguas de Montevideo, conformado por las empresas Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda. Y en el día de ayer tuvo la Autorización Ambiental Previa (AAP) que permite al consorcio la construcción del proyecto Neptuno-Arazatí, a pesar de la gran oposición de los vecinos del área circundante, de grupos ambientalistas y de una porción considerable de la academia.
El proyecto, como hemos explicado en otras ocasiones, consta de la instalación de una toma de agua bruta del Río de la Plata, una planta potabilizadora, un monorrelleno de lodos, y un pólder que oficiará de reserva de agua bruta para cuando los niveles de salinidad sean mayores en el Río de la Plata y el agua no sea potabilizable –este último es uno de los factores que genera mayores controversias–. De hecho, según había informado en setiembre de 2022 El Observador, Diego Berger, uno de los técnicos de Mekorot que vino a trabajar nuestro país, había expresado que el pólder era caro y sugirió que OSE construyera reservorios de agua potable “que tengan capacidad para abastecer, como mínimo, el consumo diario de la zona (650.000 m3). Especificando que en caso de haber mayores índices de salinidad era mejor mezclar esta agua con el agua dulce de otra fuente que mantener un pólder como reserva de agua bruta.
No obstante, según el informe final que otorgó los elementos para que el ministro de Ambiente se pronunciara a favor del proyecto Arazatí, establece la “concreción de una Reserva de Agua Bruta del propio Río de la Plata, dimensionada para garantizar el funcionamiento continuo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable ante eventos puntuales de salinidad de duración extensos, previendo un volumen de almacenamiento de 15 Hm3, suficiente para atender eventos de salinidad de 70 días de duración, incidente con un tiempo de recurrencia estimado mayor a 50 años”.
Entre los otros pormenores que tendría esta reserva de agua bruta está el riesgo de contaminar el acuífero Raigón, el más grande al sur del país.
Sin embargo, más allá de la polémica que pueda haber en torno a si contamina o no contamina, si es bueno o es malo el proyecto de Arazatí, lo que parece pasar desapercibido para la opinión pública es cómo en uno de los países más ricos del mundo si medimos la cantidad de recursos hídricos que dispone nuestro país, tanto superficiales o subterráneos, se siga trabajando en soluciones aisladas y no en un sistema nacional integrado de aguas.
El geólogo Guillermo Popelka acertadamente había afirmado para La Mañana algunos meses atrás:
“Debo mencionar que hace más de 10 años que vengo insistiendo con todas las autoridades, desde Presidencia para abajo, incluida naturalmente la OSE, para que se evalúe y explote este acuífero aluvial. Incluso durante este período, marcado por la gerencia de Castagnino, no ha sido posible utilizar esta otra fuente de agua, nueva e independiente de la superficial o de la del Río de la Plata. Pues bien, efectivamente, para captar y hacer uso de este recurso será necesario utilizar las últimas tecnologías de perforación y bombeo desarrolladas desde la industria del petróleo. En las últimas décadas se ha avanzado muchísimo en la industria del agua subterránea a nivel mundial. Nosotros no podemos encarar obras así sin la ayuda y colaboración de las grandes empresas internacionales que están familiarizadas con estas tecnologías y sus equipamientos. Se ha perdido un tiempo fundamental, porque si se hubiera encarado la exploración y explotación del acuífero sabríamos a ciencia cierta qué tan grande debía ser el proyecto Neptuno y cómo sería su diseño eficaz. Sin duda sería más reducido, mucho más económico y menos contaminante de como lo vemos proyectado”.
En efecto, hay que reconocer que nuestro país todavía tiene mucho camino por delante en lo que refiere al mapeo de sus recursos naturales, entre los que se encuentra el agua. Popelka ha hecho referencia en innumerables ocasiones a este acuífero aluvial del río Santa Lucía, manifestando que podría tener agua para abastecer Montevideo si se hicieran las prospecciones adecuadas.
Mas también cabe mencionar otro aspecto que tiene que ver con el cuidado del agua: su valor en un mundo en que este recurso escasea cada vez más. En una columna del economista Felipe Caorsi para este medio titulada “Agua y petróleo, ¿cuánto cotizan una y otro?”, se expresaba: “El barril de petróleo (158,9 litros) cotiza US$ 77,75 hoy, la tonelada de celulosa US$ 678 y el precio del agua potable es de US$ 2,50 el m3. Todos sabemos que el petróleo es mucho más caro que el agua. Pero lo cierto es que el petróleo se está dejando de usar y, por el contrario, cada vez se consume más agua”. Ambos son finitos, el petróleo y el agua subterránea, por lo de seguir simplemente la ley de la oferta y la demanda, el valor del agua debería ser otro.
En definitiva, el apuro del gobierno saliente por darle luz verde a este proyecto ha levantado inexorablemente el debate y la polémica. Y hasta dentro del mismo Frente Amplio hay posiciones encontradas. Al final de cuentas, la decisión estará en manos del presidente electo Yamandú Orsi. Habrá que ver si seguirá por el mismo camino que se ha seguido, sin comprender ni valorar estratégicamente nuestros recursos hídricos, o si se avanzará a través de un acuerdo multipartidario hacia un efectivo sistema integral de aguas, diseñado no para resolver nuestros problemas inmediatos, sino con una perspectiva de futuro a largo plazo.
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