Entre 1968 y 1969 se realiza la demarcación del límite acordado en el Tratado del Río Uruguay del 7 de abril de 1961, tarea que estaba pendiente. Se acuerda con los delegados argentinos proceder a señalar en el terreno las líneas imaginarias del comienzo del tramo del río perteneciente cada país, los ejes de los futuros emplazamientos de obras proyectadas, represa de Salto Grande y puentes, y el Paralelo de Punta Gorda, indicador del final del tramo del río Uruguay y comienzo del Río de la Plata.
El Tratado de 1961 establece que la línea límite es el eje del canal principal, marcado en los planos adjuntos del levantamiento que entre 1901 y 1908 realizó Argentina de este tramo del río. Previo al Tratado, Uruguay hace una reserva, ante un desacuerdo de límites con Brasil, en el sector que se encuentra la isla mal llamada “Brasilera”.
Al comienzo de la tarea, presenté observaciones para tener en cuenta. La declaratoria uruguaya previa refiere a un área del río como una situación de controversia sobre la delimitación, cuando se trata de un tramo de río sin delimitar. En cuanto a los planos adjuntos al texto del Tratado de 1961, existe falta de hojas, en los conjuntos, y hay hojas de levantamientos distintos, incluso algunos realizados para obras de dragado. Concurrí junto al delegado argentino y constatamos que varias hojas del plano de referencia habían sido dadas de baja por el estado del ejemplar, destruido por acción del tiempo, en la década de 1920-30; o sea, los negociadores del Tratado de 1961 nunca vieron los planos indicados como referencia.
La referencia de distancias a distancias o puntas de islas aluvionales, cuyos perfiles son cambiantes, crea otra indefinición. El nombrar las islas, una a una, en formaciones aluvionales, presentaba una realidad distinta a lo acordado.
Otros conceptos adoptados en el texto del Tratado tampoco son posibles de considerar en la realidad, por ejemplo, señalar como canal tramos no navegables, o dejar indefinidos cambios en tramos del canal a la fecha de la firma del Tratado.
En la ocasión sugerí a nuestra Cancillería, con la vista del director de Límites, embajador Cnel. Carlos Barros, proponer la realización el estatuto que indicaba el Tratado en su artículo 7, procurando con ello dar soluciones acordadas en cada caso donde las carencias del Tratado lo hicieran necesario.
Concordando a su vez con la delegación argentina, se comienza la negociación y redacción del Estatuto. Acordada la estructura del documento y los primeros borradores, se recibe directiva de postergar la tarea, dando prioridad a negociaciones y redacción de un Tratado del Río de La Plata y su frente marítimo. Firmado el 19 de noviembre de 1973 el Tratado del Plata, se retoma la tarea del Estatuto que culmina con la firma del Acuerdo el 26 de febrero de 1975, por lo que al presente han pasado 50 años. En ambos documentos, los participantes orientales fuimos los mismos, más el Dr. Edison González Lapeyre.
El Estatuto crea una Comisión Administradora que, entre sus funciones, incluye los cometidos de las Comisiones de las Obras en el Río, una vez terminada la obra, cumpliéndose de inmediato las de los Puentes Artigas y San Martín, quedando pendiente la de Salto Grande. Este organismo es formado por una delegación uruguaya de cinco miembros y otra argentina de igual cantidad de integrantes, y dos secretarias de la Comisión, una técnica y otra administrativa.
Por Uruguay se nombró a funcionarios de ministerios, que normalmente tenían cometidos vinculados a las actividades en ese espacio fluvial. Uno por Cancillería, por ser comisión internacional; del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por dragados, puertos, obras puentes represa, transporte; Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca por forestación, pesca, fauna y flora; Ministerio de Defensa Nacional por vía navegable, orden, seguridad, hidrografía. Los delegados cumplían su tarea como parte de sus funciones en sus oficinas del Estado, sin remuneración suplementaria, salvo viáticos por desplazamientos fuera de su lugar de trabajo, con montos establecidos para funcionarios públicos.
La Comisión se creó como un lugar propicio para dialogar, resolver diferencias, evitar controversias y dar rápidas soluciones. La vinculación de los delegados con sus ministerios permitía esos objetivos. No daba lugar a innovar ni asumir por parte de los delegados competencias de organismos del Estado, solo trasladar a la autoridad competente el tema a resolver.
En 1990, personal de actividad en política partidaria promovió que los nombramientos de los delegados se hicieran mediante designación directa de representantes de los partidos políticos, tal como en los entes del Estado, en el entendido de que los delegados tenían remuneración en dólares, confundiendo a los secretarios, que sí la tenían como funcionarios internacionales. Conocido el error, no se desanimaron e igualmente gestionaron que sus nombramientos tuvieran remuneraciones en dólares.
En 1977 se había creado la Dirección de Intereses Marítimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que las comisiones dependieran de ella en cuanto a su funcionamiento. Pero la presencia de políticos partidarios en las comisiones, para su participación sin controles, contrariaba; por tanto, en 1997, se decreta una reforma parcial del Ministerio de Relaciones Exteriores y se eliminan dos consulados y la Dirección de Intereses Marítimos. Figuras de políticos de primeros planos son nombrados delegados por cuota política. En un principio, se mantienen expertos en uno o dos delegados, para conservar quienes aportaran conocimientos del tema.
A partir del 2005, la totalidad de los delegados son designados por cuota política. Las delegaciones uruguayas contaban con una partida para su funcionamiento dentro del presupuesto de Relaciones Exteriores. La CARU, por porcentaje en la construcción de los puentes, distribuía lo recaudado por peaje, reteniendo parte para mantenimiento y salario de funcionarios asignados a los puentes. Parte de lo recaudado, que correspondía a Uruguay, se remitía al MTOP para financiar las deudas por la construcción.
En un momento, que desconozco, el costo de los puentes fue saldado a las empresas constructoras. De alguna forma, las comisiones (CARP y CARU) comenzaron a administrar directamente los dineros producto de los peajes de los puentes, de más de 14 millones de dólares anuales en caso de CARU y CARP del peaje del Canal Martín García. Esta retención de dinero, formar caja con lo recaudado, no es cometido establecido en el Estatuto. Ello permitió que de por sí las delegaciones nombraran personal, contrataran asesores (algunos permanentes), adquirieran materiales para tareas que no eran parte de los cometidos, se obtuvieron embarcaciones para tareas hidrográficas, se instaló una huerta para forestación, se destinaron millones de dólares en dragados, contrataciones de empresas para estudios de proyectos de obras de navegación, se otorgaron becas, se donaron valores a instituciones deportivas y de otras actividades. Todo ello por decisiones de la delegación. Millones de dólares pasaron por este manejo por varios años, como consecuencia de la alteración de cometidos, de tal forma que, al presente, de lo dispuesto en el Estatuto poco o nada se cumple. No se conoce una directiva del Poder Ejecutivo que dé instrucción de lo aplicado. Se procede por iniciativa de la delegación.
Los cometidos fijados en el Estatuto se han dejado de lado, dando paso a iniciativas personales o adoptadas dentro de la delegación, sustentadas por la disposición del dinero de peaje. Los delegados fijan sus propias remuneraciones en 8500 dólares y 9000 el que preside la delegación. Estos salarios no aportan ni RPF ni IAAS. Se contratan asesores permanentes, que aporten a la actuación de los delegados carentes de conocimientos en temas a tratar, y a su vez personal de apoyo general, desde secretarias a personal de ordenanza. Los nombramientos de personal hacen que aumente de unas 50 personas a más de 300.
Los sucesivos cambios de gobierno de la República no corrigieron la situación, solo la continuaron, y el proceder fue similar. Al presente, la Caja de la Comisión tiene unos 50 millones de dólares, producto de años de recaudación de peajes en los puentes. Muchos más se han invertido en tareas sin resultados positivos.
Hubo dragados que costaron 40 millones. Se publicitó que a través de esa obra se activaban la navegación y los puertos, tal que se instalaba una línea permanente de un buque portacontenedores entre Paysandú y Montevideo. Hubo tres intentos de esta línea. Los tres a poco de empezar a operar se fundieron, las naves cambiaron de bandera y otras dejaron de navegar.
Las estadísticas oficiales del Puerto de Fray Bentos son de movimientos ínfimos anuales para buques de calado que justifique un dragado artificial. En lo departamental, se proyecta hacer muelles al norte de la represa de Salto Grande para barcazas. Se planteó la navegación sorteando la represa, con proyectos de obras y estudios de consultoras de factibilidad. Costo del estudio: más de un millón de dólares.
En la prensa y a modo de opinión, González Lapeyre y yo, en forma separada, consideramos inviable el proyecto, opiniones gratuitas, sin necesidad de consultoras, que finalmente opinaron lo mismo. En un pedido de informes de un legislador, las respuestas de la delegación, asumidas como suyas por la Cancillería, fueron negadas por considerar que se trata de una Comisión Internacional que actúa en forma conjunta de las dos delegaciones.
Hoy, por iniciativa de la nueva delegación argentina, la Comisión entregará los 50 millones que tiene en caja, o sea, se estará a lo real del Estatuto. Pero queda saber qué ha pasado con otros tantos o más millones que se usaron por la delegación como organismo internacional independiente, como una republiqueta, en cometidos fuera de los previstos en el Estatuto.
Los 50 años merecen una mención en recuerdo de aquella firma y de quienes participaron en la negociación y redacción del Estatuto. Festejar 50 años en las condiciones actuales será una falacia, esta CARU tiene solo pequeños rastros similares a la creada en el Estatuto.
La hiperfagia, la voracidad por el favor político es imparable y seguramente así seguirá en el futuro. Así no hay motivo para festejar.
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